Por Eugenia Rodríguez

Lo primero que hay que decir es que cuando se habla de impuestos patrimoniales se hace referencia a aquellos que tributan sobre el stock de capital acumulado, es decir, sobre bienes que tienen un valor significativo, por ejemplo un inmueble, y sobre los que se es propietario.

Se trata de impuestos que suelen ser progresivos porque sus alícuotas, como en el caso de Bienes Personales en Argentina, se incrementan en la medida que aumenta el patrimonio. Además, este tipo de impuestos le brinda progresividad al sistema impositivo de un país dado que suelen recaer en una porción minoritaria de la sociedad.

¿Un invento argentino? Para nada, existen en todo el mundo. En Argentina representan para la recaudación en términos reales un 4,3%, de forma comparativa en Brasil el porcentaje es de 4,60%, en Uruguay de 4,43%, en Reino Unido de 3,70%, en Dinamarca del 4,01% y en Francia llega a un 12,24%.

Otra pregunta válida es ¿por qué se pagan? Este impuesto es un instrumento para mitigar la desigualdad social ya que implica esencialmente que quienes más tienen más paguen, lo que no es menor si se considera que, según el Informe sobre la Desigualdad Mundial 2022 del economista francés Thomas Piketty, en el mundo el 10% más rico tiene el 76% de la riqueza y en América Latina el 10% más rico es dueño del 77% de la riqueza mientras que el 50% más pobre tiene solo el 1% del total de bienes de la región, considerada la más desigual en concentración de propiedad.

¿A nivel local estamos mejor? La respuesta es que no. De acuerdo a estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) si se toma la población adulta -32 millones de personas- se observa que 1 millón de personas tiene el 50 por ciento del patrimonio, es decir, las otras 31 millones se dividen el 50 restante. Y además solo 440 personas, el 0,0014% de la población, tiene el 10% del patrimonio argentino.

La pandemia mundial por el virus Covid-19 puso el foco en la necesidad de un mayor financiamiento de los Estados para hacer frente al impacto negativo sobre la salud y la actividad económica, y la mayor profundización de la desigualdad para la población de menores ingresos (mientras, según datos de Forbes, hubo más de 600 billonarios nuevos en el 2020). En nuestro país, se sancionó el llamado Aporte Solidario y Extraordinario a ser pagado por aquellas personas físicas con un patrimonio superior a los $200 millones. Este aporte único recayó sobre un universo de 12 mil contribuyentes y a diciembre del 2021 totalizó unos 247 mil millones de pesos destinados a salud, subsidios para pymes, programa Progresar, proyectos de exploración y producción de gas.

Otro interrogante necesario es si ¿existe una brecha patrimonial por género?, sobre ello son contundentes los datos que arroja la investigación Economía con perspectiva de género: de la brecha salarial a la patrimonial del CEPA: del 100% de las personas alcanzadas por el impuesto a los Bienes Personales en 2018, el 34% son mujeres  y el 66% varones, lo que evidencia una clara asimetría en la titularidad de los patrimonios, a lo que se suma que el valor de los bienes en posesión de las mujeres es aún más bajo.

Los impuestos patrimoniales redistribuyen la riqueza ya que al gravar el stock disminuyen los ingresos que esa riqueza genera y multiplica. Su aplicación conlleva un tratamiento diferenciado por capacidad contributiva por eso son clave para limitar los procesos de concentración económica y acumulación de fortunas ante un escenario global marcado por la existencia de guaridas fiscales y países con baja tributación que facilitan la evasión y perjudican la política fiscal de los Estados.

Fuente:www.eldestapeweb.com