El senador nacional por Corrientes, José María Roldán se encargó de presentar ante la Cámara de Diputados de la Provincia un pedido de juicio político contra el fiscal general, César Sotelo. El procedimiento instado por el legislador radical tiene como basamento la observación de un mal desempeño en el ejercicio del cargo, por lo cual sostiene que se debe analizarse la remoción.
La estrategia del senador nacional es dar un tiempo prudencial a la Legislatura, transcurrido el cual procedería a formalizar la presentación del proyecto de Intervención Federal al Poder Judicial de Corrientes, que sería rubricado por otros diez senadores nacionales.
A partir del 30 de noviembre, con la conclusión del Período Ordinario de Sesiones, la decisión quedará en manos de la Presidente que, si finalmente opta por rubricar el decreto, el mismo será expuesto a la consideración de ambas cámaras del Congreso de la Nación a partir del 1 de marzo venidero; aunque el fuerte predominio kirchnerista, y el hecho de que sólo se requiere mayoría simple, asegura que será finalmente Cristina Kirchner quien tenga la última palabra.
Lo cierto es que Roldán acusa al funcionario judicial considerando "la pérdida de las condiciones de idoneidad para el cumplimiento de sus funciones, como la contracara de la buena conducta, como el incumplimiento grave de algunos de los deberes éticos y jurídicos que rigen su conducta, como la pérdida de la confianza social depositada en el funcionario al momento de su nombramiento", tal como desglosó en la misiva presentada en la Legislatura.
Se trata de un nuevo hecho que deja en la picota pública a un referente de la Justicia que cada año se ve inmerso en escenarios engorrosos, de los que muchas veces salió con su frase insigne: "La Ley soy yo".
Esta actitud siempre demostrada por Sotelo ya generó varios rezongos a sus espaldas en el ámbito tribunalicio local. Hasta el momento pocos fueron los que se animaron a pensar en ponerle un coto al andar avasallante del titular del Ministerio Público. Tal el caso del Foro libreño (ver página 3), que hizo lo que pocos actores judiciales osaron, pero que a muchos les encantaría hacer.
Roldán hace hincapié en lo mencionado anteriormente respecto a sus formas de proceder. "Ha generado de manera permanente conflictos con los jueces de Instrucción y con otros actores del sistema, en una concepción institucional mezquina de las altas labores encomendadas", sostiene en la nota enviada a la Comisión Investigadora.
El Senador nacional hace así referencia a distintos puntos configurados en el mal desempeño. El incumplimiento de los deberes propios del cargo, como la inobservancia del artículo 16 del Decreto Ley 21/00, que establece el deber del Fiscal General de "fijar las políticas de persecución penal, con arreglo a las leyes".
Sobre esto último considera que Sotelo se "ha mostrado absolutamente impotente para actuar en consonancia y cumplimiento de la normativa, con el agravante que ha existido un evidente recrudecimiento de los delitos contra la propiedad sin que este funcionario haya cumplido con esta función esencial de su ministerio".
También resalta la desatención del deber de "impartir directivas generales y particulares a la Policía Judicial", sobre lo que habla de  una "inexplicable pasividad", poniendo como resultado de ello lo actuado desde el Poder Legislativo para intentar subsanar sus omisiones a través del dictado de la Ley 5.862 para un "protocolo de actuación policial en materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes".
El pedido de juicio político detalla además el desinterés por parte de Sotelo de elevar a los demás poderes del Estado una memoria anual sobre la actividad del Ministerio Público. "Hasta donde hemos podido averiguar nunca -desde su asunción- el fiscal Sotelo ha dado cumplimiento a este deber esencial, propio de un sistema democrático y republicano".
Esta obstrucción a las potestades de control marca su posición ante los hechos mencionada anteriormente, ratificando lo que muchos acusan, "de considerarse por encima de los otros poderes del Estado y excluido de su control", según indica Roldán, quien recuerda en la nota el escandaloso episodio que involucró al titular de la Cámara baja, quien debió soportar una andanada de improperios de Sotelo, reconocidos por él mismo a través de los medios como lo que llamó "una charla entre amigos".
El pedido formal de Roldán enfatiza también sobre la violación de los deberes éticos y morales, intervención funcional en causa propia y abuso de autoridad. Hace referencia de esta forma a lo sucedido en 2008, cuando Sotelo fue víctima de la inseguridad en un delito contra su propiedad. Este hecho provocó que se convierta en juez y parta, puesto que "ha devenido en el caso concreto en un verdadero escándalo institucional que incluye la comisión de ilícitos penales por parte del fiscal Sotelo, quien violando todas las normas jurídicas, éticas y morales que le imponían mantenerse al margen de esta actuación, ha intervenido de manera personal e ilícita participando en el trámite de las actuaciones y presionando a jueces, fiscales y funcionarios policiales para dirigir la investigación, pese a su evidente parcialidad y la ostentosa pérdida de todo límite de mesura", detalla el documento ingresado a Diputados.
En este apartado de la acusación, el Senador de la UCR hace mención a la concreción de apremios ilegales, presiones a funcionarios judiciales, así como "fraudes procesales, para impedir que los ciudadanos imputados recuperaran su libertad", entre otros.
Durante este caso, que mantuvo en vilo a la opinión pública, Roldán observó las palabras del Fiscal, sobre las que notó "el desconocimiento de las más elementales reglas éticas y morales propias del cargo y se hallan reñidas con la dignidad y decoro que a un funcionario de tan alta talla le son exigidas por la sociedad toda, demostrativas además de la incontinencia de los impulsos  que evidencian el ‘mal desempeño’…"
De esta forma, José María Roldán resalta en el petitorio que se tenga por formulada la denuncia y acusación contra el Fiscal General del Poder Judicial y se le otorgue trámite de ley. Y agrega que existen datos suficientes que justifican la apertura del juicio político.