Según las estimaciones del Ministerio de Economía, la cosecha de soja rondará los 32 millones de toneladas, cuando un año atrás se cosecharon 43,3 millones; en el caso del maíz la perspectiva bajó a 38 millones de toneladas, frente a los 51 millones que se cosecharon en 2022. Los datos oficiales indican que hay 10 millones de toneladas de soja no vendidas de la campaña 2021/22. El gobierno plantea (si aceptan los grandes acopiadores y comercializadores) que se vendería por unos U$S 4.000 millones (unos 7 millones de toneladas de soja) al 31 de mayo próximo, y esa es la razón por la que les concedió un “dólar agro” de 300 pesos, subsidiando por 80 pesos cada dólar.

En el contexto que evidencian los indicadores de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2022 (más de 18.600.000 personas bajo la línea de pobreza, la mayoría niños), se propicia un “dólar agro” para exportar, en lugar de subsidiar para vender alimentos más baratos al mercado interno. Y es así porque se deben conseguir divisas para pagar los compromisos externos de una deuda engendrada por el gobierno de Cambiemos que no se investigó.

Pero esa prioridad y el monto del subsidio que paga todo el pueblo argentino no le es suficiente a los que tienen granos retenidos, situación cambiaria que se agrava ante el fracaso del ministro Sergio Massa para conseguir un crédito puente de 5.000 millones de dólares del FMI. Tampoco se plasma el segundo pedido al FMI tras el rechazo del primero, de que se adelanten a abril, mayo y junio los 10.793 millones de dólares que según el acuerdo de Facilidades Extendidas –firmado y autorizado por la ley 27.668– deben ingresar en los meses de junio, septiembre y diciembre de 2023, previa aprobación del board del FMI de las metas fiscales, monetarias y de reservas internacionales que debe cumplir nuestro país.

En primer lugar, es un replanteo del acuerdo firmado con el FMI que se debe cumplir con las metas y luego el crédito. Segundo, implica un riesgo incluso si no se lo dan a la Argentina en los meses previstos, porque este año vence más capital que el que el FMI aporta [1], con lo que se quiebran los fundamentos de la firma del acuerdo: que cumpliendo las metas refinanciábamos el capital que vencía en tres años (stand-by firmado por el gobierno de Cambiemos) en un acuerdo de facilidades extendidas a diez años.

Es cierto que hay incumplimiento del gobierno argentino, pero mucho más cierto es que el plan acordado con el FMI era incumplible desde el principio y que no resultó ser el plan que permitía pagar y crecer. La realidad demuestra todo lo contrario: el plan siempre tuvo el objetivo de que la Argentina no pueda cumplirlo y quede subordinada a un waiver (perdón) del FMI.

Si bien el ministro Massa obtuvo nuevos préstamos del Banco Mundial (600 millones de dólares), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 900 millones) y del Fondo Árabe para inversiones en infraestructura (500 millones, suma que tienen fines específicos), el gobierno empleará los dólares en el pago de la deuda, con lo cual no alcanzará para cubrir el menor ingreso de las exportaciones esperadas para el corriente año con respecto al que fuera presupuestado en la ley 27.701.

Paralelamente, la Secretaría de Finanzas publicó el lunes 17 de abril que la Deuda Externa Pública Bruta [2] al 31 de marzo equivale a 397.788 millones de dólares. En diciembre de 2019 era de 323.065 millones, por lo que la deuda total se incrementó en 74.273 millones de dólares, incluso, dentro de ella, la deuda con el FMI, que era de 44.599 millones de dólares en 2019, al 31 de marzo de 2023 es de 46.041 millones de dólares (en 2021 y 2022 ingresaron más dólares de los que se amortizó de capital).

Si nuestro comercio exterior fue superavitario (las exportaciones superaron a las importaciones) desde el 1 de enero del 2020 al 31 de marzo 2023 en 33.940 millones de dólares, y las reservas internacionales del BCRA pasaron de 45.109 millones de dólares en diciembre de 2019 a 39.050 millones al 31 de marzo último (disminuyendo en 6.059 millones de dólares), la conclusión obligada es que el BCRA y el gobierno de Alberto Fernández deberían nadar en divisas. Estamos hablando del equivalente a 114.272 millones de dólares entre el aumento de la deuda bruta, el superávit comercial y la disminución de las reservas internacionales del BCRA, suma que dilapidaron sin control alguno y, sin embargo, ahora van a mendigar al FMI y no les dan una moneda.

Y cuando se la den, debemos estudiar la letra chica porque vienen por nuestros recursos naturales, la subordinación a la política de los Estados Unidos y a la visita que va a ser de rutina de Laura Richardson (jefa del Comando Sur), de Christopher Hanson (presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos) y de Wendy Sherman (vice secretaria de Estado de ese país). Esta última, en una disertación que hizo el jueves 13 de abril en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, dijo textualmente: “La Argentina puede salir adelante si los ciudadanos soportan el dolor a corto plazo”.

Se trata de una minoría de la población que compró millones de dólares al BCRA y los fugó, y ahora pretende, para traerlos, que le den más pesos por esas divisas. Son los que presionan para que nuestra moneda se devalúe más todavía y así poder comprar con pocos dólares nuestra producción, nuestro trabajo y los activos del país (incluido nuestros valiosos recursos naturales).

Dolarización

Es más, la burda mentira de la “dolarización” de la economía argentina fue propuesta por el subdirector general del FMI (que en realidad es el primero porque representa a los Estados Unidos) Stanley Fisher [3], a José Luis Machinea, cuando éste era el ministro de Economía de Fernando de la Rúa, a fines de noviembre de 2000.

En esa fecha, el FMI le concedió un multimillonario blindaje financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina en esos años) y de un grupo de bancos privados que operaba en el país. El “blindaje financiero” finalmente se aprobó en el mes de diciembre del 2000 y alcanzó una suma cercana a los 38.000 millones de dólares con un interés del 8% anual. Sin embargo, para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones: el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres.

El “blindaje” solo permitió, debido a una persistente fuga de divisas, revertir el retiro de depósitos de los bancos hasta marzo de 2001. Se produjo entonces la renuncia de Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy, quien duró solo 15 días en funciones al intentar ejecutar un fuerte ajuste fiscal con un recorte del 5% del presupuesto para la educación, bajar jubilaciones, postergar el pago de sueldos, privatizar el Banco Nación y reducir gastos en salud.

Lo reemplazó Domingo Cavallo y la crisis ya no tuvo fin. Ante los incumplimientos del severo acuerdo firmado con el FMI, en noviembre 2001 la subdirectora del organismo, Anne Osborn Krueger (que había reemplazado a Stanley Fischer) anunció que la Argentina no recibiría más dinero y esto provocó el pánico bancario. El 3 de diciembre Cavallo anunció el “corralito”. Ante el descontento popular se producen las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, con 39 muertos y cientos de heridos, que sellaron el final de la convertibilidad y del gobierno.

Los estertores de la convertibilidad mostraron una división impulsada por los capitales extranjeros que querían la dolarización. (Los principales accionistas de las empresas privatizadas con mercado cautivo, los que fugaron capitales y tenían menor activo en el país del capital que fugaron, los acreedores que querían cobrar en divisas, etc.) Enfrentados, los grandes grupos económicos locales (incluyendo los grandes terratenientes y acopiadores y los bancos) que fugaron capitales, pero tienen activos en la Argentina (plantas industriales, campos, créditos y depósitos, etc.) que valen mucho más y no están dispuestos a venderlos a precio vil, propusieron salir de la convertibilidad del peso mediante una devaluación del signo monetario, como finalmente ocurrió.

La situación hoy es que los grandes grupos locales todavía tienen más activos en el país que en el exterior, y una brutal depreciación de nuestra moneda (que se realizaría si se dolariza) implica la desvalorización de esos activos. De hecho, por ejemplo, el Grupo Techint o el Grupo Galicia han visto cómo, para fugar capitales, se compran acciones de sus compañías en el país y se venden en Bolsas de Valores en el exterior [4]. Si la devaluación es muy fuerte, lo que ganan por recibir más dinero argentino por cada dólar que traen del exterior, lo pierden porque sus activos (máquinas, equipos, plantas industriales, campos, fondos de comercio, etc.) también valen menos en divisas.

El “cuco” de la dolarización les sirve a los fondos de cobertura extranjera, a los exportadores y a los que fugaron capitales para propiciar una mayor devaluación.

Pero tiene su límite y su diferencia entre ellos. Los grupos locales y los bancos (incluso los extranjeros) se oponen a la dolarización porque haría posible la compra por mucho menos de lo que valen de activos del país y, a su vez, la venta de las mismas es una posibilidad real que se agiganta a medida que la situación se deteriora cada vez más.

Lo que quieren los fondos de cobertura, a su vez fuertes tenedores de títulos de deuda externa argentina (BlackRock, Franklin Templeton, Pimco, Grammercy, etc.) es que los bancos que operan en el país y los grupos locales como Techint, Pérez Companc, Bulgheroni, Madanes, Pagani, Eurnekián, etc., se le subordinen, de otro modo les compran sus empresas por la mitad de lo que valen en dólares.

En el fondo, lo que propone el FMI (donde los principales fondos de cobertura tienen su peso) es que dejemos de producir bienes industriales y les vendamos alimentos, materias primas (minerales, productos sin procesar, materiales, etc.) y energía (petróleo y gas) para que ellos generen valor.

En síntesis

Arribamos a esta situación porque el gobierno incumplió con la investigación de la deuda que proclamó el Presidente Alberto Fernández en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2020.

Dada la sospecha fundada de evasión fiscal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en cumplimiento de sus misiones y funciones, debería haber investigado los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en divisas y su destino. Asimismo, la AFIP debería haber fiscalizado los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias –nacionales y/u offshore– estaban esas tenencias.

Esa es la razón por la que el senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, presentó un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado y tiene dictamen por la mayoría (básicamente el Frente de Todos) y por la minoría (básicamente Juntos por el Cambio) en la Cámara de Diputados [5]. Su objetivo es convocar a los administradores de las 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares en la gestión de Cambiemos y obligarlos a abrir sus estados contables, para que justifiquen la operatoria y, en caso de evasión fiscal, multarlos. Y con esos recursos evadidos, constituir un fondo para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es por un lado hacer justicia y por otro, al disminuir la deuda de la Administración Nacional, disminuir la presión al incremento permanente del precio de la divisa norteamericana en nuestro país.

Fuente: www.elcohetealaluna.com