El gobierno avanza en la ejecución del plan acordado con el FMI que procura generar excedentes a costa de maximizar ganancias y minimizar costos, que puede ser viable en cuanto a la rentabilidad de las grandes empresas y grandes productores, pero no lo es para la mayoría de la población y por ende para la economía argentina.

Si la masa de ganancias que obtiene el capital más concentrado del país se invirtiera en máquinas y equipos, en aumentar la producción de bienes industriales y generar puestos de trabajo, podría llegar a justificarse el sacrificio que se hace sobre los trabajadores ocupados y desocupados y sobre los que reciben planes Potenciar Trabajo u otros, cuya remuneración mensual es la mitad del salario mínimo vital y móvil y que, después de haber alardeado de un bono para fin de año de $ 45.000, termino siendo de solo $ 13.500 y en dos cuotas de $ 6.750 cada una, que se pagan en diciembre y el 5 de enero de 2023.

La reducción del gasto público para generar excedentes con los que se compran las divisas para pagar la deuda externa implica el sacrificio de los jubilados y pensionados (excluyendo las jubilaciones de privilegio), donde la ANSES incrementó sus erogaciones en quince puntos menos que la inflación anualizada (medida por IPC del INDEC, que a noviembre 2022 fue del 92,4 %). O del gasto público de la Administración Nacional que apenas supera el 20 % del PIB este año y que la ley de presupuesto 2023 dice que va a ser menos del 20 % del PIB para el año próximo.

Tampoco se entiende por qué se hace alarde de un acuerdo automático de intercambio de información con la IRS (es la Agencia de Recaudación de Impuesto de los Estados Unidos), cuando el departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el 15 de diciembre de 2022 que el intercambio de información tributaria con Estados Unidos alcanzará solo a personas físicas y no a empresas y que el envío de los datos fiscales rige desde el año 2023 y comenzaría a llegar al país en septiembre de 2024. Es obvio que los argentinos propietarios de los capitales fugados que están en ese país y que según el Ministerio de Economía de la Nación superan los 100.000 millones de dólares ya lo saben. El que no puede saberlo es el ciudadano de a pie.

El modelo extractivista, agropecuario, financiero y exportador tiene pies de barro porque solo genera excedentes hacia afuera y la base de la economía argentina es su mercado interno, que representa más del 70 % de la demanda agregada (ingreso nacional).

Ya lo decía Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, en el siglo V antes de Cristo: “Los habitantes constituyen la base de un país, los alimentos son la felicidad del pueblo”. Cómo puede ser posible que se exporte por año y por declaración jurada, porque seguramente que es mucho más, unos 100.000 millones de toneladas entre granos y sus derivados y tengamos el 40 % de la población que no puede alimentarse correctamente.

Sin embargo, el gobierno acuerda permanentemente con los exportadores, dado que tiene que sumar dólares como sea para pagar los servicios de una deuda impagable y que benefició a un puñado de empresas y de residentes del país.

En enero de 2022 el gobierno legitima lo acordado con el FMI en 2018 y la renegociación eterna de un pasivo impagable. Acepta inspecciones que condicionan la política económica y obstruyen la redistribución del ingreso. Se compromete a reducir el déficit fiscal y propicia una dureza monetaria que afecta la continuidad del crecimiento. Las mini devaluaciones propiciadas por el FMI y los aumentos de tarifas impulsan la inflación y el proyectado incremento de las reservas no es compatible con la fuga de divisas.

Siempre que hubo acuerdos con el FMI la inflación fue de tres dígitos anuales. Según el INDEC, la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) en 1958 fue del 18,5 % anual, pero ante las fuertes importaciones realizadas en el gobierno de Arturo Frondizi, se acordó un crédito con el FMI y ese año (1959) la inflación medida por el IPC fue del 113,7 % anual. Con la dictadura militar de Videla, lo mismo: acordó con el FMI y la inflación fue de 176 % en 1977; de 175,5 % en 1978; de 159,5 % en 1979; de 100,8 % en 1980; de 164,7 % en 1981 y derrapó con la Guerra de Malvinas para ser de 343,5 % en 1982.

El problema es mayor aún en la actualidad tras la pandemia del Covid 19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. La suba de precios de los alimentos y del combustible no benefició al país o a las arcas públicas, sino a una minoría de grandes productores, acopiadores y comercializadores de estos que se enriquecieron con el mayor precio, perjudicando al pueblo argentino que debió pagar y paga los alimentos y la energía a precio internacional, cuando el costo en el país es mucho menor.

Es más, el gobierno devalúa nuestra moneda en general y sobredevalúa (en un 35 %) a favor de los grandes productores, acopiadores y comercializadores de soja, para, en forma paralela, vender dólares más baratos a algunos importadores. Primero les reconoció a los exportadores de soja $ 50 más por dólar en septiembre de 2022. Y ahora, desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre de 2022, el Tesoro de la Nación completa el importe de $ 230 por dólar por la soja exportada y el BCRA se lo vende a $ 170 a los importadores.

En esa perversa lógica, el ministro Sergio Massa se comprometió con la UIA —Unión Industrial Argentina (Pagani-ARCOR; Rocca-Techint; Blaquier-Ledesma; Magnetto-Clarín; etc.)— a que habrá más dólares a precio oficial para importar y a que moderará el ritmo de suba del oficial en el intento de bajar la inflación a 4 % mensual hasta marzo de 2023 cuando, teóricamente, será el comienzo de la liquidación de la cosecha gruesa.

La suba constante del precio del dólar encarece los alimentos y la energía, reduce el salario real (el salario nominal no se incrementa en la misma proporción), dado el poder concentrado de las grandes empresas alimenticias, de los supermercados, y de los vendedores de energía, que igualan el precio interno al externo. Esa suba de precios carcome el poder adquisitivo de las remuneraciones en pesos, de jubilaciones y pensiones, hecho que comprime la demanda de otros bienes, por ejemplo, manufacturas (bienes industriales: autos, línea blanca, celulares, etc.) de parte de los trabajadores y demás que perciben ingresos en moneda nacional.

La caída en la demanda de manufacturas no se ve compensada por una demanda proveniente de los mayores beneficios del sector que produce el bien exportable y los mayores ahorros generados tampoco se traducen en una demanda suficientemente mayor de bienes de capital dirigida al sector manufacturero local (al contrario, se fugan capitales y/o se importan bienes suntuarios), con lo que el resultado es una minoría que fuga capitales más que lo que invierte en el país y el grueso de la población que debe enfrentar una suba generalizada de los precios.

La presión sobre el dólar

Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, sostuvo en el cierre del 21º seminario Pro Pymes que organiza anualmente el Grupo Techint para fin de año y celebrar con las pymes proveedoras del grupo: «Volver a las libertades de las empresas privadas. A largo plazo tenemos que volver a un lugar que deje la libertad a la empresa privada y que se retire el Estado».

La respuesta del ministro Sergio Massa, que estaba presente como invitado de honor, es de lógica económica a la lógica política: «Los procesos de restricción del país están marcados por la falta de dólares en nuestras reservas que son los que le quitan credibilidad a nuestra moneda» y ello hace que “la Argentina no está en condiciones de levantar las restricciones hoy” y aseguró que necesita un motor que acompañe al campo, como es la energía: “Cuando Argentina logre agregar valor a sus exportaciones, porque hoy exportamos la tonelada a un menor valor del que la importamos”, explicó.

Primero, no dice que el grupo Techint fue uno de los grandes compradores y fugadores de divisas de siempre, pero esencialmente en la gestión de Cambiemos que, según el trabajo del BCRA “Informe de Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019” de compradores netos de activos externos, a través de sus empresas controladas realizó la adquisición de 92.627 millones de dólares por TECPETROL SA;  222.980.456 dólares por TERNIUM ARGENTINA SA (ex SIDERAR SAIC), y 231.384.402 dólares por TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE SA. Es decir, un total de 546.991.858 dólares.

Segundo, cuando se abren las exportaciones del país, vemos que son básicamente granos, sus derivados y petróleo y gas y en el futuro inmediato mayor porcentaje de minerales. ¿Dónde está el valor agregado, el trabajo argentino, mientras importamos bienes industriales y de alta tecnología?

Tercero, este año 2022 tenemos récord de exportaciones; no se alcanzaron los 100.000 millones de dólares por el impacto de la sequía en las ventas externas de trigo y demás granos de la cosecha fina. Pero también récord de importaciones, donde las grandes empresas se han equipado y comprado insumos esperando un salto cambiario de proporciones para el año 2023. Es más, presionan al gobierno para que les autorice más compras del exterior y aducen que el faltante de insumos, piezas y productos importados es creciente y el atraso en el pago de importaciones sería equivalente a unos 9.000 millones de dólares en este año 2022, que deben ser pagados en el año 2023, que es a lo que el ministro Massa se compromete a liquidar y al tipo de cambio oficial.

En síntesis, en lugar de tener un superávit comercial de 15.990 millones de dólares, como fue en el año 2019, o de 12.528 millones de dólares del año 2020 o de 14.750 millones de dólares del año pasado, en el corriente año 2022 dicho superávit comercial rondará los 4.000 millones de dólares, convalidando el festival de los importadores como alguna vez dijo la Vicepresidenta de la Nación.

Fuente: www.elcohetealaluna.com