La localidad de Sauce se convirtió en el epicentro de un escándalo institucional de proporciones mayoristas tras la irrupción de las fuerzas federales en las dependencias públicas. El Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, bajo la firma de la jueza subrogante Paola Eugenia Ramírez Navarro y a solicitud de la fiscal Clara Belén Arrúa (UFRAC), dictó una batería de allanamientos simultáneos que apuntan directo a la cúpula del Poder Ejecutivo local.

Los operativos fueron ejecutados por especialistas del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la PFA. Los uniformados desembarcaron en la sede central de la Municipalidad de Sauce, en la Auditoría, el Museo Municipal, el Honorable Concejo Deliberante y las viviendas particulares del intendente Carlos Raúl Romano y de su auditor, Pablo Ignacio Gauna, buscando pruebas de una maniobra sistemática de vaciamiento.

La denuncia de una concejal y los "funcionarios proveedores"

La causa penal tuvo su origen en noviembre de 2025 tras una presentación realizada por la concejal María Griselda Zajur. La edil detectó severas e inexplicables irregularidades en los informes oficiales de ejecución presupuestaria presentados por el Ejecutivo durante los ejercicios fiscales de 2023, 2024 y el proyectado de 2025. La acusación principal apunta a que diversos empleados de confianza y funcionarios del gabinete de Romano figuraban de manera ilegal como prestadores de servicios y proveedores directos del municipio, cobrando cheques estatales de ambos lados del mostrador.

Tras el análisis contable preliminar realizado por los peritos de la Policía Federal, se determinó que las maniobras bajo sospecha "tendrían como finalidad ocultar un desvío de dinero público por un total superior a los 150 millones de pesos".

Computadoras, balances y celulares secuestrados

Para resguardar la prueba, la PFA procedió al secuestro de una enorme cantidad de documentación clave que incluye: libros de actas oficiales, resoluciones del intendente, presupuestos anuales, recibos emitidos por la Tesorería municipal y balances de ejecución. En el plano tecnológico, los investigadores incautaron una computadora de escritorio, discos rígidos, pendrives, dispositivos ópticos y seis teléfonos celulares pertenecientes a los funcionarios sospechados, los cuales serán sometidos a un peritaje informático urgente.

Por su parte, y ante el impacto público de los allanamientos, el intendente Carlos Raúl Romano ensayó una tibia defensa pública al declarar que el municipio colaboró activamente con el procedimiento judicial y que puso toda la documentación requerida a disposición de las autoridades para acelerar el esclarecimiento de los hechos. La causa continúa caratulada como "Negocios incompatibles con funciones públicas" y los elementos incautados ya se encuentran bajo la custodia de la Unidad Fiscal para determinar el alcance definitivo del fraude.