Por Horacio Verbistky

Gabriel Martino, Cristiano Rattazzi, Martín Cabrales, Martín Migoya, respondieron con los hashtags #NoEstatizarEdesur y #JuntosLevantamosLaArgentina. Reclamaron respeto a los contratos y la propiedad privada y convocaron a banderazos como los producidos en defensa de los vaciadores de la cerealera santafesina Vicentin.

Necesaria pero no suficiente

La historia del peronismo abunda en desproporcionados precios políticos que debió pagar, por las palabras antes que por los actos de sus conductores. Los discursos de Perón y de Evita sobre la oligarquía terrateniente eran incendiarios, lo mismo que las amenazas presidenciales a los opositores con consignas tremendas como el 5×1. Pero más allá de las expropiaciones a los Bemberg, los Pereyra Iraola y los Gainza, las muy razonables políticas de su gobierno hacia el sector se parecieron más a las del laborismo británico y el New Deal estadounidense que a la reforma agraria de Fidel Castro o los fascios de Mussolini.  La claridad para identificar a quienes obstaculizan el desarrollo nacional y la justicia social es necesaria pero no suficiente para lograrlos.

Los casos de Vicentin y Edesur son muy diferentes. Salvo los conocedores del negocio cerealero, fuera del norte santafesino nadie conocía la existencia de Vicentin ni su importancia. Sólo en forma muy lenta han ido surgiendo los detalles de la estafa perpetrada por sus principales accionistas, de las familias Nardelli y Padoan, contra la propiedad privada de los trabajadores que perdieron sus empleos, los chacareros que no cobraron los granos que les proveyeron y los bancos que financiaron su operatoria.

La inhibición de bienes de los ex presidente y vice del Banco Nación, Javier González Fraga y Lucas Llach, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita como paso previo a su procesamiento, que será compartido con los directivos de Vicentin, precisa un cuadro de enorme gravedad contra el interés general, pero su comprensión requiere tiempo y conocimientos.

Es probable que ese tiempo permita el conocimiento de la intervención personal del ex Presidente Maurizio Macrì, a través de su secretario Darío Nieto, para que González Fraga incumpliera todas las relaciones técnicas a las que el Banco Nación estaba obligado y siguiera arrojando centenares de millones de dólares al barril sin fondo de una empresa que ya había dejado de pagar sus compromisos.

Aún así, no es evidente en qué afecta a cada ciudadanx la situación de ese holding y las distintas alternativas para su futuro.

Todo lo contrario

Con Edesur pasa lo contrario. Aunque no conozcan en detalle la relación de sus accionistas italianos con Macrì, ni la participación en su propiedad del primer exiliado Nicky Caputo ni de la empresa Yacylec, de la propia familia Macrì, los casi 2,5 millones de personas que de acuerdo con el esquema privatizador de hace tres décadas no pueden elegir otro proveedor de electricidad, son víctimas cotidianas del pésimo servicio y las descomunales tarifas que Edesur les cobra por prestarlo.

En la privatización de los ’90 se preveía una segmentación que impidiera que generadores, transportistas y distribuidores se integraran en una misma empresa. Pero ese atractivo esquema teórico cedió paso en forma gradual y constante a la concentración e integración vertical en grandes empresas.

Quienes señalaron con suspicacia política la participación de los Eskenazi en YPF-Repsol, no mostraron la menor curiosidad en saber cómo llegaron Caputo y los Macrì a ser socios de la italiana ENEL en Edesur.+

ENEL participa en todas las etapas del proceso energético: generación, transporte, comercialización y distribución. Privatizada en la década de 1990, el Estado italiano sigue siendo su principal accionista.

Como Edesur es una empresa amiga, los directivos del trío de desinformadores mediáticos que componen Infobae, La Nación y el Grupo Clarín no se dan por enterados de las movilizaciones constantes de los vecinos del Conurbano sur por los extensos cortes del servicio. Los intendentes, en cambio, no pueden ignorarlas y en un punto se vieron forzados a elegir de qué lado colocarse. Como dependen del voto popular y están en la primera línea de fuego, escogieron acompañar a los vecinos en sus reclamos y ver de qué modo podían aportar a la solución. No es simple, por varias razones:

• Es un tema de competencia nacional y provincial.
• Los cambios normativos han sido constantes.
• Las decisiones del gobierno anterior, con el traspaso de las distribuidoras eléctricas a la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, y la creación de nuevos entes reguladores que no se han constituido, crearon un galimatías en el cual hasta es azaroso determinar quién es quién y cuáles son sus derechos y obligaciones.

En cambio, el terceto Hadad-Magnetto-Saguier no ha mezquinado adjetivos para descalificar las exigencias de inversión y buen servicio formuladas a Edesur. Siguen en esto la definición que El Hombre de Clarín formuló hace ya diez años en una inusual entrevista concedida a la revista de negocios británica Financial Times, el 20 de septiembre de 2010. Allí Magnetto dijo que el kirchnerismo ingresaba en una fase confiscatoria que compromete el derecho de propiedad.

El pueblo se defiende

A raíz del mega apagón de hace trece meses, se hicieron públicas las negociaciones secretas que el gobierno saliente realizó con las distribuidoras, a espaldas del Ente Regulador, por el que el Estado reconoce una deuda con Edenor y Edesur de entre 40 y 100.000 millones de pesos por el congelamiento previo de tarifas.

“En función de los reclamos recibidos por usuarios de diferentes municipios, las multas aplicadas a Edesur S.A. y las obras que esta empresa no llevó a cabo, esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires considera que la empresa no se encuentra en condiciones de prestar el servicio del cual es concesionaria; por lo que se solicita a la autoridad concedente y de contralor la rescisión de la concesión”, escribió el Defensor Guido Lorenzino, en una comunicación dirigida al interventor del ente regulador nacional (ENRE), Federico Basualdo Richards.

Como anexo, incluyó los reclamos de distintos municipios. Los que mayor repercusión mediática tuvieron fueron los de Lomas de Zamora (por el alto perfil de su intendente, Martín Insaurralde) y Quilmes (porque su intendenta Mayra Mendoza, que integra la conducción de La Cámpora, en los primeros 120 días de gobierno fue objeto de 140 notas en la señal de cable del Grupo Clarín, y ninguna elogiosa). Pero otros, como Florencio Varela, enumeran en lo que va de este mes 1400 gestiones de vecinos por falta de suministro eléctrico en 86 barrios, sólo por el call center. Esto es 40% más que el año pasado. Además computa en las mismas tres semanas, 21 cortes de vías principales, que impidieron la circulación del transporte público, y que obligaron a enviar cuadrillas municipales a limpiar la zona, donde los vecinos encendieron neumáticos para visibilizar su reclamo. Las interrupciones del servicio eléctrico también dejan a los barrios afectados sin agua.

Estas afectaciones a la propiedad privada de los vecinos no inquietan a la oposición política ni a las representaciones patronales, que tampoco se interesan en la letra de los contratos, que fijan niveles de inversión y calidad cuyo incumplimiento hace padecer a millones de usuarios de un servicio esencial.  “Se encuentran agotadas las instancias de diálogo”, afirma Lorenzino, ya que pese a las acciones judiciales y las multas, Edesur “no cumple con la prestación adecuada”. Esto se debe a “la falta de inversiones”. Un largo capítulo de la presentación desarrolla el derecho humano a la electricidad, consagrado en tratados internacionales de jerarquía constitucional. El Defensor cita una publicación del CELS: haber privatizado el servicio no releva al Estado de su obligación de garantizarlo para toda la sociedad. Entre marzo y julio de este año la cantidad de quejas recibidas por el mal servicio de Edesur creció un 70%.

La Defensoría cita un informe del ENRE según el cual la frecuencia media de cortes por usuario en un semestre es de 4,1 veces y la duración de corte de 17 horas. “Estos valores resultan intolerables, especialmente luego de los desproporcionados e irrazonables aumentos tarifarios verificados en los últimos cuatro años (…) toda vez que las obras se encuentran sin realizarse”.

Por su parte, el ENRE recomendó al Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas declarar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) realizada por el gobierno de Macrì, cuyas tarifas resultantes “no fueron ni justas, ni razonables, ni transparentes, tanto desde el punto de vista de los ingresos reconocidos a las distribuidoras, como del proceso de aplicación de las mismas”. La deuda total condonada a Edesur y Edenor, señala, fue de 13.570 millones de pesos, mientras que se les refinanciaron $ 18.450 millones. Entre 2015 y 2019 el aumento de las facturas fue en promedio de 3.200% para usuarios residenciales, 1.934% para comercios,  2.325% para pequeñas industrias y 1.872% para grandes industrias en términos nominales. Además, «los planes de Inversión incluidos en la RTI son meramente orientativos y no tienen carácter obligatorio». Por lo tanto, esa “RTI carece de validez jurídica”, concluye.

No parece que el objetivo oficial sea rescindir la concesión, sino prepararse para la nueva Revisión Tarifaria Integral que debería realizarse este año, colocando en un platillo de la balanza aquello que la empresa percibe de los usuarios y en el otro la calidad del servicio que presta. Hasta ahora, el desequilibrio ha sido escandaloso ya que, como dice el ENRE, “se priorizó mantener indemnes a las empresas frente a la inflación, aun cuando en el mismo momento los salarios de los usuarios (y de los trabajadores de las distribuidoras) caían en términos reales”.El informe de Basualdo Richards, la presentación de la Defensoría y los reclamos de los intendentes ya surtieron algunos efectos: aumentó la cantidad de cuadrillas volcadas a la calle para reparar desperfectos y condujo a los directivos de ENEL hasta el despacho presidencial. En un encuentro sostenido en Olivos en la tarde del viernes, del que también participó Basualdo Richards, prometieron una enmienda que debería manifestarse en las inversiones que hasta ahora han eludido. Se comprometieron a acelerar 25 obras que dijeron tener en marcha, para cumplir con sus compromisos. «Háganlo, porque no podemos dejar a la gente en cuarentena y sin electricidad», respondió el Presidente. El mayor problema, señalaron, es la cantidad de gente de los barrios populares colgados de la luz, debido a las obras que las intendencias no pudieron realizar porque el gobierno macrista las dejó sin recursos. En cambio, no plantearon ningún reclamo tarifario, cosa que deberá demostrarse en la pendiente revisión integral.

El jueves, además, el Senado anuló el Decreto de Necesidad y Urgencia 1053 firmado por Macrì en noviembre de 2018 que comprometió una transferencia de unos 400 millones de dólares a las distribuidoras de gas. El fundamento fueron las pérdidas que les habría causado la devaluación de ese año. El entonces Secretario de Energía, Javier Iguacel, resolvió cargar ese monto a las facturas de los consumidores, pero Macrì lo desautorizó por el previsible efecto electoral que tendría ese nuevo tarifazo. La resolución fue desplazada por el DNU: los 393 millones de dólares serían pagados por el Estado Nacional en 30 cuotas. Pero Macrì recién obló la primera un año después: el 6 de diciembre de 2019, a cuatro días de dejar la presidencia. De ese modo se propuso dar principio de ejecución al compromiso para obligar al gobierno electo. Con lo que el Estado deje de pagar a las compañías, podrá subsidiar las tarifas para los consumidores residenciales, de acuerdo con la propuesta del Enargas. Son ostensiblemente dos gobiernos muy distintos.

La independencia judicial

La frase de Magnetto al Financial Times (lo crean ellos mismos o no) es el eje sobre el que a partir de la muerte de Néstor Kirchner el gran patronato ha organizado su relación con todo lo que tenga que ver con Cristina Fernández, incluyendo a su candidato presidencial Alberto Fernández, lo advierta él o no.

Eso explica las fake news y el periodismo de guerra, según la definición de uno de los principales columnistas del Grupo Clarín. La realidad pasa a segundo plano y no debe permitirse que arruine una buena nota. Sólo así puede entenderse la absoluta inversión de sentido practicada en torno de los manejos del Poder Judicial. El presidente de la Asociación de Magistrados,  Marcelo Gallo Tagle, denunció “el avasallamiento sobre el Poder Judicial para vulnerar su independencia”, que atribuyó a la suma de diversas iniciativas:

• la reforma judicial, que el Poder Ejecutivo enviará mañana al Congreso,
• la solicitud formulada al Consejo de la Magistratura para que revea el traslado de una decena de jueces dispuesto por el anterior gobierno,
• la investigación por una comisión del Congreso creada por el macrismo sobre el desempeño del procurador interino Eduardo Casal,
• la creación de un consejo asesor que analizaría el funcionamiento de la Corte Suprema y
• la eventual ampliación del número de sus integrantes.

Se trataría de una búsqueda de impunidad (por más que el texto que mañana entrará al Congreso asegure que ninguna causa abierta al momento de su promulgación pasará a otro juez) y de venganza contra algunos jueces que adoptaron medidas contrarias a CFK.

Todo lo contrario

En verdad, ocurrió todo lo contrario.

Uno de los casos más estridentes fue el de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Macrì le pidió a Cristóbal López que colocara la señal de cable C5N y la radio Diez al servicio del proyecto de encarcelar a Cristina. Como López y su socio Fabián De Sousa se negaron, ambos fueron detenidos en diciembre de 2017 por el juez Julián Ercolini, y se forzó la quiebra del Grupo Económico, mediante decisiones ilegales de la AFIP, entonces a cargo de Alberto Abad. Pero Ballestero y Farah revocaron esa decisión en marzo de 2018 y los dejaron en libertad. Enfurecido, Macrì le dijo a un publicista adicto que la liberación de López y De Sousa “lo enloqueció” y que esos jueces “se animaron pensando que no iba a haber reacción, pero la hubo”. A una animadora que sonreía embobada, le dijo que “esto no es lo que habíamos acordado”. Escaldados por la destitución en juicio político de su colega Eduardo Freiler, Farah aceptó pedir su pase a otro tribunal y Ballestero renunció para jubilarse. En lugar de ellos asumieron Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi, que no concursaron para la Cámara Federal ni tuvieron acuerdo del Senado, precisamente con el compromiso de favorecer las operaciones contra Cristina.  En abril de 2018 y siguiendo un procedimiento abreviado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (Gustavo Hornos y Eduardo Riggi) revocó las libertades de ambos empresarios. Esto precipitó la quiebra de Oil Combustibles, la cesación de pagos de las principales empresas del Grupo Indalo y la liquidación de sus activos a precio vil.

La semana que se inicia mañana, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de moratoria impositiva para asistir a todo tipo de empresas afectadas por la pandemia y la cuarentena. Un grupo empresarial y la ex diputada Elisa Carrió pidieron que se excluyera del beneficio al Grupo Indalo, para no “consagrar la impunidad”. Los medios comerciales repitieron lo que vienen publicando desde hace cinco años: que Indalo debía 8.000 millones de pesos a la AFIP por impuesto a la transferencia de combustible (ITC) cobrado y no depositado y que utilizó para comprar medios y otras empresas. Pasaron por alto el peritaje realizado aún durante el gobierno de Macrì por especialistas de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General y la AFIP, según cuyos resultados Oil nunca debió más de 2.000 millones, de los cuales pagó 1.600 en un plan de cuotas como tantos otros, concedido por la AFIP debido a que entre 2013 y 2015 sus balances arrojaron pérdidas, y sólo debía 600 millones. Por el ITC llevaba pagados más de 7.000 millones.  Durante una de las audiencias del juicio oral, un periodista de La Nación admitió bajo juramento que había informado erróneamente que OIL vendía el combustible al público y era agente de retención del ITC y que no conocía el peritaje que refutó sus afirmaciones sobre el monto y las condiciones de la deuda.

Todo trucho, pero la afectación a la independencia judicial sería reparar estos atropellos sin precedentes en democracia.

Empresarios, sindicalistas y seguridad

Alberto Fernández tuvo la última semana una agenda donde, además de la pandemia y la cuarentena, hubo lugar para los planes de recuperación productiva y los actores involucrados. Por un lado, recibió en Olivos al Secretario de la CTA, Hugo Yasky, ante quien se disculpó por haberlo omitido en el encuentro del 9 de julio con el Grupo Empresarial de los 6 y la CGT. Yasky le dijo que comprendía la necesidad de mantener la relación con esas patronales, pero que existían otros sectores que no podían ni debían soslayarse. Fernández asintió y le pidió al secretario general de la CGT, Héctor Daer, que en cualquier encuentro futuro él se encargue de traer a Yasky.

Ambos secretarios generales habían analizado la creación de una mesa de enlace entre ambas centrales, que actuara como factor de unidad, así no fuera formal. Daer llevó esa propuesta a su mesa chica (Héctor Rodríguez, Gerardo Martínez, Antonio Caló, Carlos Acuña, Armando Cavalieri, José Lingieri), quienes objetaron que esa comisión diluiría el peso de la CGT, es decir de ellos mismos. En cambio, arrastraron a Daer al encuentro virtual con la Asociación Empresaria (AEA), con participación destacada de Magnetto y de Paolo Rocca. Según explicó Daer, de haberse negado él, los otros hubieran realizado la reunión por su cuenta, aislándolo.

Si esto ya era grave, el comunicado conjunto fue escandaloso. La CGT suscribe sin una sola crítica el pliego de condiciones del poder económico transnacionalizado que, de aplicarse, recaería a hombros de los trabajadores:

• Papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor en la salida de la crisis.
• Políticas específicas para promover el empleo registrado.
• Movilizar la capacidad productiva y las exportaciones de bienes y servicios.
• Resultado positivo en las negociaciones con los acreedores externos.
• Reducir la presión tributaria sobre el sector formal de la economía.
• Al mismo tiempo, equilibrar las cuentas fiscales.

La difusión del comunicado encendió la furia presidencial, que se descargó sobre Daer durante una comunicación telefónica:

—Te sentás con Rocca y Magnetto para apretarme a mi en la negociación de la deuda —le dijo—. ¿Qué buscás, enojar a Cristina?

Daer pasó la mañana siguiente recorriendo programas radiales para decir que lo que quiso decir fue en acordar en los términos de la propuesta oficial.

Igual de grave es la reducción de la presión tributaria solicitada, de modo que el equilibrio de las cuentas fiscales recaiga sobre los trabajadores y los jubilados. El proyecto de contribución extraordinaria a las grandes fortunas de los diputados Kirchner, Yasky y Carlos Heller se tratará en comisiones en cuanto se aprueben la moratoria y la ampliación de facultades de la jefatura de gabinete. Esto será en no más de un par de semanas, si el virus no obstruye la posibilidad de sesionar. La publicación de la revista Forbes sobre las mayores fortunas del país les vino como anillo al dedo: los 50 primeros poseen 46.000 millones de dólares, más que el total de las reservas del Banco Central. Entre ellos hay cinco de los interlocutores de la CGT.

El viernes, Alberto participó en una reunión virtual acordada entre Daer y Yasky. El anuncio de la cuarta etapa de los ATP se realizó durante un encuentro multisectorial con ambas centrales y sectores de pequeñas y medianas empresas formales e informales, tanto industriales como agropecuarias, de comercio y servicios, que generan el grueso del empleo, fortalecen el mercado interno y financian al Estado con los impuestos al consumo que no evaden en guaridas fiscales. El ministro Kulfas los caracterizó como el «corazón productivo de la Argentina y el gran motor de la recuperación». Lo reiteró el Presidente.

«La Argentina que viene nos necesita a todos, pero ustedes son nuestros principales aliados», dijo Fernández, quien además opuso el capitalismo de la financiarización al de la producción. También reveló que había analizado con Yasky y Daer la institucionalización de esa mesa multisectorial con los trabajadores unidos y las pequeñas y medianas empresas, a la que se sumarían movimientos sociales. La generosidad de las palabras de los empresarios que hablaron durante el encuentro, contrasta con los secos planteos de las grandes patronales.

Mañana, además, Fernández asistirá por Zoom a un plenario de Secretarios Generales de la CTA. No puede dudarse de la sinceridad de su autocrítica por la exclusión del 9 de julio.

Sobre la deuda externa, el Presidente consiguió dos respaldos significativos para la oferta que, como reiteró ante los empresarios estadounidenses en el Consejo de las Americas, es la última que plantea su gobierno. La directora del Consejo, Susan Segal, consideró justa y razonable la oferta y dijo que era el momento de aceptarla por parte de los acreedores. Esto provocó un tembladeral entre los bonistas. Hans Humes, presidente de Greylock Capital y uno de los organizadores de Argentina Creditor Committee, dijo que Blackrock les había dicho a los otros bonistas que tenía línea abierta con Fernández, quien mejoraría la propuesta, ya sea con mayores pagos o con enmiendas legales que renunciaran a las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) que permiten formar mayorías que obliguen al resto, como en las quiebras comerciales. Las palabras de Alberto ante el Consejo pusieron en evidencia que nada de eso era cierto. La propuesta económica es inamovible y las CAC se mantendrán, salvo que la comunidad internacional las modifique para todos los países, ocurrencia entre improbable e imposible.

También el Grupo de las 6 cámaras patronales pidió un esfuerzo final a los acreedores para aceptar la propuesta de pago de buena fe del Estado Nacional, compatible con las posibilidades de crecimiento.

En una semana movida, el Presidente se hizo tiempo para recibir al gobernador y al ministro de Seguridad bonaerenses, Axel Kicillof y Sergio Berni, para coordinar políticas, luego del encuentro del cirujano Berni con la ministra federal Sabina Federic. El resultado de estas reuniones será el relanzamiento del programa Cinturón Sur, que Nilda Garré puso en práctica con buenos resultados durante su gestión en seguridad, y que luego se fue diluyendo. Nadie discute su necesidad en la post pandemia.

Fuente:www.elcohetealaluna.com