El proyecto que ya tenía la aprobación de los senadores establece en su artículo 2 que "el Poder Ejecutivo Provincial requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5° de la Ley Nacional N°26.052. Hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados precedentemente, el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley", que es la parte que le merece poca confianza a los operadores del sistema judicial.

Finalmente, en la sesión de hoy, los legisladores sumaron a Corrientes al grupo de provincias que tendrán atribuciones para perseguir la venta minorista de estupefacientes, no sin polémica por la cuestión presupuestaria.

Durante la jornada, legisladores de Unión por la Patria se abstuvieron a votar. Se trata Cesar Lezcano, Marlen Gauna, Germán Braillard y Adriana Cleofe Vidal Dominguez.

Así la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, en su sesión 10, otorgó sanción  a la ley de "Desfederalización parcial de delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes", más conocida como "Ley de Narcomenudeo" , cuya autoría responde al Poder Ejecutivo en el objetivo de adaptar la legislación a las necesidades sociales actuales.

Explicaron que la iniciativa busca perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes, en la órbita de la justicia provincial.

Los referentes de distintos bloques parlamentarios dieron su opinión sobre el expediente coincidiendo en su trascendencia, más allá de las distintas aristas sobre el tema.

Hicieron uso de la palabra: la presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales Lucía Centurión quien propuso una "Cláusula Transitoria" (que no tuvo los votos necesarios), la diputada Marlén Gauna; los diputados Germán Braillard, José Romero Brisco, Any Pereyra, Adriana Vidal Domínguez, Horacio Pozo, Cesar Lezcano y el diputado Norberto Ast (en orden de alocución). 

El bloque Unión por la Patria se abstuvo de votar por lo que 4 legisladores no votaron la iniciativa (Gaúna, Lezcano, Germán Braillard y Adriana Vidal Dominguez).

El resto votó el proyecto tal cual venido del Senado, pasando al Ejecutivo para su promulgación.

Cabe remarcar que se encontraban en el recinto 26 diputados, habiéndose registrado 4 ausencias.

El diputado de la UCR Norberto Ast al fundamentar el expediente recordó que hubieron Senadores que se pusieron al hombro el tema, trabajando con distintos organismos, incluso de la provincia del Chaco, Santa Fe, Salta, Jujuy y Tucumán.

Indicó que estos diálogos llevaron a crear una Unidad Fiscal y de una agencia de operaciones de campo, entre otras instituciones como más fiscalías.

"Su aplicación será gradual" reiteró para comentar buenos resultados en provincias que ya la aplican, además de citar  la invitación del Ministerio de Justicia de la Nación para sumar a las provincias a la lucha contra el narcomenudeo, con el fin de disminuir también la criminalidad.

"Tenemos que dar un el gran paso… es un paso a paso. Primero la ley, la promulgación y luego la reglamentación. No se termina acá… es una política integral para mejorar la calidad de vida de las personas", aclaró.

El denominador común de los oradores fue la preocupación por lo que representa la problemática en las familias correntinas  desde la necesidad  de prevención y abordaje "integral" (con la participación de los 3 poderes).

El proyecto 

En los fundamentos del expediente parlamentario, se detalla que "la ley vigente, al asignar la persecución de ciertos delitos de drogas exclusivamente a la justicia federal, sobrecarga a los tribunales federales, lo que limita su capacidad para abordar con eficacia casos más complejos relacionados con el narcotráfico a gran escala… La desfederalización permitiría que los casos más simples y que no involucran a grandes organizaciones criminales sean tratados por la justicia provincial. De esta manera, se optimiza el uso de los recursos judiciales y se mejora la capacidad de respuesta de los tribunales locales".

Se aclara en ese sentido que la normativa "no implica una anulación del rol del Estado federal, sino una redistribución de las competencias para permitir que las provincias tengan una mayor autonomía para abordar la problemática del narcotráfico. Algunas provincias han promovido reformas o leyes propias, mientras que otras han formado acuerdos con el Estado Nacional para coordinar esfuerzos".

Se prevé también avanzar hacia una política de salud pública más humana y menos punitiva en relación con el consumo personal de drogas. "Esta medida permitiría una mayor humanización del sistema penal, con énfasis en la rehabilitación y reinserción social… Una política más centrada en la salud y en la prevención del delito, en lugar de la criminalización, podría ayudar a disminuir la desconfianza hacia el sistema judicial, especialmente en aquellos sectores más vulnerables que se sienten marginalizados por las políticas de drogas", se advirtió en el texto normativo.

De esta manera, la Provincia de Corrientes adhiere a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Nacional N° 23.737, modificado por la Ley N° 26.052, y consecuentemente asume su competencia para investigar y sancionar los delitos previstos en dicha norma en las condiciones y con los alcances que la misma establece.

El artículo 5 de lo sancionado establece que en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, la persecución penal del microtráfico estará a cargo de una Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFIN), que dependerá directamente de la fiscalía General. A dicha Unidad corresponderá:

 a) El diseño general de la estrategia de persecución penal, bajo la dirección del Fiscal General y en coordinación con otros estamentos.

 b) La selección, categorización y priorización de los casos, el archivo de los que corresponda, la conducción de la litigación y la toma de decisiones procesales estratégicas.

 c) La dirección jurídica de la investigación, que será formalizada mediante directivas, protocolos e intervenciones directas.

 d) La coordinación con otros poderes y con organismos provinciales y federales de investigación e inteligencia.

 e) La coordinación y supervisión general de las intervenciones de otros miembros del cuerpo de fiscales, de conformidad con el artículo 6°.

 f) La interacción disuasiva y confidencial con elementos subordinados M microtráfico, pudiendo a tal fin exhibirles todo o parte de la evidencia material que podría ser usada en su contra en caso de persistir en la actividad ilícita.

g) La persecución e investigación de los delitos conexos y relacionados con el narcomenudeo a fin de eliminar la violencia en determinadas zonas de la Provincia y restablecer la paz social.

El artículo siguiente dispone que La Unidad Fiscal de Narcomenudeo tendrá, además de las funciones y facultades dispuestas en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Corrientes, las siguientes:

 a) Ordenar la detención y solicitar medidas coercitivas, de conformidad con las normas procesales.

 b) Adoptar o solicitar las medidas urgentes para hacer cesar el estado antijurídico. Estas medidas podrán incluir la relocalización asistida de personas o grupos, el derribo de instalaciones montadas para el tráfico ilícito, el desalojo de inmuebles usurpados o apropiados para dicho fin, o la restitución inmediata a sus legítimos poseedores o tenedores, todo sin perjuicio de las ulteriores acciones civiles que pudieran corresponder.

 c) Impartir directivas a la Policía de Investigaciones, a los efectos de recabar sumariamente la evidencia necesaria a los efectos establecidos en los dos incisos precedentes.

d) Informar a la Unidad Fiscal Especial cualquier dato de utilidad para el cumplimiento de su misión.

Además, se créase en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia el Consejo Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, el cual estará integrado por: a) El Ministro de Seguridad de la Provincia, quien lo presidirá; b) El Secretario de Seguridad de la Provincia; c) Un (1) representante de la Policía de Corrientes; d) Un (1) representante de Gendarmería Nacional; e) Un (1) representante de la Policía Federal Argentina. El Poder Ejecutivo Provincial cursará invitación al Superior Tribunal de Justicia, a Fiscalía General del Poder Judicial de la Provincia, al Máximo Tribunal Federal con competencia en materia y jurisdicción de la Provincia de Corrientes u organismo que lo reemplace en el futuro, y a los organismos que se determinen por vía reglamentaria, a efectos de que envíen un representante. Todos los miembros del Consejo Provincial de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico ejercerán los cargos ad-honorem y su ejercicio no resultará incompatible con las funciones que desempeñen en sus respectivos cargos.

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 𝐒𝐀𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍

Los diputados aprobaron además el proyecto de ley que instituye el día 09 de octubre de cada año como Día Provincial de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer con el objeto de generar conciencia sobre la importancia del conocimiento y detección temprana de esta enfermedad; pasando al Senado para su tratamiento.

𝐑𝐄𝐒𝐎𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒

-Solicita a la Defensoría Nacional exija al Poder Ejecutivo Nacional el estricto y efectivo cumplimiento de la ley 27793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. (Autoría del Bloque Unión por la Patria)

-Solicita a la Entidad Binacional Yacyretá la extensión de la habilitación horaria al total de 24 horas para la circulación vehicular por el coronamiento de la Represa. (Autoría de las diputadas Améndola y Galarza)

 -Solicita a la Cancillería Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Canciller Gerardo Werthein, la extensión de la habilitación horaria al lapso de 24 horas para la circulación vehicular por el coronamiento de la Represa Binacional Yacyretá. (Autoría de las diputadas Améndola y Galarza)

Fuente: www.diarioepoca.com