Las puertas cerradas y el sálvese quien pueda

La crisis que atraviesa la planta de hilados y telas de la firma Alal en Goya no es un hecho aislado; es el resultado directo de una política económica nacional que combina la apertura indiscriminada de importaciones, el aumento salvaje de las tarifas energéticas y un desplome histórico del consumo interno. Factores que volvieron inviable la producción y destruyeron una de las principales fuentes de empleo privado de la región. El pasado 25 de enero, la firma comunicó el cese definitivo. Al día siguiente, los obreros se encontraron con candados en los portones y los telegramas de despido en mano.

Detrás de las frías planillas de un concurso preventivo de acreedores hay rostros, hay historias y hay un dolor social que corroe la dignidad de nuestra gente. "Ya no sé qué hacer, la situación económica está mal. Me faltaba poco para jubilarme y tengo más de 60 años, no consigo trabajo", relató uno de los operarios a los medios, resumiendo el estado de vulnerabilidad absoluta en el que quedaron sumergidos quienes le entregaron su vida entera a la fábrica.

Ingeniería burocrática para dilatar la justicia

Lo que vuelve doblemente perversa esta situación es la telaraña judicial en la que han atrapado el reclamo obrero. Tras intensas protestas y movilizaciones en Goya durante febrero, la Justicia Laboral local había logrado un avance clave: dictar embargos preventivos sobre los bienes de la empresa para garantizar de manera urgente el cobro de, al menos, el 50% de las indemnizaciones.

Sin embargo, mediante una maniobra de centralización legal, el expediente fue absorbido por el concurso preventivo radicado en Reconquista, Santa Fe, donde el holding penaliza administrativamente sus operaciones. Al pasar la causa a otra jurisdicción, la orden de pago urgente dictada en Corrientes quedó desactivada y los trabajadores fueron obligados a empezar de cero.

Ahora, los despedidos deben afrontar la costosa burocracia de autenticar firmas y presentarse nuevamente como acreedores ante una sindicatura santafesina, teniendo como fecha límite el próximo 28 de mayo. Mientras los tiempos de la justicia comercial estiman que el proceso de concurso podría estirarse hasta abril de 2027, las familias de Goya se debaten entre la falta de respuestas y la urgencia cotidiana de llevar un plato de comida a la mesa, asistiendo de rodillas al naufragio de sus derechos laborales.