El debate por el sostenimiento de la educación pública en la Argentina ha dejado de ser una discusión de modelos teóricos para transformarse en una alarmante realidad de números en rojo. De acuerdo con una investigación desarrollada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la inversión educativa nacional acumuló una caída real del 47,7% en los últimos dos años, consolidando un retroceso que pone en jaque las capacidades instaladas del sistema obligatorio y superior.

El informe detalla que solo en el año 2024 la función Educación y Cultura experimentó un desplome del 43,2% en términos reales en comparación con el período anterior, resignando cerca de 0,6 puntos porcentuales de participación dentro del Producto Bruto Interno (PBI). Lejos de estabilizarse, la tendencia contractiva continuó durante el año 2025 con una nueva baja del 7,9% real y las proyecciones oficiales para el presupuesto 2026 anticipan otra caída del 12,7% si no se modifican las partidas vigentes, lo que representaría el tercer año consecutivo de desinversión.

El impacto en las provincias: El fin del FONID y el recorte a estudiantes

Para los analistas del IIEP, la magnitud de este ajuste se explica fundamentalmente por la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el componente que la administración central giraba a las provincias para complementar los salarios de los educadores. Al retirarse el Estado nacional de esta obligación, las jurisdicciones provinciales debieron absorber la responsabilidad financiera con recursos propios, asumiendo un costo político y económico asimétrico que profundiza las brechas salariales entre regiones.

El desarme del financiamiento no se limitó a los sueldos de los maestros. Al examinar los programas específicos ejecutados durante 2025, el informe arroja datos contundentes:

• Universidades: Las transferencias destinadas al programa de Desarrollo de la Educación Superior cayeron un 5,4% interanual, manteniendo en vilo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por la Corte Suprema.

• Becas estudiantiles: Las partidas destinadas al sostenimiento y apoyo de alumnos sufrieron una poda del 42,5%.

• Políticas Socioeducativas: El programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas registró un derrumbe del 49,5%.

La única línea de acción oficial que mostró incrementos presupuestarios fue el Plan Nacional de Alfabetización, transformándose en el principal eje de gestión de la Secretaría de Educación nacional.

Subsidios a la demanda: ¿Hacia una educación para pocos?

La investigación de la UBA pone el foco en el giro ideológico que ensaya el Gobierno central, el cual busca reemplazar el histórico financiamiento de la "oferta" (orientado a garantizar escuelas, cargos docentes, salarios e infraestructura básica) por un esquema de financiamiento de la "demanda", basado en la lógica de los cuasi-mercados educativos.

Bajo esta premisa de competencia e implementación de vouchers, el Estado ya aplicó programas de transferencias directas para el pago de cuotas en instituciones privadas subvencionadas, alcanzando a unos 830.000 alumnos en 2024 y reduciéndose a 504.808 beneficiarios en 2025. El estudio del IIEP concluye de forma crítica que estas medidas —sumadas a los proyectos de "Libertad Educativa" y la deducción del Impuesto a las Ganancias para gastos escolares privados— configuran un desvío de recursos públicos hacia los sectores de mayores ingresos y hacia la gestión privada, debilitando de forma directa a la escuela pública estatal.

"En contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia solo derivan en la segmentación de la matrícula, el debilitamiento de la oferta estatal y la ampliación de las brechas preexistentes", alertaron desde la UBA. La advertencia es taxativa: librar la educación a las leyes de la oferta y la demanda amenaza con congelar el ascenso social y condenar a las comunidades del interior, donde la matrícula se concentra casi con exclusividad en la escuela pública, a una alarmante desigualdad territorial.