Una interna judicial que dilató la captura

El crimen de Ariel Santa Cruz, un peón rural cuyo cadáver fue hallado a finales de abril en la localidad correntina de Berón de Astrada, dio un vuelco decisivo este sábado. La Policía local hizo efectiva la detención de Maikon Samuel Viera, imputado por homicidio calificado por alevosía y por el uso de arma de fuego. Sin embargo, la captura dejó al descubierto una alarmante discrepancia de criterios en el seno del Poder Judicial.

El pasado 30 de abril, apenas 24 horas después del hallazgo del cuerpo, la fiscal María Andrea González (titular de la UFIC 3) ya había solicitado de forma urgente la detención de Viera basándose en los mismos elementos. En aquel momento, la jueza de Garantías María Cristina Sánchez rechazó llamativamente el pedido. Tuvo que cambiar el turno judicial para que una nueva jueza de Garantías, Agostina Falcione, evaluara la misma causa, diera la razón a la fiscalía y ordenara la inmediata detención del sospechoso, para la cual ahora corre un plazo de 72 horas para formular la imputación formal.

Un crimen ciego y planes de fuga

La hipótesis que maneja la acusación pública es sólida y apunta a un crimen motivado por celos. Según los testimonios recolectados, Viera habría asesinado a Santa Cruz luego de que una mujer, que había mantenido una breve relación con el sospechoso tras distanciarse de su concubino, decidiera cortar el vínculo para regresar con su pareja original. Para perpetrar el ataque, Viera habría utilizado un rifle de aire comprimido modificado para disparar munición calibre .22, un arma que habitualmente utilizaba para realizar tareas de caza.

La urgencia del planteo fiscal radicó en que el entorno del acusado ya preparaba una vía de escape. Un sondeo vecinal realizado el 14 de mayo confirmó que el padre de Viera —con quien el joven trabajaba— había comenzado a rematar de urgencia todas sus pertenencias con la clara intención de regresar a Brasil, país del cual son oriundos. "Existe un inminente peligro de fuga que torna necesaria la inmediata adopción de la medida", fundamentó la fiscal González, quien además alertó sobre el riesgo de obstaculización de la pesquisa, dado que todavía faltan peritajes clave en los teléfonos secuestrados y aún no se ha podido localizar el celular que la víctima llevaba consigo al momento de ser asesinada.