Como siempre vamos a hacer un análisis de lo que está pasando a nivel institucional-político y electoral ¿Qué pasa en el justicialismo? ¿Por qué no se conocen los candidatos?

-Estamos pendientes de la confirmación de la fecha de elección. Sin dudas con algún tipo de inconveniente, en función a que se ha convocado en una fecha que conjuga con la realidad. El momento que se vive en la provincia es harto conocido y reconocido respecto a que estamos en el peor momento de la pandemia, con un pronóstico poco optimista. En una realidad como se está viviendo en Corrientes, la gente no está pensando en votar ni en política, ni en las elecciones. Tiene la preocupación sanitaria y económica del día a día.
Lo que ha hecho el Poder Ejecutivo va a contrapelo de la realidad con que se ha movido el propio Gobernador en el ámbito nacional, respecto de la postergación de las elecciones Primarias y de las generales en función a la cuestión sanitaria. En Corrientes, hay plazo hasta el 10 de octubre para votar. Me parece que debió priorizarse la salud de los correntinos antes de hacer un llamado, que, desde el punto de vista legal, no tiene fundamento porque no respeta los plazos fijados por la Constitución de la Provincia, en armonía con el Código Electoral. Es decir, es una convocatoria nula que genera un perjuicio claro. Así como desde el PJ abogamos por la unidad para poder enfrentar mejor el desafío electoral, yo apelo también a que haya una mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición; entre el Gobierno provincial y el nacional, porque la fecha del 29 de agosto, además del tema sanitario, está floja de papeles. La fecha tentativa del 14 de noviembre tampoco es correcta, porque los municipios, si bien es cierto que pueden votar simultáneamente con la elección nacional, ello es así en tanto y en cuanto la fecha elegida permita completar el proceso electoral, lo cual no sería así teniendo en cuenta las previsiones del artículo 220 de la Constitución. Prevé la posibilidad de empate y, en ese caso, hay que hacer una nueva elección dentro de los 30 días, que se convoca recién 10 días después del escrutinio. Con esto se da la posibilidad de que para el 10 de diciembre no haya autoridades municipales proclamadas. En la situación que estamos viviendo los correntinos debe existir madurez de la dirigencia política y de los gobiernos nacional y provincial como para zanjar esta cuestión. Es siempre enojoso para el Poder Judicial tener que resolver cuestiones que deben ser zanjadas por los políticos. No se puede hablar de una responsabilidad cero de la gente y no dar el ejemplo desde los poderes públicos.

¿Cuál es su opinión jurídica sobre la fecha del 29 de agosto y la convocatoria hecha por Valdés, para Gobernador y Vice; y la semana pasada para legisladores?

-No hay la más mínima duda de que la convocatoria es absolutamente nula. No respeta los plazos fijados por la Constitución de la Provincia en armonía con el Código Electoral vigente. El Gobierno tendría que haber modificado previamente el Código Electoral Provincial que determina 90 días y no lo hizo. Está claro que la convocatoria para el 29 de agosto no tiene apoyatura legal ni constitucional.

Pero la convocatoria para Diputados y Senadores sí.

-Eso es aparte. Estamos hablando de la necesidad de que los correntinos vayan a las urnas las menos veces posible y lo hagan lo más lejos en el tiempo que se pueda. Debe haber un acto de razonabilidad de la clase política, que contemple la realidad que vivimos.
No debería existir el cálculo mezquino de los intereses electorales en desmedro de la salud y de las normas aplicables. En Corrientes tenemos una fecha límite, que es el 10 de octubre.

¿Qué lectura le merece la resolución del Fiscal General? Sotelo declara la incompetencia y envía el pedido del PJ de nulidad de esta fecha, específicamente en el Juzgado N° 3 con competencia Electoral.

-En esto soy claro. Aparte de ser dirigente político, soy abogado y pretendo revalorizar el valor de la palabra más cuando se habla por medios de difusión y de cara a la gente. Este tipo de planteos se deben realizar en el Juzgado Electoral. A partir de ahí, el Superior Tribunal conoce como instancia de apelación una vez que la cuestión haya sido revisada por las instancias inferiores. Concuerdo con el dictamen del Fiscal general, que, si bien no es vinculante, descarto que será acogido por el pleno de los ministros del Superior Tribunal. Con todo hay que aclarar que el rechazo a la competencia no significa que, si se plantea correctamente, el Tribunal pueda tener un criterio favorable a la nulidad. Por eso es importante que las presentaciones judiciales sean oportunas, claras y conducentes.

Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo, más allá de estos argumentos que son aceptables ¿Qué pasa dentro de la vida misma interna del PJ? ¿Cómo se define?

-El tiempo perjudica a todos. No es que el Poder Ejecutivo se beneficie con la demora en llegar a una decisión final. Entre el 10 de junio y el 10 de julio, esto debería zanjarse jurídica o políticamente, porque desde el 10 de julio entramos en una zona de riesgo institucional si la Provincia no logra llevar a cabo la renovación periódica de sus autoridades. Es pelear al borde del precipicio y, por lógica, ello entraña riesgos.

El Poder Judicial tiene que actuar con celeridad entonces.

-El Poder Judicial tiene la facultad de abreviar los plazos electorales. Está claro que los tiempos de la Justicia no son los políticos ni los institucionales. La preocupación es que esta discusión se pueda extender en el tiempo. El riesgo es que no podamos resolver una cuestión que es esencialmente política.
Este es el pedido, la exhortación que hago para que el Interventor del PJ se siente en una mesa común con el Gobernador, con la intersección del Ministro del Interior y encuentre la manera de poder solucionar esto. Teniendo en cuenta además que ni los correntinos, ni en general los argentinos, están pensando en las elecciones. Están pensando en la angustia propia del momento que se está viviendo. Estamos llegando a los mil muertos en Corrientes, acercándonos al Chaco, de manera que esto debe llamar a la responsabilidad.

Me está gambeteando Martínez Llano, no me quiere hablar de los candidatos del PJ.

-No dije que no quiero hablar. Sería poco serio que hablara porque no tengo las respuestas. Por eso les trasmití que, a lo mejor, no era el momento de hablar porque hay cosas a las que uno puede responder y otras para las que las respuestas la deben dar otros.
Es lógica la ansiedad periodística y no solamente de los periodistas, sino de la gente, y de los peronistas que no entienden ni el misterio, ni la demora. Estoy convencido de que la responsabilidad está en el Presidente de la Nación que ha demorado excesivamente la designación del Interventor. Esto no debió haber ocurrido. Ahora estamos corriendo contra el reloj sin la más mínima necesidad. En su momento dije, cuando se hablaba de la posibilidad de que Alberto Fernández fuera el Presidente del PJ Nacional, que de ninguna manera debería ser así, porque el Presidente de la Nación tiene responsabilidades institucionales que le impiden asumir cosas que no puede cumplir. Estamos como estamos porque acá ha habido una cierta desidia del poder central, hacia un distrito que debía votar en una elección tan importante como es la de Gobernador.

¿Esta judicialización puede llegar hasta impedir que se haga la elección a Gobernador?

-Tenemos que mirar un poco más lejos. Es una disputa al borde del precipicio, porque los tiempos políticos no son los judiciales. Se habló mucho de artículos de la Constitución y su interpretación. Para ser claros y la gente pueda entender didácticamente, en Corrientes la convocatoria a elecciones debe hacerse entre el 10 de junio y el 10 de julio. Y la fecha de elecciones debe ser necesariamente un domingo que caiga entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre. Porque la Constitución y las leyes deben aplicarse con una interpretación armónica de disposiciones que, a veces, parecen contrapuestas.
Deberíamos estar disipando esta cuestión antes del 10 de julio, porque si hay que convocar nuevamente, esa convocatoria debe ser hecha con 90 días de anticipación para que el proceso se complete y las nuevas autoridades estén asumiendo el 10 de diciembre.

Esto, por lo menos los justicialistas dicen que está claro, hay antecedentes jurídicos. Creo que el Gobierno de la Provincia tiene también abogados inteligentes y que leen las mismas leyes y Constitución que ustedes. Parece que va a ser una definición más que jurídica, política, del Superior Tribunal.

-Los jueces, cualesquiera sean tienen márgenes estrechos. Los políticos deben hacer las cosas bien y acá tanto el oficialismo como la oposición hasta ahora no se han encuadrado debidamente para facilitar que los jueces puedan resolver la cuestión de fondo. Con todo y sin duda la cuestión es política. Este tipo de discusiones no contribuyen cuando en el fondo estamos en una disputa que está poniendo en riesgo la realización de las elecciones, con una discusión en la que la gente observa de afuera con una agenda distinta a la de quienes disputan el poder.

Fuente:www.diarioellibertador.com.ar