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8 de febrero de 2015

Conflictos institucionales judicializados, la antesala de las urnas para renovar bancas

El 2013 estuvo plagado de disputas por las impugnaciones a quienes buscaban su re reelección. Pero el año pasado, aunque no había contiendas electorales, continuaron viejos litigios y surgieron otros. Ahora, a pocos meses de la renovación parcial de los Concejos, el STJ debe resolver casos como el de Santa Rosa y Mercedes. A ellos se suman otros como el de Esquina, Loreto y Gobernador Martínez.

CYNTHIA CASCO ccasco@ellitoral.com.ar CONTROVERSIAS ENTRE EDILES Y EJECUTIVOS DE VARIAS COMUNAS Los conflictos institucionales que luego derivaban en el inicio de un expediente en un Juzgado o directamente en el Superior Tribunal de Justicia, por lo general tenían su origen en años electorales. Sin embargo, el 2014 fue atípico y en este inicio de 2015 las cosas parecen seguir igual. Aunque el año pasado no hubo competencia por los votos, en distintas comunas se registraron disputas protagonizadas por concejales e intendentes. Inclusive varias de ellas persisten y están a la espera de nuevos fallos mientras ya comienzan a delinearse las alianzas con vistas a los próximos comicios en los que se renovarán bancas. Santa Rosa es uno de los casos más emblemáticos no sólo porque los actores del conflicto eran parte del mismo frente gobernante, sino por lo que podría implicar la resolución que hasta ahora está en la jurisdicción del Superior Tribunal de Justicia. Hasta diciembre del 2013 cuando asumió Marcelo Otazo como intendente y Juan José Encinas como vice, todo parecía indicar que el oficialismo comunal -nucleado bajo la lista del partido Conservador Popular -tendría una gestión sin demasiados inconvenientes. Así esperaban que lo fuera al menos en el escenario político, ya que conservaba la mayoría en el recinto. Situación que -en los primeros meses del 2014- comenzó a cambiar a partir de una serie de cuestionamientos que al principio señalaban que respondía a pequeños malentendidos dentro del Ejecutivo. Pero las objeciones comenzaron luego a escucharse desde la bancada oficialista del Concejo hacia quienes estaban al frente del Municipio y después se tradujeron en una denuncia rubricada por un grupo de pobladores que cuestionaban la administración de los recursos comunales. Ese planteo fue la base para que el 16 de septiembre, la mayoría de los ediles avalara el inicio del proceso de juicio político a Otazo y Encinas, quien una semana después presentó su renuncia indeclinable a la Viceintendencia. Su  dimisión no pacificó las relaciones entre ambos poderes comunales, por el contrario, comenzaron a profundizarse las posturas. Por un lado, los ediles Daniel López, Martín Martínez, Pedro Maidana, Mirta Ferragut, Teresita Abraham y Mariela Lator exigían rendiciones de cuentas. Por el otro, Otazo con el apoyo de Encinas aseguraban que las cuentas estaban en orden y planteaban que los cuestionamientos respondían a intereses políticos. Cada una de las partes sostuvo las bases de sus argumentos en la audiencia del 21 de noviembre que convocó el STJ precisamente para dirimir el conflicto institucional en el marco del cual los ediles habían suspendido al Intendente que se negaba a dejar el cargo por considerar que era ilegal la sanción. Ese mismo día, los ministros por unanimidad resolvieron ordenar la restitución del Intendente y que éste en un plazo de 30 días presentara una serie de documentaciones que acreditara un correcto manejo de las cuentas públicas. Al mismo tiempo que estableció que los concejales readecuaran el proceso de juicio político.   Continuidad En cumplimiento de lo dispuesto por el STJ, el Intendente aseguró haber hecho las presentaciones solicitadas y los ediles haber readecuado el enjuiciamiento. Fue así que reiniciaron el proceso que el pasado 30 de enero derivó en la resolución 74  a través de la cual por seis votos a favor y uno en contra, el cuerpo deliberativo destituyó al jefe comunal Marcelo Otazo y tomó juramento en su reemplazo al presidente del legislativo, Pedro Maidana. Sin embargo, éste no intentó hacerse cargo del Ejecutivo porque junto a sus pares manifestaron que no usarían la fuerza para hacerlo. Denunciando en este punto que un familiar y personas allegadas al titular del Ejecutivo tomaron el Municipio. En tanto, Otazo también ratificó que no dejaría su lugar alegando que fue electo por el 75% de los votos y que había irregularidades en el juicio político. Las dos partes hicieron presentaciones en el STJ: el Intendente espera que se anule la destitución y la mayoría de los ediles que se ratifique la sanción, asuma Maidana para después llamar a un plebiscito en el cual la población definiría si Otazo continuaría o no al frente de la Comuna de Santa Rosa.  Mientras esperan esta definición judicial, cada sector comienza a delinear sus estrategias con vistas a los comicios en los cuales se renovarán cuatro de las siete bancas.   Fondos y versiones Mercedes es otro de los distritos donde los conflictos y las judicializaciones no cesaron con las elecciones del 2013. Primero, el intendente electo Víctor Cemborain debió acudir a la Justicia para asumir ya que el Concejo consideraba que estaba inhabilitado para hacerlo y en su lugar tomó juramento al vice  Raúl Levy (UCR). Acontecimiento que significó el quiebre -al menos de una parte- de la alianza Cambio Solidario que permitió el triunfo a la fórmula comunal. Después, en el tercer trimestre del año pasado se generó otra controversia con el Concejo, donde la oposición tiene mayoría. Cemborain, a partir de abril  comenzó a enviarles fondos ajustándose al tope del 4% fijado por la Constitución y la mesa directiva del legislativo reclamo el 6,68% de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto municipal. Esta discusión se trasladó al STJ que el 15 de diciembre le ordenó a Ejecutivo a reintegrarle los fondos adeudados al recinto. Sentencia que debía cumplirse el pasado 15 de enero pero que hasta ahora no se habría efectivizado. Sobre esto, en  reiteradas oportunidades, el jefe comunal había manifestado que el Municipio no estaba en condiciones de depositar más de $1 millón al legislativo.    Mientras que en los últimos días surgió la versión de que el Concejo podría suspender al Intendente, de cuyo entorno estarían convocando a la población a expresar su apoyo a la gestión en la sesión de mañana a las 10. Desde el bloque de la oposición dicen que aunque consideran que tienen causas para suspenderlo, no es un tema que esté en el orden del día. En paralelo, más allá de esto, los diferentes partidos ya piensan si irán solos o en una alianza para competir por los seis lugares que se renuevan.   Citación También en Loreto surgieron cuestionamientos desde el Concejo al Ejecutivo por la administración de los recursos, por lo que inclusive el jefe comunal Sebastián Torales  fue a brindar informes al recinto. Allí aseveró que no existen anomalías en su gestión que comenzó en diciembre del 2013. Sus explicaciones, según los tres ediles que integran el Legislativo, no los convencieron, por lo que desaprobaron los balances del primer y segundo trimestre del año pasado. Luego, expresaron que -tal como establece la Ley Orgánica de Municipios- informaron del caso a la Justicia. Y en ese marco, el miércoles venidero están convocados a declarar. Por lo que estimaron que se iniciará una investigación. En tanto, en Gobernador Martínez aún está pendiente de resolución la controversia que se generó dentro del cuerpo deliberativo y tras lo cual surgieron versiones cruzadas sobre supuestas amenazas. Pero lo cierto es que la mayoría de los ediles resolvió suspender a la viceintendenta Fabiana Sánchez (FPV)  como presidenta del Concejo. En su lugar, asumió Nélida Galvez (ECO). Si bien, la Vice cumplió la sanción argumentando que lo hacía para conservar la paz en el ámbito municipal, anticipó que cuando se inicie el período ordinario 2015, reclamaría la Presidencia del Concejo. Distrito en el cual la alianza por la cual el jefe comunal Miguel Perez ganó los comicios hasta ahora no tiene mayoría en el Legislativo. Números que intentarían revertir en los próximos comicios.   Juicio A diferencia de los casos anteriores, en Esquina el conflicto se da dentro del cuerpo deliberativo, donde la mayoría decidió suspender a una de sus integrantes para iniciar un proceso para definir si la somete o no a un juicio político por la presunta agresión a una joven.  La edil cuestionada acudió a los estrados judiciales objetando la constitucionalidad de los artículos 179 y 180 de la Carta Orgánica que establecen el sistema de enjuiciamiento. Idéntica postura adoptaron sus pares para defender la legalidad del juicio político, por lo cual el caso ahora deberá ser resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Así, por un lado del STJ tiene la responsabilidad de resolver los conflictos institucionales de al menos dos Comunas mientras en otros Juzgados locales se definirá si avanzan o no los cuestionamientos en otros distritos. En paralelo en cada población los partidos ya se preparan con vista a lo que será una nueva contienda electoral, esta vez para renovar bancas y sumar apoyos.   Fuente:www.diarioellibertador.com.ar

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