El oficialismo impuso su mayoría en el Senado y dictaminó la reforma judicial con el objetivo de aprobarla la semana próxima e iniciar una trabajosa negociación en Diputados, donde no tiene garantizada la mayoría por la rebelión de Roberto Lavagna y del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

La hoja de ruta de la Casa Rosada será negociar en esa Cámara junto la ley de presupuesto, que llegará el 15 de septiembre y contendrá la asistencia para las provincias en 2021. Córdoba necesita refuerzos para pagar salarios, jubilaciones y negociar su deuda en dólares. El nexo con los delegados de "El Gringo" es el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro, que garantizó partidas de ATN y Anses antes de la última sesión de Diputados. 

La reforma judicial anticipó los tiempos de su negociación con las provincias: este mediodía, en las reuniones remotas entre los referentes del Senado se filtraron reclamos de obras para Misiones y temían que Magdalena Solari Quintana no firmara el despacho. 

Fue necesario confirmar los anuncios de obras por 20 mil millones de pesos que, casi a la misma hora, Alberto Fernández hizo a varios gobernadores por teleconferencia, entre ellos el misionero  Oscar Herrera Ahuad y Schiaretti. "Creo que ahí avisó como viene la mano", interpretaban en el Senado. 

Adolfo Rodríguez Saá fue otro rebelde: reclamó incorporar plazos para que la Corte emita sentencias y ampliar las competencias de los tribunales orales a las que tienen las cámaras. No se lo concedieron, volverá a pedirlo en el recinto y tiene llegada a cuatro diputados para complicar las cosas si no lo escuchan.

Como anticipó LPO, los senadores oficialistas redistribuyeron los 94 juzgados federales del interior del país, con la creación de Cámaras de Apelaciones donde no las hay. Y se incorporaron otras modificaciones, como la eliminación de la fusión del fuero contencioso administrativo con los civiles y comerciales de la Ciudad, que para muchos expositores podría traer más problemas de competencia de los que ya tiene. 

Seguirá como está y se creará un "Tribunal de solución de conflicto" para esos casos, según anunció la oficialista María de los Ángeles Sacnun al inicio del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. 

Se mantendrá la fusión de los tribunales penales con el penal económico, que sumarán 46 y absorberán las las causas por corrupción. Y en lo que algunos senadores interpretaron como una negociación reñida con los magistrados, que tienen la llave para declarar inconstitucional la ley, se mantendrá el examen escrito para ocupar los 23 juzgados nuevos. 

El proyecto lo reemplazaba por una entrevista oral y minimizaba el valor de la entrevista final en el puntaje, cambios que están siendo evaluados por el comité de expertos en la otra reforma judicial. Pero otro artículo incorporado esta tarde obliga a grabar los sorteos de las causas "bajo apercibimiento de nulidad", un límite al poder de algunos jueces favorecidos con el reparto de tareas. 

También se avanza en la competencia exclusiva del régimen penal juvenil y se mantiene la de las secretarías especializadas en Derechos Humanos. Pero no se agregarán fiscalías como reclamó la mayoría de los expositores, porque serán las encargadas de instruir las investigaciones en los sistemas acusatorios. Su despliegue será definido en la bicameral de implementación de ese sistema, presidida por la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. 

Fuente:www.lapoliticaonline.com