PROVINCIALES
21 de marzo de 2026
Escándalo en Corrientes: Descuentos de hasta $800.000 en sueldos docentes desatan la furia gremial
El SUTECO denunció recortes "ilegales y arbitrarios" en los haberes de marzo que superan en muchos casos el 50% de los ingresos. El gremio anunció medidas de fuerza judiciales y la instalación de "Carpas Blancas" en toda la provincia desde el 25 de marzo.
El clima educativo en Corrientes alcanzó un punto de máxima tensión este sábado, cuando miles de docentes advirtieron en sus recibos de sueldo recortes drásticos. Según informó el sindicato SUTECO, se registraron quitas que oscilan entre los $300.000 y los $800.000, afectando de manera directa el sustento básico de las familias trabajadoras.
El origen del conflicto: El Decreto 355/24
La provincia aplicó descuentos sobre los códigos 193 y 632 (Complemento Docente Provincial), transformados por el Ejecutivo en una suerte de "Ítem Aula" o presentismo. El secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez, calificó la medida como "una barbaridad sin marco legal de sustento", ya que la normativa aplicada está actualmente recurrida ante la justicia y no tiene resolución firme.
Contexto y medidas de acción
El recorte se da en un escenario de pérdida sistemática del poder adquisitivo. Mientras los docentes reclaman salarios por encima de la línea de pobreza, inversión en infraestructura escolar y el funcionamiento del IOSCOR, la respuesta oficial fue el descuento por la adhesión a la medida de fuerza nacional del pasado 2 de marzo.
"Es un amedrentamiento contra los docentes que estamos demandando un aumento justo", señaló Ramírez, quien adelantó que desde el próximo miércoles se instalarán Carpas Blancas en las plazas de todos los municipios de Corrientes como símbolo de resistencia y unidad docente.
Interrogantes sobre la legalidad
Desde abril de 2024, existen planteos de inconstitucionalidad contra el Decreto 355/24, por atentar contra el Estatuto del Docente y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sin embargo, la celeridad para aplicar los descuentos contrasta con la lentitud judicial para resolver sobre el fondo de la cuestión.
¿Se puede hablar de educación de calidad cuando se confisca la mitad del salario de quien debe enseñar?
