En esa fila de desobe­dientes está la Justicia de Corrientes. El Superior Tri­bunal de Justicia, los jueces que la integran y también el fiscal general, que fue el pro­piciante del mayor desplante institucional que se dio en el Taragüí, y que ha llegado incluso hasta estos días. Es decir, la desobediencia con­tinúa porque aquello que la Corte ordenó subsanar no se cumplió. Los otros dos po­deres del Estado provincial, el Legislativo y el Ejecutivo por omisión están enchami­gados en la prosecución del desacato.

Corrientes, que tiene me­moria "ad hoc", como alguna vez dijo un pensador local, no recuerda este episodio que es, ciertamente, gravísi­mo. El descarriado no es un funcionario o un organismo de relativa trascendencia, no, la desobediencia es del propio Poder Judicial corren­tino. 

El punto de conflicto es la división el Ministerio Públi­co. En la reforma constitu­cional de 2007, en el artículo 182, se estableció la división del Ministerio Público en fiscalía general, Defensoría General y Asesoría General. Cada uno de ellos debe ser designados por el Poder Eje­cutivo con acuerdo del Se­nado, de igual forma que los jueces.

En 2008 el fiscal general, César Sotelo, titular del Mi­nisterio Público, planteó la inconstitucionalidad de ese artículo y el Superior Tribu­nal de Justicia falló a su favor. Eduardo Farizano, Carlos Rubín, Guillermo Semhan y Juan Carlos Codello firma­ron el 31 de mayo de 2008 la resolución que evitó la divi­sión del Ministerio Público. Comenzó así un largo litigio que llegó hasta la Corte, por vía del entonces fiscal del Estado, Fernando Carbajal, actual diputado nacional por Fomosa. Se resolvió en 2012, hace una década. 

El 27 de noviembre de 2012 la Corte Suprema de Justicia ordenó, con un severo lla­mado de atención, reanudar el proceso para designar el defensor general y el ase­sor general, que había sido suspendido en la Cámara de Senadores. Es decir, convali­dó la división del Ministerio Público. En el fallo la Corte Suprema dijo que el Superior Tribunal de Corrientes se arrogó la representación del pueblo correntino para mo­dificar la Constitución.

Pese al tiempo transcurri­do, el fallo nunca se cumplió. El Ministerio Público sigue conducido monolíticamente por una sola persona y la Jus­ticia correntina acompaña ese desacato. Así las cosas, en la fila de los descocados, Alberto F. también está lle­gando tarde.s (L.A.S) 

Fuente: www.nortecorrientes.com