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PROVINCIALES

19 de mayo de 2026

Guaviraví: el intendente busca atenuar el costo político reduciéndose el sueldo tras ajustar a los trabajadores

Tras la difusión provincial y nacional del escándalo que envuelve a la localidad por despidos masivos, deudas salariales y la humillación de pagarle a los empleados municipales con vales de comida, el intendente de Guaviraví, Tomás Méndez Ribeiro, anunció en Radio Sudamericana un proyecto para bajarse la dieta junto a su viceintendenta. Lejos de ser un acto genuino de nobleza, la medida representa un manotazo de ahogado para contener el severo costo político que arrastra su gestión. Municipio y Provincia operan como copartícipes directos del modelo de exclusión que digita la Casa Rosada y hoy pretenden actuar como simples relatores de una miseria que ellos mismos avalaron.

El archivo de la prensa y la memoria de las comunidades del interior tienen una virtud innegociable: destruyen cualquier puesta en escena de la política tradicional. En las últimas horas, la declaración de la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa en el municipio de Guaviraví pretendió ser instalada ante la opinión pública como el escenario propicio para un supuesto gesto "heroico" y "austero" de su cúpula gobernante. Sin embargo, cuando se desarma el decorado, la realidad emerge con toda su crueldad.

En diálogo con la prensa capitalina, el jefe comunal Tomás Méndez Ribeiro confirmó que enviará un proyecto al Honorable Concejo Deliberante para solicitar la reducción de los sueldos del Ejecutivo y el cierre de la Secretaría de Coordinación y Planificación. Lo que el relato oficial intenta vender como el inicio de un plan de contingencia donde "la austeridad empieza por arriba", es en verdad el último capítulo de una sangría que se ensañó primero con los sectores más postergados de la administración pública local.

El verdadero orden de los factores: primero el látigo, después el maquillaje

Para entender el instinto de supervivencia política que esconde este anuncio, es obligatorio reponer el contexto específico que padece Guaviraví. Esta supuesta "solidaridad institucional" no llega de manera preventiva; llega después de que la gestión ejecutara despidos, acumulara sensibles retrasos en el pago de haberes y obligara a los trabajadores municipales que quedaron en pie a cobrar sus sueldos en cuotas (como ocurrió de manera oficial en el mes de marzo).

El subsuelo de la degradación laboral en la localidad vecina se tocó cuando la intendencia implementó la entrega vales

para cambiar por alimentos, transformando el salario en una cuasimoneda de subsistencia. El malestar social consecuente, sumado a la fuerte repercusión mediática que desnudó la precarización en toda la provincia, obligó al Ejecutivo a ensayar un control de daños. Reducirse la dieta hoy no es una convicción ética; es la necesidad imperiosa de frenar el repudio generalizado de una comunidad pequeña de estándares socioeconómicos vulnerables.

La pinza de la corresponsabilidad política

La crisis que atraviesa Guaviraví —que ya evalúa reducir la frecuencia de la recolección de residuos urbanos y ramas por el costo prohibitivo de los combustibles en el NEA— no puede analizarse como un fenómeno aislado o un castigo divino. Es el perro que se muerde la cola. El intendente reporta de forma directa a la estructura provincial de "Vamos Corrientes", conducida por el gobernador Juan Pablo Valdés y el senador Gustavo Valdés, los mismos actores políticos que le han otorgado un sistemático blindaje legislativo y político al programa de shock económico y motosierra que comanda Javier Milei desde la Capital Federal.

Prometieron en campaña que el ajuste fiscal lo pagaría la"casta" política, que los ingresos se dolarizarían y que se terminaría la corrupción. A mitad de 2026, la estafa electoral se choca de frente con los ojos del pueblo correntino: las partidas para comedores escolares llegan menguadas y precarizadas obligando a los docentes a pedir donaciones, las familias más empobrecidas revuelven los basureros de la región para poder alimentarse y los municipios se declaran inviables mientras los funcionarios nacionales exhiben un superávit de cartón en Buenos Aires a costa de la parálisis del interior productivo.

La incompatibilidad de la dirigencia local es total. No se puede levantar la mano en el Congreso para avalar el desguace federal y el Super Rigi, y luego regresar a la provincia a actuar como simples relatores de la malaria, quejándose porque los recursos coparticipables no alcanzan para encender una luminaria o mantener un camión andando. Las generales de la ley les caben a todos. Si tanto los intendentes como los gobernadores provinciales no se paran de manos con el rigor, la firmeza y la dignidad que esta crisis amerita para defender a sus pueblos, el silencio los transforma en copartícipes y cómplices del sufrimiento cruel e inhumano que se le exige al pueblo argentino.

Radio Éxito 105.1 | El valor de la palabra.

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