Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) asestaron un millonario golpe a las redes de comercio ilícito que operan en la provincia de Corrientes, tras concretar la apertura e inspección de 25 buntis postales que habían sido interdictados de forma preventiva durante diferentes controles vehiculares en los principales corredores viales de la región. De acuerdo con las estimaciones oficiales de la fuerza, el aforo total de la mercadería ilegal secuestrada alcanzó la millonaria cifra de $61.037.267.

El exhaustivo procedimiento federal fue coordinado y ejecutado por personal especializado del Escuadrón 7 Paso de los Libres “Cabo Misael Pereyra” y del Escuadrón 57 “Santo Tomé”. Ambas unidades de frontera actuaron bajo el estricto cumplimiento de los mandatos emitidos por los juzgados federales competentes, diseñados específicamente para interceptar el transporte de productos en infracción a la Ley Nº 22.415 del Código Aduanero en el norte y la costa del Uruguay correntina.

Electrónicos y tabaco sin aval legal

Al proceder a la apertura minuciosa de las encomiendas sospechosas retenidas en las rutas provinciales, los uniformados constataron que en el interior se ocultaba un cargamento compuesto por un lote exacto de 33.620 paquetes de cigarrillos de diversas marcas y 32 televisores de última tecnología.

Tanto los costosos elementos tecnológicos como los bultos de tabaco eran de procedencia extranjera. Al momento de la verificación, los agentes corroboraron que carecían por completo de las estampillas fiscales obligatorias y de cualquier tipo de documentación aduanera que avalara legalmente su libre tránsito e introducción en el mercado interno del país.

Intervención judicial y ARCA

Una vez finalizadas las correspondientes actas de constatación e inventario en el lugar del hecho, se le dio intervención formal a las autoridades de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres. El magistrado interviniente avaló el accionar de la fuerza y ordenó el secuestro inmediato de la totalidad de la carga de contrabando.

Por disposición judicial, todos los elementos de electrónica y el tabaco incautados fueron trasladados y depositados bajo la órbita de los depósitos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mientras las líneas investigativas federales continúan activas para identificar y localizar a los remitentes y destinatarios de los envíos postales.