El radar no puede ser “un cazabobos”, dijo ayer el ministro de Gobierno, Jorge Franco, al ser consultado sobre las fotomultas instaladas en los municipios de Candelaria y Garupá. Similares sistemas de controles se extienden a varias provincias. El Territorio accedió a una copia del contrato y detalla los compromisos que asumen los intendentes con las empresas prestadoras de este servicio.
 A su vez, ayer, en la localidad correntina de Alvear, la radio FM Aguapey, entrevistó al abogado Roberto Bondar quien también aconsejó “no pagar” las multas, porque de lo contrario se “convalidan las actuaciones irregulares”.
El letrado sugirió hacer el correspondiente descargo administrativo, “vía correo postal si es por carta; si es carta documento, hacerlo por la misma vía”. 
Como también plantearon los Defensores Oficiales del país, propuso “no pagar porque convalida las actuaciones irregulares. Si no tiene autorización del Congreso Nacional que haya cedido la jurisdicción de las rutas nacionales a los municipios respectivos o que Vialidad Nacional haya aprobado la colocación de radares, no hay que pagar ningún tipo de multas; porque el procedimiento es nulo, de nulidad absoluta”.
Por su parte, el ministro Franco recordó ayer que “el radar tiene que ser una herramienta que ayude a la seguridad vial”. 
Por ello consideró que “cuando se pone un radar por una mera cuestión recaudatoria se está equivocando el objetivo”.
Indicó que todo ciudadano que se sienta afectado en su derecho, “tiene la posibilidad de presentarse ante la Justicia y peticionar que se le garantice un derecho”.

Ajustarse a las normas
El funcionario provincial indicó que la instalación de los radares “tiene toda una norma, nuestros radares fijos y móviles la contienen”. Recordó que la Provincia “ha instalado patrulleros en las rutas, radares fijos y móviles”, para lo cual capacitaron al  personal policial.
Por ello, planteó que las fotomultas no pueden ser “un cazabobos. El radar tiene que ser una herramienta que ayude a la seguridad vial”. Advirtió que  uno de los objetivos es tratar de salvar vidas y evitar que los ciudadanos se lastimen. “Entonces, buscar las cuestiones recaudatorias con las tecnologías que permitirían prevenir accidentes, me parece que el ciudadano tiene todo el derecho de presentar su queja a la Justicia”.
Además añadió que “si los radares no están homologados por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), si no cumplen la norma nacional, indudablemente que no están dentro del marco para el cual han sido creados”.

Más obligaciones a municipios 
Este medio pudo conseguir dos ejemplares del “Convenio para Procesamiento y Gestión de Cobro de Infracciones de Tránsito” para la puesta en marcha de las fotomultas.
Uno es el acuerdo con la Empresa Extrategic Group SA con domicilio en calle Juana Fadul 323 de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y representada por el apoderado legal, Alejandro José Abeliansky. Otro convenio similar es de la Distribuidora Sertran SA con domicilio en Bolívar 1438, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Virginia Mónica Guala, en carácter de apoderada.
Entre otras cuestiones se estipula que las administraciones municipales deben pagar 2.500 pesos mensuales por cada equipo de fotomultas. A la hora de repartir las ganancias de lo conseguido por las infracciones, por ejemplo, la empresa Sertran S.A. se queda con el 70 por ciento de lo percibido en concepto de multas por “contraprestación de los servicios”. A la comuna le queda el 30 por ciento restante. Esa desigual distribución se mantiene para los títulos de deuda en la faz prejudicial. 
Pero las ganancias de la empresa no quedan allí. Ya que por cada multa efectuada, la empresa deberá recibir desde las arcas comunales 22 unidades fijas (cerca de 143 pesos) por “gastos administrativos”. 
El plazo del contrato de servicios dura diez años, “quedando renovado automáticamente por igual lapso”, para ambas empresas.
Además según el convenio de servicio, la cantidad de las obligaciones de la respectiva comuna doblan en número a las de la empresa.   En un apartado se agrega que “la Empresa se exime de la obligación de rendir cuentas a la Municipalidad respecto de las cobranzas que realice a través de los profesionales designados ... respecto a las resoluciones administrativas títulos de deuda”.
Aunque los papeles se invierten en otro artículo. Porque  “de todos los importes ingresados por los conceptos del presente convenio, la Municipalidad deberá efectuar las correspondientes rendiciones a la Empresa. Dichas rendiciones se enviarán semanalmente por correo electrónico”. 
Se renuevan las disparidades a la hora de rescindir el convenio.
La comuna no podría hacerlo, pero sí la firma. “La empresa se reserva el derecho de rescindir el presente convenio cuando acreditare que los montos percibidos no cubren suficientemente los gastos operativos del servicio, sin que ello genere para las partes el derecho de reclamo indemnizatorio de ningún tipo. 
Asimismo la falta de pago injustificado a la empresa, la autoriza “a suspender el servicio con justa causa, sin necesidad de intimaciones previas, reservándose el derecho a promover las acciones judiciales en resguardo de sus intereses”.


Algunas recomendaciones 
Dos de los vecinos posadeños perjudicados por el sistema, Silvina Flores y Alejandro Szeliga, empezaron a contactarse con gente que padeció el mismo problema. Averiguando sobre el problema en internet, otros damnificados les recomendaron el portal www.ciudadyderechos.org.ar de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires. Allí se provee a ciudadanos algunas pautas sobre el tema de las fotomultas. En el escrito se determina que aparecen los sistemas de control inteligente de tránsito que a partir de la utilización de radares o equipos electrónicos permiten la captación de infracciones a través de fotografías (las “fotomultas”). En nuestro país es aplicado en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias y municipios.
Para que las fotomultas tengan plena validez se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos técnicos y legales. Pues la aplicación de nueva tecnología en materia de tránsito vehicular, sostiene “no debe hacernos olvidar que la finalidad de las infracciones debe ser, principalmente, de carácter preventivo y no meramente recaudatoria”. Deberá contemplar como mínimo: la identificación del vehículo; la infracción cometida; el lugar, día y hora en que se produjo la misma; los equipos y sistemas que se utilicen con la finalidad señalada deberán contar con aprobación conforme lo dispuesto en el Apartado 9.5 del Anexo T (Sistema Nacional de Seguridad Vial) del citado reglamento. 
Además la respectiva notificación al infractor deberá hacerse in situ, es decir en el lugar de la transgresión legal. 


Colocarán cerca de 30 cámaras de seguridad en Eldorado

POSADAS. El gobernador, Maurice Closs, resolvió mediante decreto la compra de cámaras de seguridad para la ciudad de Eldorado.
Esto lo anunció ayer el ministro de Gobierno, Jorge Franco, en Casa de Gobierno al participar de las entregas de certificados a empleados de la administración pública que participaron del curso de informática básica. Según el ministro, la dotación de las cámaras de seguridad se encuadra ante el interés del Gobierno provincial, “de poner en agenda el tema de seguridad y en respuesta a los intensos reclamos de los vecinos de Eldorado que peticionaban contar con las cámaras de seguridad que serán instalados una vez terminado el trámite administrativo del Estado”. 
De acuerdo a Franco se colocarán alrededor de 30 cámaras. Además se complementará con la incorporación del Sistema 911 y de comunicación con los patrulleros y el sistema de emergencia, como se hizo en Posadas. 

Efectivos y seguridad
Franco se refirió también a cómo se encuentra la seguridad en la provincia. En la actualidad, Misiones cuenta con 6.700 policías. “Condición óptima de cantidad de efectivos”, observó. No obstante adelantó que “serán incorporados 150 efectivos que van a ser exclusivamente para seguridad vial”.
Dijo que en julio también podrían sumarse más agentes, contemplando las posibilidades de retiros de la fuerza.
Destacó que el índice de criminalidad es baja, comparado a los que registra la Nación. 
Tomando los niveles de denuncias  aseguró que “existió una merma por lo que rondaría los 17.000 este año. Esto, cuando se tenía alrededor de 25.000 denuncias en el 2002”.