La designación de la dirigente Clara Gortari al frente de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la provincia pateó el tablero político regional y abrió un debate urgente sobre el hambre en el interior. En sus primeras declaraciones, la funcionaria provincial detalló que actualmente se asiste a más de 180 comedores, merenderos e instituciones en Corrientes Capital, prometiendo avanzar con un relevamiento en los municipios. Esta novedad institucional echa por tierra los discursos de manual y expone una realidad local ineludible: en La Cruz el dinero está, pero los comedores comunitarios siguen cerrados por una decisión estrictamente política.

Falta de sensibilidad, no de recursos: Una cuestión de prioridades

Que los comedores populares permanezcan cerrados bajo llave en nuestra localidad no es porque el gobierno municipal carezca de condiciones económicas para abrirlas. Las arcas locales cuentan con los fondos necesarios para abrir los comedores mañana mismo si existiera la voluntad política de hacerlo. Si no lo hicieron hasta ahora, es por una alarmante falta de sensibilidad y porque la emergencia alimentaria sencillamente no forma parte de su agenda de prioridades, dejando a los sectores vulnerables en el más absoluto desamparo.

Ante este escenario, cabe preguntarse qué excusa utilizará ahora Luis Calomarde para sostener el cerrojo frente a un Gobierno provincial que —al menos desde el discurso— busca avanzar en las urgencias lanzando la máxima de que "donde hay una necesidad, el Gobierno va a estar". Una afirmación de pura raigambre peronista que hoy resuena con una ironía feroz en los despachos de la UCR local. Si la provincia asume esa bandera y los recursos están en el municipio, la gran pregunta que la ciudadanía cruceña espera ver respondida es una sola: ¿A dónde va a parar la plata que debería estar destinada a las ollas de los comedores populares?

Sueldos de bolsillo de miseria y la trampa de la asistencia "gris"

Para entender la gravedad de esta emergencia alimentaria que el municipio se niega sistemáticamente a atender, basta mirar hacia adentro del propio palacio comunal. Los sueldos de bolsillo que paga el gobierno de Luis Calomarde están estancados en una franja miserable de entre $170.000 y $210.000. Con la inflación del NEA, la más alta del país, estas cifras de bolsillo hunden tanto a los trabajadores públicos locales como a los informales en la más absoluta indigencia.

Para capear el temporal, el municipio se defiende en estrictos pasillos oficiales asegurando en off de record que distribuyen bolsones de alimentos a domicilio, un bolsón de alimentos apenas cubre las necesidades de una familia por 48 horas y llega cada muerte de obispo de forma discrecional. Se trata de un sistema totalmente gris, incomprobable y que nadie puede auditar; una asistencia a "sola declaración jurada" del funcionario de turno que no constituye una política alimentaria real.

"Los comedores atraen pobreza": El prejuicio estético

Mientras el Ejecutivo pisa los recursos, en la periferia la espera se hace insostenible. Los vecinos del Barrio Yaguari continúan esperando respuestas para la reapertura de su comedor comunitario. Sin embargo, el municipio prefiere mirar para otro lado.

¿Por qué se ignora este pedido de manera tan persistente? La respuesta subterránea roza la crueldad. Fuentes vinculadas al propio "equipete" de la gestión local han confesado en off de record que no abren los comedores porque "atrasan" y "atraen la pobreza". Para esta conducción, el hambre no es una emergencia que requiere gestión directa, sino un problema visual que prefieren esconder antes que alimentar a su gente.

El archivo no miente: El espejo de la gestión Fagúndez

La historia reciente de La Cruz demuestra que cuando hay empatía, las cosas se gestionan de otra manera. La vara de la asistencia social quedó muy alta tras la gestión de Carlos Fagúndez, quien habiendo cometido el mismo error de recortar los fondos al inicio de su mandato, tuvo el reflejo político y la sensibilidad de corregir el rumbo a tiempo. Fagúndez no solo habilitó los comedores necesarios en los barrios prestando un servicio nutricional ostensiblemente superior, sino que además incorporó clases de apoyo escolar para los chicos de primaria.

La asunción de Gortari en la provincia le quita todo el margen de maniobra a la intendencia de La Cruz. Calomarde debe decidir si mantiene los candados por un prejuicio de clase o si empieza a destinar el presupuesto municipal para paliar el hambre de su pueblo.