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24 de abril de 2018

Valdés critica las asimetrías en las tarifas públicas

Recordó que en Corrientes se paga más que en Buenos Aires. El Gobierno nacional pide un esfuerzo conjunto con las provincias para amortiguar el impacto del tarifazo.

El Gobierno nacional y las provincias vienen llevando arduas negociaciones, para intentar amortiguar el efecto del aumento de las tarifas energéticas. La Nación ha planteado ayer un esfuerzo conjunto para aliviar el impacto financiero de las subas en los bolsillos de los usuarios.

En tal sentido, el gobernador Gustavo Valdés anticipó la postura de la provincia en la reunión del Consejo Federal de Energía que ayer debatía sobre tarifas, y sostuvo que deben revertirse desigualdades que persisten entre provincias. En la mencionada reunión estuvo el secretario de Energía de la Provincia, Eduardo Melano, además del titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo. Valdés criticó las desigualdades que primaron hasta ahora entre las tarifas de servicios públicos en el interior del país y las de Buenos Aires. Ayer se pedía a los distritos que colaboren para poder mantener sin cambios la tarifa social, que beneficia a los usuarios con más necesidades económicas. El Gobierno nacional y las provincias avanzaban en la negociación para amortiguar la suba de tarifas. En el encuentro que mantuvo ayer a la tarde el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con sus pares provinciales acordaron que los gobernadores harán un esfuerzo para compartir el costo de la tarifa social, pero pidieron tiempo para bajar los impuestos internos que podrían hacer bajar parte de la suba de tarifas. En el caso de Corrientes, no existen impuestos provinciales sobre el servicio energético, por lo que no quedaba claro cuál sería el aporte correntino a ese esfuerzo conjunto que planteaba la Nación. De todos modos, la mayoría de las provincias estuvo de acuerdo en destinar fondos para la tarifa social, aunque muy pocas pusieron reparos por el posible costo fiscal. Las negociaciones continuarán en el ámbito del Ministerio de Energía nacional. En principio, la idea es que la Nación financie un 50 por ciento de la tarifa social de gas y que cada provincia se haga cargo del otro 50 por ciento. "Varias provincias apoyaron y otras dieron el ok financiero pero tienen que validarlo políticamente con los gobernadores", explicaron los voceros. El hecho es que el Gobierno nacional y representantes de al menos 17 provincias alcanzaron un "principio de acuerdo" para "cofinanciar" en partes iguales la denominada Tarifa Social y empezar a bajar la carga impositiva sobre las facturas de gas natural por red, servicio del que carece Corrientes, excepto en muy pocos casos en la zona de Paso de los Libres.   DESAFÍOS   El cofinanciamiento de la Tarifa Social representa un desafío económico para las provincias, donde los gobernadores podrán avanzar a través de decretos; pero la reducción impositiva deberá ser sometida a evaluación de las Legislatura porque existen impedimentos jurídicos para aplicarlo. El objetivo de estas medidas impulsadas por la administración de Mauricio Macri es aliviar las boletas que los usuarios de gas por red reciben en sus domicilios, principalmente en los meses del invierno en los que el consumo del fluido crece en forma exponencial. Los voceros indicaron que en este encuentro se habló exclusivamente de las tarifas de gas, y que en un próximo encuentro se tratará las de energía eléctrica. Según explicaron desde el Ejecutivo nacional, se trata de 460 millones de pesos que serán costeados entre el Gobierno y cada provincia. En medio de estas negociaciones, trascendieron ayer declaraciones del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien advirtió que "tenemos que sentarnos a rediscutir cuál es la relación fiscal entre la Nación y las provincias, porque si las provincias se van a hacer cargo, como se hacen cargo de la Salud, de la Educación, de la Seguridad, de la Justicia, y aparte de todo eso, el Gobierno nacional se queda con el 75 por ciento de los recursos, y te van a plantear que te hagas cargo de subsidio de las tarifas, hay algo que a mí no me cierra".

Aportes y desacuerdos
Según explicaron ayer fuentes del Poder Ejecutivo nacional, se estima en alrededor de 460 millones de pesos los que deben ser costeados entre el Gobierno y cada provincia para atenuar el alza de las tarifas energéticas. En lo que aún no hubo acuerdo es en el tema de los impuestos, pese a que Macri pidió ayer que los mandatarios bajaran las tasas que se agregan a los servicios públicos, como ya cumplió María Eugenia Vidal. Incluso desde distritos oficialistas se mostraron reticentes respecto de la medida. En Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, anticiparon que en la provincia norteña "no tendrá ningún impacto a la baja de tarifas, puede que se haga como un gesto político, pero tomar esta medida para que no cambie nada no tiene mucho sentido". En tanto que en Mendoza, desde el gobierno del radical Alfredo Cornejo aseguraron al portal La Política (LPO) que no tienen más que bajar puesto que la provincia cobra el 3 por ciento en los servicios públicos (en agua no cobra), por ello no llega al mínimo del 4 por ciento que exige el Gobierno. Los gobernadores peronistas, por su parte, no recibieron de buena forma la propuesta oficialista. "Va a ser imposible, la provincia ya está ayudando a la gente más de lo que Macri está pidiendo. Actualmente estamos otorgando subsidios por 300 millones de pesos al año, para que la población y los productores no sufran tanto el impacto de la suba de tarifas", sostuvieron desde la gobernación de La Rioja.
  Piden revalúo del precio de regalías Desde la provincia de Entre Ríos se insiste en que el Estado nacional realice un reajuste en el precio fijado para pagar las regalías y excedentes que percibe esa provincia junto a Corrientes y Misiones. Además, piden que se paguen regalías y excedentes con energía, un reclamo que es coincidente con lo que había planteado Corrientes respecto a las regalías de Yacyretá. Senadores provinciales de Entre Ríos presentaron un proyecto de comunicación para que se restituya a Entre Ríos la energía generada por la represa de Salto Grande, por ser generadora y dueña de la misma. La Ley 24.065 permite que las generadoras reciban energía en una cantidad equivalente al precio que corresponde por tales beneficios. Eso es lo que se solicita en el proyecto, que a los efectos de la entrega de energía -por el porcentaje que corresponde a la provincia- el precio sea equitativo e igual que aquel que se abona a las empresas privadas, toda vez que éstas perciben aproximadamente 1.400 pesos el kilowats cuando a Salto Grande se le abona por el mismo concepto 240 pesos.   Fuente:www.diarioellibertador.com.ar

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