Por Franco Mizrhai y Ari Lijalad 

El caso del vuelo del Lawfare llegó a la Justicia y al Consejo de la Magistratura. Se realizaron dos denuncias por el vuelo del 13 de octubre pasado, que informó El Destape, en el que cuatro jueces, un exespía, el Fiscal General porteño, un funcionario macrista y un publicista compartieron un viaje en avión privado hacia Río Negro.

En el ojo de la tormenta quedaron el juez de Comodoro Py Julián Ercolini, el camarista de Casación Carlos Mahiques, el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola. Todos ellos viajaron el 13 de octubre desde San Fernando a San Carlos de Bariloche con Leonardo Bergroth, que trabajó en la exSIDE bajo el ala de Antonio Stiuso, con el Fiscal General porteño Juan Bautista Mahiques, con el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro y con el conocido publicista Tomás Reinke.

Hubo dos presentaciones. Una ante la fiscalía federal de San Carlos Bariloche y otra ante el Consejo de la Magistratura. La denuncia penal la presentó el abogado Marcelo Hertzriken Velasco y pidió que se investiguen los delitos de “violación de deberes de funcionario público”, “admisión de dádivas” y “tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales”.

En el escrito, Hertzriken Velasco define como de una “gravedad institucional mayúscula los comportamientos de los jueces Julián Ercolini, Mahiques, Yadarola y otros que están mencionados en los manifiestos de embarque”. Solicitó se informe al Consejo de la Magistratura de su presentación penal.

La presentación ante el Consejo de la Magistratura

A la par, este martes, Luciano Ortiz Almonacid realizó otra presentación ante el Consejo de la Magistratura en la que pidió “la apertura del procedimiento de remoción” de los magistrados involucrados en el vuelo a Bariloche.

“Se considera que las conductas de los referidos jueces se encontrarían ‘prima facie’ encuadradas, como en los supuestos previstos en los incisos n° 2 –‘incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias’- y nº 5 –‘grave desorden de conducta personal’- del artículo 25 de la Ley N° 24.937. Ello, ameritaría ‘la apertura del procedimiento de remoción" en los términos del art. 114, C.N.”, aseguró el denunciante. Es que, de confirmarse lo que se sospecha, los jueces que viajaron pondrían en crisis “la imparcialidad e independencia, así como la honestidad e idoneidad ética, que -según manda la Constitución Nacional- cabría esperar de los magistrados aquí denunciados.” “Como mínimo, de ellos puede aseverarse, a la luz de la información publicada por la prensa, que dichos magistrados no cumplieron cabalmente su obligación de magistrados”, añadió Ortiz de Armonacid.

Tal como publicó El Destape, el jueves 13 de octubre hubo un vuelo desde San Fernando a Bariloche que compartieron jueces y fiscales del lawfare junto con miembros de la exSIDE y un conocido publicista. Este medio obtuvo la planilla de ese vuelo, donde consta qué pasajeros viajaron. Esa planilla y la nota de El Destape fue adjuntada en la denuncia. ¿Quiénes fueron los pasajeros de ese vuelo privado por demás extraño?

• El juez Julián Ercolini, uno de los inquisidores de CFK en las causas Vialidad y Hotesur.
• Juan Bautista Mahiques, ariete de la persecución judicial durante el gobierno de Mauricio Macri y actual jefe de los fiscales porteños.
• Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista y juez de la Cámara de Casación puesto a dedo por Macri.
• El juez Pablo Yadarola, del fuero penal económico pero que buscar llegar a la Cámara Federal de Comodoro Py.
• El juez Pablo Cayssials, que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley audiovisual y fue clave para lograr en su momento el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó.
• Marcelo D’Alessandro, actual ministro de Justicia y Seguridad porteño.
• Leonardo Bergroth, que trabajó en la exSIDE bajo el ala de Antonio Stiuso.
• Tomás Reinke, publicista, presidente de Mediabit y director en Sentidos.

¿Qué hacían juntos en un vuelo privado gestionado por la empresa Flyzar? Jueces, el jefe de los fiscales porteños, un exSIDE y un publicista, una yunta que es difícil no vincular a la persecución judicial y mediática. Otro interrogante es quién pagó ese vuelo.

Ante ese hecho, Ortiz Armonacid realizó la presentación ante el Consejo de la Magistratura: “La presente denuncia está referida a supuestas actitudes que los jueces denunciados han asumido fuera del ámbito jurisdiccional, que podría considerarse como muy graves, reñidas con la ‘buena conducta’, la honestidad, la independencia, la imparcialidad y el decoro que deben observar los Jueces de la Nación dentro y fuera de su función”.

El denunciante basó su presentación en una nota publicada por el diario Página/12 y en otra de El Destape, en la que se reveló este vuelo del Lawfare.

En su escrito, Ortiz Almonacid destaca que "dos de los participantes, D'Alessandro y Juan Mahiques, le negaron a Página/12 que hayan realizado el viaje. Pero como se observa en la prueba documental (agregada presente), contradice lo desmentido, dado que sus nombres figuran en el formulario en el que consta la lista de pasajeros del vuelo privado en el que fueron todos". Esa prueba documental es la que aportó El Destape. Se trata del formulario de Declaración General donde constan los datos del avión, el vuelo, la tripulación y los pasajeros.

El denunciante señala en su presentación “que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación ha sostenido que el perfil deseable, esperable y exigible de un juez, debe abonar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y contribuir a preservar su prestigio institucional”. “Así las cosas, sobre los magistrados pesan, amén del cumplimiento estricto de la normativa jurídica, deberes especialmente graves de ética, honestidad, transparencia y decoro. Deberes, estos, que, lejos de acotarse al ejercicio de su función judicial, abarcan los diferentes aspectos de su vida social. Consecuentemente, las actitudes contrarias o reñidas con ese perfil, deben ser consideradas como mala conducta del juez”, añadió. Todo indica que haber sido parte del vuelo a Bariloche podría encuadrar dentro de la mala conducta aludida.

Ortiz Armonacid considera que el hecho descripto genera una serie “de interrogantes, que obligan a poner en funcionamiento el presente procedimiento y realizar una exhaustiva investigación que ponga un poco de luz, ante tanta opacidad sobre este inexplicable cónclave”.

Algunos de esos interrogantes que por ahora no tienen respuesta son: “¿Por qué viajaban?; ¿por qué en un avión privado?; ¿para qué viajaban y, más aún, todos juntos?; ¿quién pagó el vuelo?; ¿cómo se pagó el vuelo?; ¿adónde iba?; ¿cuántos días?; ¿cuál era el objetivo del vuelo?; ¿qué relación o vinculación los une?; ¿cómo volvieron?; ¿fueron a la mansión del Sr. Joe Lewis?”.

“Deviene necesario investigar, ya sea para iniciar los correspondientes procedimientos de enjuiciamiento, ya sea para despejar toda sombra de duda y traer claridad a la sociedad. Pues, evidentemente, los hechos en cuestión detentan tal magnitud, y habilitan razonablemente tantas conjeturas y sospechas, que el Consejo de la Magistratura de la Nación no puede obviar su estudio y análisis, pues está en juego la credibilidad de la Justicia”, concluyó el denunciante.

Entre las diversas medidas de prueba que pidió Ortiz Almonacid se destacan el “librar oficio a la ANAC para que informe si hubieron más vuelos a la ciudad de San Carlos de Bariloche el 13 de octubre pasado” y otro oficio “al Aeropuerto de San Carlos de Bariloche, para que informe todos los vuelos privados que arribaron el día 13.10.22 y 14.10.22”. Pretende que se determine qué otras personas viajaron a la presunta reunión con los jueces.

También requirió que “se ordene librar oficio la empresa ‘Flyzar’ para que informe quien abonó el vuelo 26917 a la ciudad de San Carlos de Bariloche” y con qué “pasajeros regresó esa aeronave”. Pidió la declaración testimonial de los pilotos y que se soliciten copias de las filmaciones de seguridad de los respectivos Aeropuerto de San Fernando y de San Carlos de Bariloche a la PSA.

La denuncia contra los 4 magistrados ya ingresó al Consejo de la Magistratura. Ahora, en el comité de giro se debe definir si la presentación debe tramitar en la comisión de Acusación o en la de Disciplina. Si se gira a Disciplina se discutirá una sanción y si se la envía a Acusación puede terminar en un pedido de jury de los acusados. Ese pedido difícilmente prospere porque para aprobarse se requiere 2/3 de los votos del plenario y Juntos por el Cambio y aliados son mayoría.

Los pasajeros: Quién son los jueces apuntados

La lista de pasajeros de este vuelo es más que sugestiva. La presencia de los Mahiques es clave. En especial Juan Bautista. En el gobierno de Macri tenía un alto cargo en el Ministerio de Justicia y era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, pero lo cierto es que su rol iba mucho más allá. Era, como se conoce en la jerga, uno de los principales operadores judiciales de Macri, encargado de las visitas a los jueces y de aceitar los engranajes entre Comodoro Py y los deseos de las Casas Rosada.

Mahiques hijo tuvo un rol importante en la persecución judicial macrista. Desde el Consejo de la Magistratura, donde era representante del Poder Ejecutivo, se ocupó de diseñar el copamiento del Poder Judicial, tarea que incluyó concursos truchos, el nombramiento de jueces alineados con el macrismo y el desplazamiento de aquellos que resultaran molestos.

La designación de Mahiques en la ciudad como Fiscal General porteño fue parte del cobijo que le dio Horacio Rodríguez Larreta a algunas figuras del macrismo que, por un lado, estaba en retirada del Estado Nacional y, por el otro, que podrían reciclarse en el propio proyecto político del actual jefe de Gobierno porteño. De hecho, según La Nación, Mahiques es el que le organiza a Rodríguez Larreta reuniones con jueces y fiscales federales para aceitar sus relaciones.

El otro Mahiques que estuvo en este vuelo, Carlos, integra actualmente la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia del país y es el padre de Juan Bautista. Mahiques padre llegó a la Cámara Federal de Casación Penal por un traslado dispuesto por Macri. Es decir, llegó a dedo, sin concursar para el cargo. Integraba la Casación ordinaria y fue ministro de Justicia de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Duró poco en ese cargo del Ejecutivo.

Mahiques padres es parte de la retaguardia judicial de Macri en la máxima instancia penal del país. Si se confirmarse que a los pasajeros los pasó a buscar una camioneta vinculada a Lewis o que se reunieron en la residencia del empresario británico Mahiques, tendría que brindar aún más explicaciones. ¿Por qué? Porque el 15 de septiembre de 2021, firmó junto a Guillermo Yacobucci y la ya jubilada Liliana Catucci un fallo que benefició al propio Lewis.

El caso del juez Ercolini también es paradigmático. Fue, por un lado, quien salvó a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y los genocidas en la causa Papel Prensa. En paralelo, fue uno de los magistrados más activos del lawfare. Procesó y detuvo a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por una supuesta deuda impositiva. El motivo de fondo era otro: que ambos empresarios eran dueños de medios opositores a Macri. También impulsó las causas Hotesur y Vialidad contra CFK. En la primera, todos fueron sobreseídos por inexistencia de delito; en la segunda, le dejó el papelón mayor a los jueces y fiscales que insisten en llevar adelante el juicio oral pese a que no hay ninguna prueba.

El viaje de los jueces Yadarola y Cayssials también es interesante. Yadarola actualmente está a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N° 2 pero tiene otro objetivo: integrar la Cámara Federal de Comodoro Py. El macrismo lo incluyó en su terna para ese cargo clave en Comodoro Py, aunque ni oficialismo ni oposición tienen hoy los dos tercios necesarios para elevar sus propuestas al Poder Ejecutivo.

Cayssials es un viejo conocido de Macri. Intervino varias veces en expedientes vinculados al Correo Argentino, desde una de las millonarias demandas de Macri contra el Estado hasta un fallo para habilitar la continuidad en el cargo a la camarista María Lilia Gómez Alonso luego de los 75 años que marca la Constitución. Se trata de la histórica aliada de Macri en el expediente Correo y que finalmente tuvo que jubilarse. Es también un viejo aliado de Clarín, a quien le anuló la adecuación de oficio a la ley audiovisual sancionada durante el gobierno de CFK. Y tuvo un rol clave para empujar el desplazamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, para placer tanto de Macri como de Clarín.

El interrogante que se abre ahora es cómo actuarán la Justicia y el Consejo de la Magistratura presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. ¿Le darán curso a las denuncias?

Fuente:www.eldestapeweb.com