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26 de diciembre de 2022

La Justicia correntina también ha desobedecido a la Corte

El amague de desacato del presidente Alberto Fernán­dez a una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Na­ción disparó una crisis ins­titucional de impredecibles consecuencias, y no es para menos, se trata del jefe de Es­tado que se niega a cumplir con una disposición taxativa del máximo tribunal del país. Sin embargo, más allá de las implicancias que tiene tal actitud y los intereses (políti­cos) que lo mueven, lo cierto es que el profesor Fernández está apenas arrimándose en último lugar a una fila de desobedientes que también le dieron vuelta la cara a los "supremos". Personajes e instituciones de toda laya se animaron a desconocer un fallo de la Corte Suprema sin que les temblara las rodillas, y lo que es peor, sin conse­cuencia alguna.

En esa fila de desobe­dientes está la Justicia de Corrientes. El Superior Tri­bunal de Justicia, los jueces que la integran y también el fiscal general, que fue el pro­piciante del mayor desplante institucional que se dio en el Taragüí, y que ha llegado incluso hasta estos días. Es decir, la desobediencia con­tinúa porque aquello que la Corte ordenó subsanar no se cumplió. Los otros dos po­deres del Estado provincial, el Legislativo y el Ejecutivo por omisión están enchami­gados en la prosecución del desacato.

Corrientes, que tiene me­moria "ad hoc", como alguna vez dijo un pensador local, no recuerda este episodio que es, ciertamente, gravísi­mo. El descarriado no es un funcionario o un organismo de relativa trascendencia, no, la desobediencia es del propio Poder Judicial corren­tino. 

El punto de conflicto es la división el Ministerio Públi­co. En la reforma constitu­cional de 2007, en el artículo 182, se estableció la división del Ministerio Público en fiscalía general, Defensoría General y Asesoría General. Cada uno de ellos debe ser designados por el Poder Eje­cutivo con acuerdo del Se­nado, de igual forma que los jueces.

En 2008 el fiscal general, César Sotelo, titular del Mi­nisterio Público, planteó la inconstitucionalidad de ese artículo y el Superior Tribu­nal de Justicia falló a su favor. Eduardo Farizano, Carlos Rubín, Guillermo Semhan y Juan Carlos Codello firma­ron el 31 de mayo de 2008 la resolución que evitó la divi­sión del Ministerio Público. Comenzó así un largo litigio que llegó hasta la Corte, por vía del entonces fiscal del Estado, Fernando Carbajal, actual diputado nacional por Fomosa. Se resolvió en 2012, hace una década. 

El 27 de noviembre de 2012 la Corte Suprema de Justicia ordenó, con un severo lla­mado de atención, reanudar el proceso para designar el defensor general y el ase­sor general, que había sido suspendido en la Cámara de Senadores. Es decir, convali­dó la división del Ministerio Público. En el fallo la Corte Suprema dijo que el Superior Tribunal de Corrientes se arrogó la representación del pueblo correntino para mo­dificar la Constitución.

Pese al tiempo transcurri­do, el fallo nunca se cumplió. El Ministerio Público sigue conducido monolíticamente por una sola persona y la Jus­ticia correntina acompaña ese desacato. Así las cosas, en la fila de los descocados, Alberto F. también está lle­gando tarde.s (L.A.S) 

Fuente: www.nortecorrientes.com



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