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3 de febrero de 2015

Denuncian a una financiera local por estafa y usura

La acusación proviene de la ciudadana Mirtha Escalante, víctima de una demanda fraudulenta y acusada de no cancelar un préstamo. En la contrademanda, ésta pide la intervención de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina contra la casa crediticia.

La cooperativa de vivienda, crédito y consumo Palmares, que opera en nuestra ciudad como mesa de dinero, suma una nueva denuncia por "usura, estafa y asociación ilícita". Esta acusación proviene de la ciudadana Mirtha Escalante y del abogado patrocinante Juan Carlos Morales, asesor legal de la Comisión de Ciudadanos de Corrientes Víctimas de Fraudes Procesales, que piden la intervención de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina contra la casa crediticia por un préstamo usurario.
Según los documentos de las acciones legales iniciadas y presentados a EL LIBERTADOR por la damnificada, la denuncia fue realizada contra Néstor Mario Lemenoff, domiciliado en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Éste sería el apoderado de la supuesta asociación ilícita que operaría en marcos no del todo legítimos, pero con todas las apariencias formales de serlo. La modalidad con la que opera la entidad privada salió a la luz en denuncias anteriores, aunque el caso es que la financiera facilita empréstitos a clientes que recurren a las sucursales por necesidad, cobrándoles el 460,42 por ciento anual en intereses. Lemenoff, dentro de la figura jurídica, es el querellado, responsable por ordenar interponer la demanda Nº 86.381/12, en la que se exige a Escalante el pago de un préstamo con un costo del 126,26 por ciento anual, más un costo financiero adicional de 334,16 por ciento anual a pesar de que la deuda se encuentra cancelada.
La víctima tomó esta medida luego de que fuera demandada ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 por la supuesta firma.
Los perjuicios causados por la ejecución fraudulenta le han provocado pérdidas económicas muy onerosas, a parte de los antecedentes de la afectada que quedan asentados en la foja de servicios en la Justicia Federal, lugar donde se encuentra empleada la denunciante. Además, actualmente sufre el embargo de su sueldo por el juicio ilegal. Los embargos al sueldo, que se han descontado hasta el momento, superan con creces el capital demandado, a lo que debe sumarse la suma de 9 mil pesos retenidos por la financiera al momento de entregar el préstamo usurario, cobrándose por anticipado intereses por la suma de 13.620,78 pesos. La suma del pagaré ejecutado puede verse en el contrato Nº 0021-00008047, que presenta la propia parte actora en el juicio civil, en donde indica que la obligación debía pagarse en 18 cuotas iguales y consecutivas de 1.256,71 pesos.
Esta supuesta cooperativa que sería en realidad una "cueva" se encarga de estafar a las personas "prestando" dinero a altas tasas de interés, lo que constituye el delito de "usura". Entre otras irregularidades, Palmares está acusada de estafa y asociación ilícita, delitos que se habrían cometido no solamente en la ciudad de Corrientes, sino también en varias ciudades del país.   

Comisión investigadora pone en evidencia el fraude
El pasado 3 de octubre, la Oficina de gestión contra las estafas financieras y bancarias de la Comisión de Ciudadanos contra los fraudes procesales denunció públicamente a la cooperativa prestamista Palmares. La acción fue motivada por los manejos turbios de la entidad privada, que timaba a los clientes institucionalizando la usura al cobrar a las personas el 460, 42 por ciento anual por los empréstitos otorgados.
La Oficina de gestión contra las estafas financieras y bancarias, que depende de la ONG Comisión de Ciudadanos de Corrientes contra las Estafas Procesales, efectuó la acusación ante el Ministerio Público, como así también ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia de Corrientes, ante el defensor del Pueblo, doctor Miguel Alegre, y ante el defensor de los Vecinos, Javier Rodríguez.
Del estudio efectuado sobre documentación ejecutada en los estrados de tribunales, esta oficina ha estudiado documentación comprometedora donde esta financiera cobra a las personas el 10,37 por ciento mensual, o sea el 126,26 por ciento anual, más un costo financiero total del 334,16 por ciento anual. En la oportunidad, los referentes del organismo sostuvieron la necesidad de que, tanto las autoridades provinciales como del Poder Ejecutivo, los legisladores, el Poder Judicial, la Afip y todos los organismos de control y aplicación de las leyes, deben actuar sin dilaciones aplicando la inmediata clausura de esta casa de créditos ilegal que delinque libremente, quebranta y manipula la ley, desfalcando a clientes con estrepitosas cifras por intereses descomunales mediante el embargo de sueldos, jubilaciones y pensiones.

  Fuente:www.diarioellibertador.com.ar

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