Horas atrás la jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, confirmó que el máximo Tribunal del país, finalmente accedió al traslado del correntino Luis Bernardo Serpa Pucheta, acusado en Brasil de matar al abogado Rafael Sartori en 2009.
Según medios que citan fuentes oficiales de Brasil, Argentina concedió el pedido de extradición el viernes último y el acusado fue entregado por las autoridades locales a la Policía Federal brasileña en la Aduana de la ciudad de Paso de los Libres.
La situación no fue igual cuando el juez federal Carlos Soto Dávila rechazó un pedido similar de la justicia brasilera, cuando requirió la extradición de Eduardo Braun Billinghurst (34), Horacio Pozo (35) y Andrés Gallino Yanzi (39), quienes llegaron a la instancia del juicio en libertad y en tierra argentina. Once años después del incidente (ahora ya pasaron 12) que le costara la vida al joven Malvino, la jueza Elaine de Souza Freitas decidió, a principios de marzo de 2017, elevar la causa a juicio acusando a Braun Billinghurst por “tentativa de homicidio agravado por alevosía” y a Pozo y Gallino por “lesiones corporales con resultado muerte”. Este fallo de la Corte que sienta precedente, pone en riesgo la libertad de los tres acusados en caso de ser condenados por la justicia brasilera.

CASO SIMILAR

Pucheta fue alojado en la Penitenciaría Modulada de Uruguaiana, donde aguarda el juicio penal por un crimen ocurrido hace nueve años y que no ha tenido desenlace debido a una cadena de recursos con los que el imputado logró la postergación de su extradición, similares al caso Malvino. Serpa Pucheta había cumplido prisión preventiva por cuatro años en la Argentina, algo que no ocurrió con Braun Billinghurts, Pozo y Gallimo Yanzi por una gentileza judicial de Soto Dávila. Asimismo Serpa Pucheta en los últimos cinco permanecía en libertad en Paso de Los Libres.
Según la reseña del caso publicada por la Corte Suprema de Justicia, en agosto de 2011 el máximo tribunal dispuso la extradición pero el Estado argentino se acogió a la facultad de resolver “la postergación de la entrega del reo hasta satisfacer las prioridades de su derecho a la represión penal”, indica el expediente.

Fuente:diario1588.com