La megacausa por la presunta estafa financiera perpetrada a través de la criptomoneda Libra ingresó en una etapa de virtual parálisis institucional. En un fallo dictado en las últimas horas, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a un planteo de Mauricio Novelli —lobista vinculado directamente a la estructura de confianza de Javier Milei— y determinó la exclusión de cinco querellas del expediente judicial. De esta manera, las víctimas del fraude financiero perdieron formalmente el acceso a las actuaciones y la capacidad legal de solicitar medidas de prueba, dejando la causa al borde del archivo.

Hasta este giro judicial, los únicos avances significativos en la investigación penal se habían logrado gracias a la insistencia y las presentaciones de los abogados de los damnificados. A partir de ahora, la causa dependerá exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano, un funcionario judicial apodado con sorna en los tribunales como "tardano" debido a su marcado desinterés y lentitud para motorizar expedientes que involucren al poder político de turno.

Los argumentos del juez y el beneficio a la Casa Rosada

Para justificar el apartamiento de las víctimas, Martínez De Giorgi sostuvo formalmente que los querellantes no lograron acreditar un "perjuicio real y directo" ni probar la titularidad de las billeteras virtuales afectadas. Sin embargo, el argumento más polémico del magistrado consistió en afirmar que los inversores asumieron "riesgos inherentes" por tratarse de una memecoin. Esta polémica interpretación jurídica no solo desestima la masiva promoción pública que el propio Javier Milei realizó sobre el activo digital en su momento, sino que les regala a los imputados el argumento técnico perfecto para solicitar la nulidad definitiva de la causa.

En los pasillos de los tribunales federales se habla abiertamente de un pacto de impunidad operado de forma conjunta con el juez Ariel Lijo y el ministro de Justicia porteño, Juan Bautista Mahiques. El fallo favorable para la Casa Rosada coincide de manera sugestiva con una serie de movimientos políticos de alto voltaje:

• La salida de Manuel Adorni: El exvocero presidencial es investigado por el juez Lijo por enriquecimiento ilícito en una derivación que amenazaba con destapar sus presuntos nexos con la estafa de Libra. En Comodoro Py sospechan que Adorni exigió que "le acomodaran" el frente judicial antes de firmar su dimisión.

• Favores y pliegos cruzados: El retroceso de la investigación penal coincide temporalmente con la decisión del Gobierno nacional de acelerar el pliego de Juan Tomás Rodríguez Ponte —histórico secretario de Lijo— para un juzgado federal clave en Lomas de Zamora, donde tramita la causa contra Martín Insaurralde.

Sospechas de un beneficio familiar

La decisión de Martínez De Giorgi de dejar huérfana de acusadores la causa Libra también desató fuertes suspicacias debido a su situación familiar. El Senado de la Nación aprobó el mes pasado el pliego de la esposa del magistrado, Ana Juan, para ocupar el cargo de jueza en el Juzgado Federal de Hurlingham. Sin embargo, la firma definitiva de ese nombramiento depende exclusivamente de la lapicera del presidente Milei, quien mantiene el decreto congelado bajo el argumento de que dicho tribunal aún no se encuentra habilitado operativamente.

El dirigente Juan Grabois, quien ejercía la representación legal de cuatro de las cinco querellas expulsadas, vinculó directamente el fallo con los recientes acuerdos políticos en la cúspide del poder. "No es casual que esto suceda la misma semana en que el presidente Milei arregló con Mauricio Macri. Este pacto de impunidad se sella a través de quien ambos han elegido como su delegado: Juan Bautista Mahiques", denunció públicamente el letrado, anticipando que la medida será apelada ante la Cámara Federal en busca de revertir lo que consideran un flagrante atropello institucional.