Por Gabriel Calisto
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Con la preocupación por los tarifazos como pantalla, intendentes del conurbano bonaerense que militan en el peronismo avanzaron en la diagramación de un proyecto de ley. El objetivo: conseguir mayor control y participación en la lucha contra la inseguridad. “La cuenta es simple. "Si hay un robo, una entradera o un asesinato, los vecinos vienen a golpear la puerta de la intendencia, no de la gobernación”", le dice a “Crónica” uno de los participantes del encuentro de Ituzaingó, que gobierna distrito con fuerte peso numérico dentro de la provincia.

La propuesta, esperan, podrán presentársela a la gobernadora María Eugenia Vidal antes de avanzar con su tratamiento en la Legislatura bonaerense. En ese ámbtio saben que tienen la venia de sus pares del Frente Renovador, de Sergio Massa, que tampoco están conformes con la poca consulta que reciben por parte del Ejecutivo bonaerense.

“"Los intendentes pagamos el combustible de los patrulleros, los sueldos de los policías locales, los arreglos de los equipos de seguridad y muchas otras cosas. Pero no tenemos incidencia en la política de seguridad”", añade a este diario el jefe comual de Escobar, Ariel Sujarchuk. "“Queremos participar en la toma de decisiones, y control total de la Policía Local”", explica.

Durante el debate, del que participaron todos los sectores del peronismo bonaerense, algunos propusieron ir aún más allá y reclamar el control del sector de “prevención” de la Policía Bonaerense. Básicamente, dirigir las comisarías de cada municipio. El argumento de los jefes comunales persigue el objetivo de poder incidir más en las políticas de seguridad. Pese a eso, aseguran, no hubo críticas al ministro Cristian Ritondo. “"Esto no es un problema personal, al contrario"”, añadió el jefe comunal de Escobar.

Rosca y reclamos

No faltaron quienes hicieron una lectura política, al ver al peronismo unido, días después de la llegada del ex massista Joaquín De la Torre al gabinete de María Eugenia Vidal, que logró sumar a Cambiemos a un puñado de intendentes que militaron en el FpV. En ese marco, el encuentro sirvió también para que algunos hagan catarsis sobre el impacto social del tarifazo aplicado por el gobierno nacional. Al aumento en el delito básico, que suponen derivado de las necesidades de población vulnerable, se sumó la importante caída de recaudación de tasas municipales. “"La gente paga el gas para que no se lo corten, el alumbrado y barrido no podemos cobrarlo a la fuerza"”, lamentaron.