Lo que para muchos conductores era una sospecha constante, hoy es una confirmación oficial del Boletín Oficial (Disposiciones 7 y 8/2026). La ANSV ordenó el retiro y la anulación de radares móviles ubicados entre los kilómetros 684 y 687 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Santo Tomé, Corrientes.

La auditoría reveló un panorama desolador en términos de seguridad jurídica: equipos con certificados de calibración vencidos, falta de documentación técnica y, lo más insólito, dispositivos que ya no estaban físicamente en el lugar declarado pero que seguían figurando como habilitados.

¿Control o recaudación?

La seguridad vial es una prioridad, pero no puede ser la excusa para montar "trampas de velocidad". Este proceso de depuración nacional deja al descubierto un sistema que, en muchos casos, priorizó la caja municipal por sobre la prevención de accidentes.

En Corrientes, y particularmente sobre la Ruta 14, el ciudadano se pregunta: ¿Qué pasa con las multas cobradas por estos equipos que hoy se declaran irregulares? La baja de estos radares no es solo un trámite administrativo; es la prueba de que se estuvo fiscalizando fuera de la ley, afectando el bolsillo de quienes transitan nuestra provincia en un contexto de movilidad social descendente donde cada peso cuenta.