Por: Jorgelina Naveiro

El procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, volvió a quedar esta semana en el ojo de la tormenta, esta vez por mostrarse almorzando en el restaurante Kansas con el expresidente Mauricio Macri. La foto generó el repudio del gobierno de Axel Kicillof, desde donde consideraron que debería dar explicaciones y pidieron una vez más que renuncie al cargo al que llegó de la mano de María Eugenia Vidal.

El ministro de Justicia, Julio Alak, también repudió la foto de Conte Grand y Macri, y lo calificó como «un hecho de alta gravedad institucional» e incluso recordó que el expresidente está investigado por «persecución a sus adversarios políticos». También apuntó que la reunión «genera fundadas sospechas sobre el correcto tratamiento en el Ministerio Público de investigaciones penales contra funcionarios del espacio político que lidera Mauricio Macri y múltiples causas de interés de esa fuerza opositora».

El gobierno bonaerense viene manteniendo una guerra fría con Conte Grand desde el arranque de la gestión. Ocurre que el propio procurador había señalado que dejaría el cargo -que es vitalicio- si su jefa política perdía, pero pasaron dos años y sigue en el sillón. Hace un mes, durante el acto de cierre de campaña, el propio Kicillof le apuntó al Procurador en medio de la polémica que había instalado la oposición por la liberación de presos en la provincia. «Dicen que vinimos a soltar presos y no es así. Además poner o sacar a alguien de la prisión es algo que resuelve la justicia. Podrían hablar con el jefe de los fiscales de la provincia, funcionario de Vidal, puesto por Vidal, que hoy no quiere irse», disparó.

¿Quién es Conte Grand y cómo llegó al cargo? Asumió al frente de la Procuración el 28 de diciembre de 2016, después de que su antecesora, María del Carmen Falbo, renunciara para acogerse a la jubilación. Fue la conclusión de un largo proceso de desgaste y presiones del gobierno de Vidal hacia Falbo -que había sido nombrada durante la gestion de Felipe Solá- para que dejara ese cargo clave.

Conte Grand era hasta entonces secretario Legal y Técnico de la Gobernación, el encargado de custodiar la firma de Vidal. Hasta diciembre de 2015, había sido procurador general de la Ciudad en el gobierno de Macri. La gobernadora envió su pliego al Senado y pasó el filtro sin problemas, pese a no cumplir con el requisito de dos años de residencia en la Provincia fijado por la Constitución, ya que vivía en CABA.

Antes de asumir, Conte Grand había justificado la presión para separar a la procuradora Falbo. “Creo que el Procurador tiene que ser un cargo que tenga la misma duración del mandato del poder político, con la posibilidad de renovar sin necesidad de ir a la validación por el órgano legislativo (Senado) y con una convalidación del nuevo Ejecutivo”, había señalado a la prensa. Pero tras la derrota de Vidal en octubre de 2019, cambió de opinión: “Siempre he cumplido con las normas: la norma dice que es vitalicio, yo voy a seguir trabajando”, dijo.

A lo largo de estos años, Conte Grand fue cuestionado por sus actuaciones y por elegir como blancos a figuras que molestaban a Cambiemos. Uno de los casos que lo expuso ocurrió en 2018 cuando impulsó un jury contra el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, justo después de que se negara a detener al líder camionero Pablo Moyano en una causa por irregularidades en el Club Independiente, una causa que le interesaba a Macri. También impulsó el juicio político que terminó con la destitución del juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, quien había sido el primero en fallar en contra de los tarifazos de luz de Vidal en 2016.

En este marco, fueron varios los magistrados que denunciaron públicamente las presiones de Conte Grand. Sin embargo, la denuncia más grave en su contra llegó el año pasado cuando el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, lo acusó de armar causas a través de una unidad fiscal especial para perseguir a políticos, jueces y sindicalistas opositores y de realizar espionaje ilegal, en línea con las bases que supo desplegar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el Conurbano con ese mismo objetivo. «

Fuente:www.tiempoar.com.ar