A contramano del apuro del gobierno, que desea desplazar cuanto antes el obstáculo judicial para aplicar el incremento de la tarifa de gas, ayer la Corte Suprema de Justicia giró a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el grueso expediente derivado de los amparos contra esa medida.

Por decisión de todos los integrantes del máximo tribunal, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, la polémica procuradora deberá emitir un dictamen con su opinión sobre la validez o no de las subas.

La opinión de la Procuración no es vinculante, o sea que la Corte no tiene obligación de adoptar su criterio, pero como se prevé que Gils Carbó responderá dentro de una semana, el trámite retrasará los planes del gobierno, que pretende una rápida definición judicial del asunto.

La semana pasada, el gobierno nacional presentó ante la Corte el informe técnico con el detalle de la situación tarifaria en materia de gas en todo el país, previa a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería que definieron los nuevos cuadros tarifarios, por ahora suspendidos judicialmente. El informe, presentado por el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, consta de 80 páginas y se elevó a raíz de un pedido formulado por la Corte el 12 de julio.

La modificación tarifaria del gas está suspendida, hasta que el máximo tribunal se expida sobre las impugnaciones judiciales que surgieron en todo el país.

Cuestionamientos
Mientras, la convocatoria a audiencias públicas sobre el ajuste tarifario en los servicios públicos que hizo el gobierno, fue evaluada críticamente por referentes de los usuarios.

Osvaldo Riopedre, abogado de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios (Adecua), dijo a radio Continental que "hay que ver cómo sale la resolución" de la convocatoria. "Esto de audiencia ‘informativa’, me parece que no va a cumplir los requisitos. Vamos a perder tiempo. Va a haber impugnaciones", pronosticó. "No es lo mismo que las tarifas en Capital aumenten 600 por ciento a las personas que pagaban 40 pesos, o que aumenten lo mismo en Córdoba, para usuarios que pagaban 300", explicó.

A su vez, Héctor Polino, de Consumidores Libres, manifestó que el gobierno "sigue incumpliendo sus obligaciones. No sirve la audiencia de la que habló Aranguren, si no se le da participación a los usuarios no está en línea con lo que establece la Constitución".