OPINIÓN

9 de febrero de 2014

Dialécticas

Por Mario Wainfeld :

El Gobierno activa en varios frentes para mitigar las consecuencias de la devaluación. La cotización del dólar, buena nueva que va más allá de la economía. Inflación, nivel de actividad y de empleo en la mira. Los problemas coyunturales, causas específicas y estructurales. Bonus track: una lección sobre economía política en democracia.

Por una vez, para hacerse entender mejor y variar un cachito, el cronista propone una forma especial de lectura para estas páginas. Sugiere leer primero el recuadro titulado “La lección del maestro”, con cita del economista Aldo Ferrer. Esa reflexión da contexto calificado a lo que se intenta expresar en esta columna.

La visión es más general que el artículo, bastante sumergido en la coyuntura febril, pero sirve para comprenderla y vistear más allá del estrecho horizonte del día a día.

El impacto de la devaluación se dilucidará en meses, cuanto menos en lo que falta del año. En la semana que pasó, la mejor nueva fue que se ancló la cotización del dólar oficial y que el Banco Central comenzó a recuperar reservas. Más aún, que hay medidas y movidas que fortalecen esa posición fiscal. El compromiso de poderosos exportadores agropecuarios para liquidar soja que tienen amarrocada en silos bolsa es una de ellas. No es producto de presiones brutales sino de un activismo estatal inteligente, que comprende haber inculcado a la contraparte la convicción de que ahora le conviene vender.

El sistema financiero también soltó dólares como consecuencia de una batería de medidas. La colocación de letras (Lebac) por parte del Central y disposiciones sobre los encajes de los bancos motorizó el desplazamiento.

El aumento de las tasas de interés incide en las decisiones de los operadores: el rendimiento de una colocación a plazo fijo puede competir con los devaneos sobre un crecimiento adicional del valor del dólar. Y valerse del descubierto en los bancos para financiarse puede ser más costoso para las empresas que sacar unos dólares “del colchón”.

La impresión dominante (que se cuela incluso en los medios ídem, si se leen con lupa) es que la corrida cesó. Las reservas, se presume, se fortalecerán hasta que llegue la cosecha de soja, que será liquidada en gran medida. El cronista, poco afecto a las predicciones, no las hará en este punto pero un relevamiento realizado entre economistas de distintas versiones confirma la lectura.

El más enfático en expedirse es el consultor Miguel Bein, cuyos análisis suelen dar buena cuenta de la realidad, tal vez porque no revista en ningún fundamentalismo y porque entiende de política. Bein anticipó, en su informe mensual divulgado no bien se produjo la devaluación oficial: “Seguramente, el nivel del tipo de cambio real sea hoy el más alto de los próximos meses, aunque la trayectoria de convergencia va a estar directamente dada por la política, en el manejo de la puja distributiva”. Lo ratificó en un acting televisivo durante un reportaje de Marcelo Zlotogwiazda.

El viernes comentó a varios periodistas, el firmante entre tantos, que “el Gobierno construyó el puente de plata hasta abril”. Y citó como referencia a actores privados: el mercado a futuro de Rosario vende dólares para fin de mes a $7,75 pesos y para fin de marzo a 7,90 pesos.

Si la tendencia se confirma, su trascendencia excedería la esfera económica estricta: se proyecta a la gobernabilidad misma. El asedio a las posiciones del Central, los deseos y análisis que imaginaban (o por ahí empujaban) una debacle financiera perderían asidero. Se debilitan las perspectivas reales de un “golpe de mercado”, que rondaron mentes en la city y en grupos concentrados.

Habrá que ver qué ocurre en el futuro inminente, pero lo cierto es que “las condiciones objetivas” para jugadas destituyentes han menguado.

Desde luego, jamás se puede cantar victoria, máxime cuando hay grandes jugadores que pueden haber perdido fortunas por haber comprado dólares a muy otro precio y que estarán ganosos de una retaliación. Pero el asentamiento del peso y la mayor robustez de las reservas fortalecen al sistema democrático, anche al Gobierno.

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Dura dialéctica: Claro que lo que es eficaz y hasta imprescindible en el momento tiene contraindicaciones severas. Toda realidad es dialéctica, ni qué hablar de las consecuencias de una devaluación, antipopular como sello. La suba de las tasas de interés limita al crédito, la absorción de plata “seca” la plaza. Las perspectivas del consumo se estrechan, todo lo dicho está en el manual.

El Gobierno adopta medidas que no estaban en su menú heterodoxo, tratando de matizar las consecuencias inexorables de la devaluación. El valor de los salarios en dólares ya bajó, sería tan ideal como dificultoso que se mantuviera intacto en pesos. La inflación es una derivación inevitable y dolorosa, más grave porque su nivel era elevado desde hace años.

El accionar estatal se dispersa en tratar de sostener el nivel de actividad, el de empleo, moderar la inflación. Contra lo que dicen sus adversarios políticos y los enemigos del sistema democrático, el oficialismo tiene clara la magnitud del desafío. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo conversa diariamente o más que eso con ministros y secretarios de Estado.

A los ojos de este escriba tal vez el discurso oficial se queda corto a la hora de describir las dificultades, llamémoslas “objetivas”. El señalamiento del accionar pérfido de formadores de precios, con ser válido e ineludible, es incompleto. La inflación, por caso, no es para nada exclusiva consecuencia de remarcaciones aviesas. Hay costos que suben y mucho. Lo corroboran los pactos sectoriales que el propio Gobierno avala, por ejemplo con las petroleras. Lo hace con vigor infrecuente en otras gestiones pero eso no eclipsa la lógica de los aumentos. Poner dique a las demasías es un deber que se interpreta al “modo K” (lo que en esta nota es un elogio), también es necesario asumir que el alza no encontró techo aún.

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Lo logrado y el día de hoy: El aumento semestral de las jubilaciones combina ingredientes que menciona Ferrer en estas mismas páginas. Por un lado, la recuperación de la Anses, la cuasiuniversalización de la cobertura, la fijación de un coeficiente legal para los incrementos aluden a un gobierno con poder para implementar rotundos cambios progresistas, en este caso debidamente institucionalizados. La utilización del poder político como no se hacía desde hace décadas forma parte del acervo de la sociedad y del kirchnerismo.

Por otra parte, está la recurrencia de situaciones que revelan los límites de los proyectos nacional-populares. El porcentaje de aumento en esta ocasión se queda corto. Es menor que sus precedentes: no conseguirá empardar a la inflación ya sucedida cuando se perciban los nuevos haberes y correrá de atrás a la del semestre.

La idea fija del Gobierno es “poner plata por abajo” para preservar el patrimonio de los argentinos más necesitados. La suba de la asignación preescolar es una acción coherente aunque homeopática porque se cobrará sólo una vez, en hogares de trabajadores formales que tengan chicos en edad escolar.

Más pretencioso y encomiable es el programa Progresar. La consigna entre los funcionarios es que cientos de miles de pibes se integren y empiecen a percibirlo a fin de febrero. Ese objetivo requerirá mucha acción cotidiana, mucha “infantería” que interpele a los jóvenes. Una fracción importante del conjunto de virtuales beneficiarios no estudia ni trabaja. En promedio desconfían de todo lo institucional, muchos podrían ser poco versados en el manejo de Internet y estar desmotivados para implicarse en las condicionalidades del aprendizaje. La medida es virtuosa, “apunta a un núcleo desamparado por la amplia cobertura social previa” pero como muchas soluciones de la etapa su urdimbre es más densa y menos eficaz en corto que logros previos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El rumbo es adecuado, llegar a destino exigirá esfuerzo y buena praxis.

El importe de la AUH, el mayor programa de ingresos y uno de los mejores aportes del kirchnerismo, no tiene un régimen legal de aumentos. En el corto plazo, la mensualidad deberá ser mejorada, pues, discrecionalmente. La ecuación fiscal no es la mejor pero la necesidad es imperiosa. Si se consolida la posición estatal en dólares, habrá un alivio que puede ayudar.

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Indices acusadores: Ni la valoración de cuánto se ha avanzado en casi once años ni la gravedad de la crisis obstan (más bien incitan) a repensar las carencias del “modelo” y los errores de la política gubernamental. La pérdida de prestigio y credibilidad del Indec están entre las peores fallas, no quizá por su magnitud pero sí por haber sido causada a propósito. El jueves que viene se conocerá el nuevo índice de precios al consumidor nacional urbano (IPC-UN). Es una medida reparadora, ojalá que acierte en su ejecución.

El cronista es profano para pontificar sobre “la cocina” del IPC-UN, cree tener más idea sobre la lógica de los imaginarios colectivos. Su credibilidad inicial será muy baja, por el daño autoinfligido durante muchos años. En el mejor de los supuestos insumirá mucho tiempo reconstruirla.

Es indudable que la inflación del trimestre diciembre, enero y febrero (en buena dosis ya construida) es altísima. Si esos porcentajes acumulados se proyectaran al año, se llegaría a guarismos incompatibles con la tutela del ingreso de los trabajadores y aun de los niveles de ocupación.

Los Precios Cuidados son una herramienta interesante, mucho mejor urdida que sus precedentes cercanos. La información es más precisa, el conocimiento de los consumidores es creciente. El seguimiento es pertinaz, habrá que calibrar los resultados que son la cabal medida del obrar estatal.

De todos modos, el alcance de la medida es parcial. Concierne a una canasta restringida. Medido a ojímetro se aplica en menos de la mitad del territorio nacional y a menos de la mitad de la población. La intención es ampliar la cobertura.

Las convocatorias a boicots y movilización de los ciudadanos-consumidores son siempre valiosas. Pero sería voluntarista suponer que son la clave para el problema de la inflación: ni siquiera la regulación celosa de los precios lo es.

En este sentido, las urgencias del corto plazo subrayan carencias instaladas y no resueltas en la década. La concentración de los formadores de precios, sin ir más lejos.

Tampoco se ha hecho tanto en materia de ampliación de las redes de comercialización que tienen precedentes sugestivos en el pasado. Ninguno podría calcarse en un país distinto, unos cuantos podrían aggiornarse.

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Cuestiones primarias: Una virtud del Gobierno es pulsear con los poderes fácticos. Su defensa acendrada de las retenciones es un bastión. La pugna con los silobolsistas le hace favor si se la coteja con la sumisión de otros gobiernos surgidos del voto popular. Todo eso dicho, siempre es oportuno indagarse por qué un país que creció exponencialmente es tan vulnerable a una especulación que, acaso, llegue a 4000 millones de dólares. Es un bruto número, más vale, pero no tan impactante si se lo compara con la magnitud del Producto Bruto Interno (PBI). Ese poder concentrado comprueba una falla del sistema económico.

Hay un núcleo duro que no se terminó de revertir. La industria genera empleo, nutre al mercado interno, activa. Pero la sustitución de importaciones es muy imperfecta, el sector industrial es muy demandante de importaciones. La tajada mayor de las divisas la provee “el campo” cuyo poder de veto y de presión crece en consecuencia. No hay conspiración en esto, sino una lógica sistémica: los sectores productivos más ligados al crecimiento de los sectores populares absorben divisas. Ahora mismo, la industria mayormente ensambladora de Tierra del Fuego, la automotriz y la actividad energética (pilares de la etapa y de su prosperidad relativa), son grandes generadoras de déficit de la balanza comercial.

Esos aspectos estructurales seguramente no se podrán superar en el corto lapso que resta del mandato de la presidenta Cristina pero sí podría haber cambios de direccionalidad o de instrumentos para aliviar la dificultad. Mirarse en el espejo es parte de la solución, máxime si se perciben los límites y las fallas.

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Todos y todas: El país transita su peor crisis desde hace muchos años. El Gobierno atraviesa su peor trance desde el 2008-2009.

Responde al reto con medidas ajenas a su ideario tradicional, las contrapesa con las más cercanas a sus convicciones.

Celoso defensor de los intereses mayoritarios, mejoró la vida y el patrimonio de muchos argentinos, de variados segmentos sociales. También amplió su esfera de derechos sociales, laborales, humanos e individuales. Consumó un reformismo intenso y constante Los representó bien y por eso fue revalidado con altas cifras de participación y adhesión en dos ocasiones.

Si se recorre bien su saga, se puede notar que a veces convenció a quienes representa con ahínco y que en otras no pudo o no supo. Poner toda la responsabilidad del “ruido” en los ciudadanos es un criterio inadmisible, autocomplaciente, máxime en una fuerza de raíz peronista.

A partir del urnazo de 2011, el oficialismo tendió a emblocarse en su base irreductible, ese envidiable e insuficiente tercio del electorado. Fue un error, que pagó en las elecciones. Sería penoso repetirlo ahora, cuando precisa (y reclama) apoyo activo.

Saber sumar, aun desde la palabra, integra el plexo de tareas urgentes.

Comprometerse con las necesidades y derechos de la mayoría de los argentinos es un blasón. Persuadirlos al respecto, un imperativo tan acuciante y seguramente no menos complejo que “clavar” la cotización del dólar.

mwainfeld@pagina12.com.ar

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