En una jugada política que busca aprovechar el escenario parlamentario del mes de junio, la administración de Javier Milei envió formalmente al Congreso el proyecto del "Súper RIGI". Se trata de una ampliación del ya conocido Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que a la fecha cuenta con proyectos aprobados por más de 27.000 millones de dólares y que esta misma semana sumó una megainversión de Chevron por USD 13.800 millones en Vaca Muerta. Sin embargo, la nueva apuesta oficial busca ir un paso más allá en los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, orientándose de forma exclusiva a las denominadas "industrias del futuro".

El blindaje a la Inteligencia Artificial y los gigantes del Norte

A diferencia del régimen originalizado por la Ley Bases, enfocado en recursos tradicionales como energía y minería, el Súper RIGI establece un piso mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares para actividades ligadas a la infraestructura digital, centros de datos para IA, semiconductores y biotecnología de última generación. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la iniciativa asegurando que el objetivo es radicar industrias que actualmente no existen en la Argentina, con un potencial de ingresos proyectado entre los 20.000 y 30.000 millones de dólares.

A cambio, el Estado argentino les ofrece a estos gigantes tecnológicos un blindaje absoluto por 30 años: pagar una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, exenciones totales de aranceles de importación y exportación, y libre disponibilidad progresiva de las divisas obtenidas por sus operaciones. Como si fuera poco, cualquier controversia o disputa legal con el Estado Nacional quedará fuera de la órbita de los tribunales argentinos, siendo sometida directamente a sistemas de arbitraje internacional.

El golpe a las Pymes locales y la asfixia de las provincias

El punto que desató las mayores críticas en los pasillos del Congreso y entre las cámaras empresarias del interior radica en el desmantelamiento de los resguardos para el entramado productivo local. Mientras el RIGI original obliga a las grandes corporaciones a contratar al menos un 20% de proveedores nacionales, el texto del Súper RIGI suprime por completo ese piso mínimo de compras locales. Analistas y legisladores de la oposición advirtieron con dureza que estas corporaciones transnacionales —muchas de las cuales facturan más que el PBI entero de la Argentina— terminarán pagando menos impuestos que un comercio de barrio o una pyme del conurbano.

Asimismo, el proyecto impone un fuerte cepo a la autonomía de las provincias y municipios, fijando un tope máximo del 0,5% para el cobro del Impuesto a los Ingresos Brutos y prohibiendo explícitamente la aplicación de tasas municipales sobre las ventas o facturaciones de los proyectos adheridos. Con los bloques de la oposición en alerta y el oficialismo intentando acelerar el debate en Diputados antes de que la atención pública se disperse, el Súper RIGI reaviva una discusión histórica y profunda: la delgada línea entre la atracción de capitales y la entrega absoluta de la soberanía digital y fiscal del país.