Mientras la gestión de Luis Calomarde financia el marketing del aturdimiento y la distracción, y garantiza sueldos de privilegio para parientes y amigos, el hambre se ha vuelto parte del paisaje frente al propio edificio municipal. Con un presupuesto millonario manejado en las sombras y un blindaje institucional que roza la ilegalidad, el gobierno local ha decidido que la dignidad de los vecinos más postergados es un gasto del que se puede prescindir.

Hay imágenes que deberían quebrar la conciencia de cualquier funcionario, pero en La Cruz la indiferencia parece ser la política oficial. A escasos metros del despacho municipal, donde se firman nombramientos de familiares y amigos, y se autorizan gastos suntuarios para fiestas y eventos, hay vecinos revolviendo tachos de basura. Esta no es una crisis accidental; es el resultado de una decadencia moral que ha transformado al Estado en un botín para unos pocos.

El cuento de que “no hay plata” se cae ante la contundencia de los datos. El municipio de La Cruz se aferra a un presupuesto prorrogado de 2021 que declaraba ingresos por 250 millones de pesos anuales. Una ficción contable que les permite ocultar la realidad y disponer discrecionalmente de, estimativamente, entre 300 y 400 millones de pesos mensuales —lo que proyecta una cifra de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos al año—. Esta maniobra permite un manejo discrecional de los fondos excedentes, impidiendo que los representantes del pueblo sepan en qué se gasta o cómo se reasignan las partidas.

Este oficialismo que hoy cierra los comedores y clausura la Secretaría Municipal de Salud Pública es el mismo oficialismo que no hace demasiado tiempo atrás —dos años o un poco más— reclamaba la reapertura de los comedores comunitarios y la autonomía y autarquía de la Secretaría de Personas con Discapacidad. Lo que lo hace doblemente perverso.

Ese excedente presupuestario que debería, entre otras cosas, estar sosteniendo a los comedores comunitarios hoy clausurados y a la Secretaría Municipal de Salud Pública hoy eliminada, fluye a través de las canaletas de la impunidad, divididas en dos vertientes claras:

La casta de los amigos: Un esquema de nepotismo y amiguismo donde el mérito ha sido reemplazado por el apellido, la obsecuencia y la afinidad personal. Cargos públicos convertidos en becas o premios para familiares, amigos de familiares y “socios políticos” que miran con una insensibilidad que espanta cómo el desprecio oficial condena al desamparo más absoluto a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.
El circo del aturdimiento: Gastos en marketing, pantallas gigantes, sistemas de sonido, luces y festejos diseñados para distraer, entretener y anestesiar a la sociedad. Es la perversión de gastar en aplausos frívolos lo que se le quita a la mesa del más necesitado.

Para que este saqueo sea posible, se ha montado una ingeniería del silencio con una mayoría automática de dos tercios (2/3) en el Concejo Municipal que funciona como un muro (de omertá) que impide el acceso a la información pública y al control del Departamento Ejecutivo, convirtiéndose en una suerte de guardia pretoriana más preocupada por proteger al “Rey” que, por representar los intereses del pueblo, de la gente.  Al designar, forzando la interpretación de la Carta Orgánica, a un “aliado” en el Tribunal de Cuentas, el gobierno de Calomarde ha logrado lo que todo régimen pseudodemocrático ansía: que el encargado de vigilar la caja sea el mismo que ayuda a vaciarla.

Aceptar con resignación que haya vecinos revolviendo basura para comer mientras en el Palacio el poder embriagado de soberbia celebra el banquete del privilegio y la impunidad no es solo una crisis de gestión, representa una tragedia que va mucho más allá de lo político: es el quiebre de nuestra esperanza colectiva. Es aceptar que ya no somos capaces de soñar con un pueblo mejor, de ver cómo la indiferencia oficial se devora nuestro destino y nos condena a la desesperanza, entregando nuestra dignidad al silencio y la insensibilidad de los que solo miran. Es el fin de la ética y la decencia pública.

Como bien decía don Raúl Alfonsín: “En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad”. En La Cruz, esa inmoralidad tiene nombres, apellidos y se sienta todos los días detrás de un escritorio municipal