La ruta del dinero: De los baches a la timba financiera

La denuncia de la FAM es concreta y demoledora. Según la Ley 23.966, el Impuesto a los Combustibles tiene una afectación específica: el dinero que cada argentino paga al cargar nafta debe ir directamente al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para mantener rutas y vías ferroviarias.

Sin embargo, los números no cierran:

Lo que debió transferirse a Vialidad: $2,25 billones.

Lo que Caputo efectivamente transfirió: $1,2 billones.

El "agujero" negro: $1,15 billones que, según los intendentes, fueron desviados al circuito financiero para pagar intereses de bonos y alimentar la especulación.

Un desvío ilegal en plena crisis

Para los intendentes, esta maniobra no es solo una decisión política, es un delito. "Caputo está usando la plata de las rutas como seguro de cambio para los especuladores que ganan fortunas apretando un botón", denunciaron desde la federación.

Solo en el primer trimestre de 2026, el Gobierno ya recaudó 1,5 billones de pesos por este impuesto. Ese dinero no bajó el precio del combustible ni se vio reflejado en una sola máquina trabajando en las rutas del interior; simplemente "desapareció" en el balance del Banco Central.

Unidad frente al ahogo

Lo llamativo de este reclamo es la transversalidad. La comisión que impulsa la denuncia incluye no solo al peronismo, sino también a intendentes de partidos vecinalistas, radicales y de Juntos por el Cambio. El diagnóstico es común: los recursos se acabaron y la demanda social en los municipios se duplicó.

"Si no somos escuchados, no tenemos más opción que la vía judicial", concluyeron los mandatarios, mientras en los pasillos de Comodoro Py ya se rumorea que las investigaciones por estos desvíos de fondos específicos están comenzando a incomodar a la Casa Rosada.