El abismo de la coparticipación: las provincias perdieron casi $1 billón en el primer bimestre
Mientras el ministro Caputo proyecta un "abril de alivio", los números del CEPA y el IARAF confirman una sangría de recursos federales que asfixia a las administraciones locales. Corrientes ya registra una merma de $34.726 millones, condicionando la pauta salarial de todo el 2026.
La tensión entre la Casa Rosada y las provincias entró en una fase crítica este 8 de marzo. La caída de la recaudación nacional no es solo una estadística de Excel; es una realidad que golpea las arcas de 15 jurisdicciones que ya empezaron a abroquelarse.
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La sangría de recursos: El informe del ex-Aduana Guillermo Michel y consultoras privadas coinciden: $964.619 millones es lo que dejaron de percibir las provincias por coparticipación en solo dos meses.
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Corrientes en la mira: Con una baja de $34.726 millones, el ministro Rivas Piasentini advirtió que el escenario es "altamente negativo", pese a lo cual el gobernador Valdés anunció un aumento del 6% como "primer paso" de un año que será de resistencia presupuestaria.
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La contraofensiva de los Fiscales: Ante el temor de que Nación impulse una reforma de la Ley de Coparticipación "a dedo", los Fiscales de Estado (con el correntino Horacio Ortega presente) ya conformaron una comisión para unificar una postura federal. No están dispuestos a ceder más Ingresos Brutos sin recibir los fondos correspondientes por las responsabilidades transferidas.
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En medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que acorrala al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, el senador nacional por Corrientes, Eduardo “Peteco” Vischi (UCR-Vamos Corrientes), reclamó públicamente su apartamiento preventivo afirmando que el caso "inmoviliza al Gobierno". Sin embargo, detrás del duro cuestionamiento institucional y de sus repentinas críticas al "machetazo" económico, se esconde una maniobra de fuerte oportunismo político: los mismos sectores que traccionaron el voto a Javier Milei en el balotaje y que garantizaron con sus manos las leyes de ajuste en el Congreso, intentan ahora despegarse del desgaste oficialista. El trasfondo revela el inicio de un "Plan B" impulsado por el poder fáctico y el establishment, buscando abrirle camino a figuras como Patricia Bullrich mientras simulan tomar distancia de la crisis.
Un riguroso análisis regional del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC reveló que el Nordeste (NEA) cerró mayo con una inflación mensual del 2,6%, convirtiéndose en la región más cara de la Argentina y ubicándose por encima del promedio nacional del 2,1%. El dato consolida un patrón de desigualdad estructural donde las provincias del Norte enfrentan los mayores niveles de ajuste del país: el rubro de vivienda y servicios trepó un escandaloso 8,4% en el mes —triplicando la media nacional— debido al costo del gas en garrafa y los alquileres. Además, en lo que va de 2026, el NEA ya acumula una inflación del 17,6%, liderando el ranking de la pérdida del poder adquisitivo.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, acumulando un 14,7% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 33,2%. A pesar del triunfalismo del oficialismo, una lectura crítica y didáctica del índice desnuda las falacias del "dibujo" oficial: el organismo se encuentra intervenido de hecho por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y utiliza métodos de medición atrasados por más de dos décadas que no reflejan el impacto real de las tarifas en el bolsillo. Además, la cifra oficial confirma el fracaso de las metas del Gobierno de Javier Milei, que había proyectado un techo inflacionario de 10 puntos para todo el año y terminó desbordado holgadamente antes del primer semestre.
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