Por Ari Lijalad

El lawfare es económico, no judicial. Es más: el lawfare no se reduce ni por asomo a las causas armadas contra CFK u otros ex funcionarios. El lawfare significa la imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos. La táctica son las causas, las condenas, las proscripciones; la estrategia apunta a los balances de las corporaciones que controlan lo que cuestan los alimentos, los servicios, los medicamentos, el alquiler. En este neologismo que combina law (ley) y warfare (guerra) la que es atacada es la democracia. Que las nuevas bayonetas sean plumas en manos del Poder Judicial en cuya cúspide está Horacio Rosatti ubican al presidente de la Corte en un rol de interferencia democrática. Pero ese roble no puede tapar el bosque de intereses corporativos que tiene detrás.

La Corte Suprema que hoy preside Rosatti propició el armado de causas y protegió a los jueces que se reunían con Mauricio Macri en Olivos y la Casa Rosada, a los que viajaron a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín, a los que se juntaban con Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, a los que coordinaban con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista la persecución política y sindical, a los que filtraron escuchas ilegales a medios corporativos, y muchos etcéteras revelados en distintas investigaciones de El Destape.

Esa misma Corte hizo la vista gorda de numerosos fallos de instancias inferiores que se involucraron en política económica (cautelares para habilitar dólares), que cercenaron derechos laborales, que rapiñaron los bolsillos de millones con cautelares que permiten el cobro astronómico de los servicios de internet, cable y celular, entre otros. No fue casual: la Corte hace rato que opera como escribanía empresarial y sus decisiones se asientan en los estados contables. Tres de sus cuatro miembros se pronunciaron este año a favor del statu quo económico. La condena contra CFK, sponsoreada por la Corte, fue para someter a millones a la miseria planificada.

Es en ese contexto que hay que entender el fallo de la Corte que benefició a Horacio Rodríguez Larreta con los fondos de coparticipación y la aparición de una nueva filtración con supuestos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha de Rosatti. Porque en el caso del fallo (en realidad una medida cautelar) no se trata solo del dinero y de un aporte de campaña cortesano para el 2023, sino de un mensaje sutil pero mucho más relevante: que el Poder Judicial está sometido al establishment económico y juega para su candidato, Rodríguez Larreta. Y en los presuntos chats se revela la metodología, la coordinación en al menos dos temas sensibles: ese fallo de la coparticipación y la conformación del Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona a esos mismos jueces que la Corte apaña. Todo se encadena.

Toma y daca

La nueva filtración de chats entre D’Alessandro y Robles es más que significativa. Silvio Federico Robles figura con el cargo de Director General en la vocalía de Rosatti. Un cargo que, según la planilla oficial de escala salarial, tiene un básico de 866.947 pesos. No es el escalafón más alto, está por debajo de los secretarios letrados de la Corte que, a diferencia de Robles, son abogados y trabajan en la letra de las sentencias. Robles, de formación de base periodista, es el operador y persona de confianza de Rosatti y tira letra en muchos otros lugares. Decía Gabriel García Márquez que “el mal periodista piensa que su fuente es su vida misma - sobre todo si es oficial- y por eso la sacraliza, la consiente, la protege, y termina por establecer con ella una peligrosa relación de complicidad”. A varios les pasa con Robles, que aprovecha.

En el presunto nuevo chat entre D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Rodríguez Larreta, y Robles, mano derecha de Rosatti, se lee que coordinan acciones vinculadas a:

• El fallido apartamiento de Rosatti de la causa por la coparticipación de CABA luego que se publicó que Robles y D’Alessandro compartieron el cumpleaños nada menos que de Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños y otro de los viajanes a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín.
• Qué hacer respecto a la situación del Consejo de la Magistratura, donde el secretario de Rosatti le pasa letra al ministro de Rodríguez Larreta.

Esta nueva filtración es breve. Solo son intercambios por Telegram de 4 días, pero hacen referencia a otros mensajes que se envían por Whatsapp. Es evidente que es un recorte, que hay más y que la o las personas que filtran tienen un interés en su difusión que no tiene porque ser el desarme de estas relaciones promiscuas. Más bien parece que quien las filtra hace, si pudiera llamarse así, competencia desleal en estos negocios turbios. Como fuere, el contenido de los presuntos chats es de interés público ya que involucra decisiones de alto impacto social.

El formato de esta filtración es idéntico al que reveló el chat grupal de D’Alessandro, los jueces Julián Ercolini, Carlos “Coco” Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, el ex espía Leonardo Bergroth, el publicista Tomás Reinke y los popes de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, donde buscaban encubrir el viaje a Lago Escondido financiado por el holding que comanda Héctor Magnetto. Pese al intento de los involucrados en desmentir el contenido de esa filtración, buena parte de la información de esos presuntos chats se comprobó luego con documentos.

El Destape se comunicó con D’Alessandro y Robles para tener un comentario suyo sobre esta nueva filtración. El ministro de Justicia y Seguridad porteño insistió en que los chats son falsos, que es víctima de espionaje y que casualmente siempre le sirven al gobierno nacional; la mano derecha de Rosatti no contestó.

Siempre según esta nueva filtración, el primer intercambio es el 9 de noviembre pasado. Robles, mano derecha de Rosatti, le manda el link de una nota del portal Noticias Urbanas del periodista Néstor Espósito vinculada a la negativa de Rosatti de apartarse de la causa por la coparticipación de CABA. ¿El motivo por el cual el Gobierno Nacional había pedido que se aparte? Justamente la relación entre Robles y D’Alessandro.

El siguiente intercambio filtrado es el 15 de noviembre. Eran los días posteriores al fallo de la Corte que le quitó una banca al Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura. Esa decisión fue el 8 de noviembre, a 10 días de que vencieran los mandatos en el organismo que selecciona y sanciona a los jueces, por lo que fue una jugada sin efectividad legal, evidentemente política y no judicial. La Corte quería marcar la cancha sobre ese tema.

¿Qué pasaba el 15 de noviembre, cuando Robles supuestamente le escribió a D’Alessandro para pasarle data? Ese día se designó a los senadores María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Alejandro Vischi y Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura en el período 2022-2026 y se convocó a una sesión para el día siguiente, el 16, para que el Senado lo aprobara.

De lo que se lee en esta supuesta filtración es que Robles le pasó letra a D’Alessandro para usar contra estas designaciones. Es decir, la mano derecha de Rosatti, que se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura y se autovotó presidente de la Corte donde decide además sobre las causas vinculadas a la conformación de ese Consejo, coordinando con un ministro de Rodríguez Larreta la retórica contra las designaciones que hace el Congreso tal como marca la ley. Lo interesante es que lo que dicen los presuntos chats efectivamente ocurrió: los argumentos son los que usó la oposición y la táctica de no bajar al recinto fue lo que hicieron.

El último presunto chat es de 1 de diciembre. Robles le dice a D’Alessandro que su jefe, Rosatti, no irá a un lugar que no se especifica. ¿Tenían prevista una reunión en las semanas antes del fallo de la Corte que benecifió a Rodríguez Larreta con la coparticipación?

Esta nueva filtración incluyó otros chats del ministro D’Alessandro. Uno de los intercambios atribuidos a su celular es con Marcelo Violante, que tiene a cargo la concesión de las grúas por mal estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires. En estos supuestos chats se habla de pago de coimas y favores judiciales entre el empresario y D’Alessandro.

Otros presuntos intercambios de D’Alessando son con la ex número 2 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista Silvia Majdalani, donde chatean sobre una licitación para la destrucción de chalecos antibalas; con alguien agendado como Augusto (es posible que sea el fiscal porteño Augusto Troncoso) con el que conversa sobre causas judiciales varias; y hay un largo chat con una cuenta borrada que tiene muchos indicios de que se trata del fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, hoy detenido en el marco del D’Alessiogate, en la que se lee un extenso intercambio de favores por fuera del marco legal y el direccionamiento de la causa por el Triple Crimen de General Rodríguez.

Sus Señorías SA

Que la Corte se sometió a los intereses empresariales no es algo nuevo. Lo mismo en buena parte del Poder Judicial. Hay excepciones, claro. Alejandra Gils Carbó, por ejemplo, ya se plantaba ante los grupos empresarios cuando era fiscala general de la Cámara Comercial y, por citar 2 ejemplos, se opuso a la reestructuración fraudulenta de deuda del Grupo Clarín y a que Macri transformara Buenos Aires en una guarida fiscal. Se lo cobraron cuanto llegó a Procuradora, donde la entente conformada por Macri, Clarín y los abogados de las empresas nucleados en el Colegio de la calle Montevideo forzaron su renuncia a través del armado de causas y amenazas a sus hijas. Quien la reemplazó en la fiscalía ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, hizo lo propio al frenar la condonación de la deuda del Correo. Sufrió, tal como informó El Destape, todo tipo de aprietes.

En otros fueros las presiones corporativas también son usuales: Macri, por ejemplo, pidió el juicio político a los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino por avalar la paritaria de los trabajadores bancarios. La jueza Martina Forns, que frenó tarifazos durante el macrismo, sufrió todo tipo de aprietes; el juez Luis Carzoglio fue visitado por agentes de la AFI en nombre de Macri para que detuviera a los Moyano y como se negó lo apartaron; el fiscal Juan Pedro Zoni quiso investigar penalmente a Macri por el caso Correo y fue eyectado de Comodoro Py. Son algunos ejemplos, hay muchos más.

En esta Corte no hay excepciones. De hecho, solo este año, tres de los cuatro miembros de la Corte Suprema hicieron explícita y pública su defensa del establishment y su rechazo a lo que denominan populismo o neointervencionismo:

• Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte, fue a un evento de Clarín y dijo que "conjugar mercado y Estado es muy importante. Después, un Gobierno será más neoliberal, más neointervencionista, pero lo más importante es erradicar algunos temas que se ven como malas palabras", en alusión al progreso (eufemismo de enriquecimiento) y a la teoría del derrame.
• Carlos Rosenkrantz dio una clase dedicada a la proscripción del peronismo y que se resume en la frase “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad"
• Ricardo Lorenzetti dijo que “la Corte no puede hacer populismo judicial” y resaltó que “al Presidente, a los diputados y senadores los eligen en elecciones. Las mayorías se pueden equivocar y hay que proteger a las minorías”.
• Juan Carlos Maqueda, puesto en la Corte por el senador en ejercicio de la Presidencia Eduardo Duhalde hace 20 años, no suele hablar en público.

Todo indicaba que Rosenkrantz, un fiel abogado corporativo, sería el presidente ideal de una Corte volcada hacia los servicios jurídicos empresariales. Por eso el Grupo Clarín, a través de su operador Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, hoy prófugo, impulsó a Macri para que lo designara junto a Rosatti en la Corte por decreto. Pero los tribunales con complejos y la solución no era tan lineal.

Desde enero de 2007 hasta septiembre de 2018 el presidente de la Corte fue Ricardo Lorenzetti. Oriundo de Rafaela, Santa Fé, vinculado al derecho civil y comercial, sin carrera judicial, durante su gestión logró establecer un liderazgo y una línea de mando sobre jueces de todo el país. Fue, desde ese rol, el titiritero del lawfare, con una línea que bajaba hacia Comodor Py a través de los jueces Martín “Doctrina” Irurzun y Ariel Lijo y cuya gestión que se resume en la foto de abril de 2017 en la cual posó flanqueado por Claudio Bonadio y Sergio Moro, inquisidores de CFK y Lula respectivamente.

Ya por entonces había fallos que beneficiaban directamente a las empresas. Uno muy conocido fue una denuncia de un trabajador tercerizado contra el Hospital Alemán. Se trataba de un neurocirujano que trabajaba en ese hospital, pero facturaba. La Corte, con las firmas de Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, revocó el fallo a favor del trabajador y dijo que “la mera prestación de servicios para una empresa no implica que la relación sea dependiente”. Como justificativo, alegaron que el médico “era monotributista y emitía facturas, nunca hizo reclamo alguno durante siete años y no invocó ni probó haber gozado de licencias o vacaciones paga”. O sea, que no tenía derechos laborales. Si no se podía hacer una reforma laboral, esto era un gran avance (o retroceso, desde el punto de vista de derechos laborales). En esa ocasión Rosatti y Maqueda votaron aparte por cuestiones procesales. Como se vio después, no tenían diferencias de fondo.

Ese fallo fue el 24 de abril de 2018. Pocos días después, el 8 de mayo, Lorenzetti fue a un almuerzo al Jockey Club invitado por Daniel Funes de Rioja, el poderoso lobbista que hoy preside la Unión Industrial Argentina (UIA) y la COPAL (clave en el precio de los alimentos). Del encuentro, según informó Clarín, participaron Eduardo Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000), Jorge Brito (Banco Macro), Cristiano Ratazzi (Fiat), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Juan Chediak y Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción), Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Alejandro Mac Farlane (Camuzzi), Daniel Novegil (Ternium), Adrián Werthein, Fernán Saguier (La Nación) y, obviamente, Claudio Belocopitt (Swiss Medical), el hombre que concentra el lobby de las prepagas.

Según el relato de la reunión que hizo Silvia Naishtat en Clarín el entonces presidente del Corte les dijo a los empresarios “lo que querían escuchar” y les “dio detalles de la nueva jurisprudencia de la Corte para que las empresas no tengan que hacerse cargo de los empleados de las firmas tercerizadas cuando tienen un problema”. Era el fallo que habían firmado hacía pocos días en el caso del trabajador tercerizado del Hospital Alemán, una gran noticia para las empresas.

Parece, sin embargo, que Lorenzetti no convenció del todo a los empresarios ya que en septiembre de 2018 fue reemplazado en la presidencia de la Corte por Rosenkrantz, un fiel abogado corporativo cuyo estudio tenía entre sus clientes al Grupo Clarín, La Nación, Mc Donalds, Quilmes, el fondo Pegasus, petroleras y financieras, entre otros. Varios de esos clientes estaban en la reunión con Lorenzetti en el Jockey Club.

En 2021, desde la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio le pidieron explicaciones a la Corte sobre aquella reunión de Lorenzetti con los empresarios. Ya bajo la presidencia de Rosenkrantz les contestaron que no era información pública “que se vincule con la actividad” de la Corte. Y a pesar de que el propio Rosenkrantz entregó al Senado un listado de sus ex clientes y afirmó que no intervendría en sus causas, El Destape ya encontró al menos 56 fallos donde violó la ley. Sus colegas se lo permitieron, claro.

Rosenkrantz, sin embargo, nunca hizo pie. Al igual que Lorenzetti, no tenía carrera judicial; a diferencia del rafaelino quiso comportarse en los tribunales como en su estudio jurídico. No funcionó, tanto que no sólo se rompió la línea de mando sobre los jueces de todo el país, sino que sus propios colegas de la Corte le recortaron todas las facultades, desde la decisión sobre la agenda de casos que iba a tratar la Corte hasta las contrataciones menores.

La presidencia del máximo tribunal del país pasó a ser un lugar meramente protocolar y sin poder: tampoco servía. La solución fue Rosatti. Tenían un relato: proveniente de la política, ex intendente de Santa Fe, peronista confeso, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, nadie podía tildarlo de pro empresario. Hábil, logró reconstruir rápido el vínculo con los jueces federales y lo plasmó en un encuentro en mayo pasado en Rosario con un centenar de magistrados de todo el país. Nota aparte: El Destape reveló que la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) que patrocinaba el evento no tenía ni un papel en regla.

Rosatti no sólo rearmó el poder de la presidencia de la Corte, para la cual se auto votó. También tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, donde se autodesignó presidente del órgano que selecciones y sanciona a los jueces, y centralizó la agenda de casos que la Corte define. Tal como informó El Destape, hubo varias visitas de Jorge Rendo, canciller de Clarín, al despacho de Rosatti en el 4to piso del Palacio de Tribunales. Sería interesante revisar, si existe, el libro de entradas a esas oficinas. Es información pública y es evidente que Rendo no es el único que pasa por allí.

A mediados de año Rosatti fue a un evento de Clarín y dijo que "conjugar mercado y Estado es muy importante. Después, un Gobierno será más neoliberal, más neointervencionista, pero lo más importante es erradicar algunos temas que se ven como malas palabras", en alusión al progreso (eufemismo de enriquecimiento) y a la teoría del derrame.

El actual presidente de la Corte es un fiel defensor del statu quo económico. “Todo está en la Constitución. La Constitución argentina tiene un modelo no solamente de convivencia sino un modelo económico, que es el capitalismo humanizado. Propiedad privada (artículo 14), iniciativa particular (artículo 19), competencia (artículo 42). Este es el modelo, que además no plantea la lucha de clases (artículo 14) sino una relación amigable entre capital y trabajo con las tensiones propias de esos actores”, explicó Rosatti, presidente de la Corte, en ese evento organizado por Clarín. Omitió, claro, el artículo 14 bis, que dice que en ese“capitalismo humanizado” los trabajadores deben tener “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Un olvido muy oportuno.

Rosatti agregó que “la Constitución utiliza la palabra progreso. El progreso no es una mala palabra. Acá hay una costumbre de castigar al que progresa. Castigar a aquel que le va bien. Es una cuestión cultural, es absurdo. No hay nada para distribuir si previamente no se acumuló. Conjugar mercado y Estado me parece muy importante. Después, un Gobierno será más neoliberal, más neointervencionista, pero me parece que lo importante es la raíz cultural nuestra. Erradicar algunos temas que se ven como malas palabras, como el progreso. Yo también me preguntaría cuantos de nuestros gobernantes conocen en profundidad nuestra Constitución. Cuantos de nuestros candidatos conocen la Constitución”. Un canto a la teoría del derrame que no está prevista en la carta magna. Pero más aún, Rosatti usó ese espacio para criticar tanto al neoliberalismo (Macri) como al neointervencionismo (CFK). ¿Quién queda? Justo el que fue beneficiado por el fallo de la coparticipación.

“Acá hay que acatar los fallos de la Corte, porque es la última instancia y es donde confía la gente de que sus derechos van a estar protegidos”, insistió Rosatti en el evento de Clarín, a pocos días de tomar por asalto el Consejo de la Magistratura y autoproclamarse su presidente al igual que se autovotó para presidir la Corte. "Cuántos de nuestros gobernantes conocen en profundidad la Constitución. Cuántos de nuestros candidatos", planteó. La cuestión se reeditó ahora con el fallo que le regala fondos extra al candidato de buena parte del establishment.

En los años 80 el dirigente radical César “Chacho” Jaroslavsky dejó una famosa frase sobre Clarín: “Hay que cuidarse de ese diario, ataca como partido político y si uno le contesta se defiende con la libertad de prensa”. Lo mismo puede decirse hoy de la Corte Suprema: hay que cuidarse de esos jueces, atacan como lanceros del establishment y si uno les contesta se defienden con la independencia judicial y la división de poderes.

Fuente: www.eldestapeweb.com