En el plano provincial, la decisión del caso Cemborain recreó el escenario preexistente con una notable capacidad de adaptación de las partes en conflicto. Fabián Ríos habló del restablecimiento de las relaciones que se produciría a partir de mañana, en el diálogo previsto con el influyente Secretario General de la Gobernación, interlocutor designado por el propio Colombi, cuya envergadura política y margen de acción propios anticipa la posibilidad de conformar una agenda bilateral que contemple necesidades recíprocas, y que bueno sería esté concluida al momento en que el mandatario provincial sea convocado a la Casa de Gobierno para el diálogo con el Jefe de Gabinete de Ministros, cosa que se produciría entre el jueves 26 y el domingo 29.
Colombi hizo también lo suyo. Enterado del fallo del Superior Tribunal se llamó a silencio, no sin antes dar directivas precisas al propio presidente del Concejo Deliberante, Daniel Ansola de la necesidad del acabado cumplimiento de la manda judicial en un marco de distensión, acaso como si ahí no hubiera pasado nada.
Fue una actitud de un hombre realista, que pelea a fondo, pero que sabe el momento de levantar el caballo adaptándose a una realidad que no da para más y que obliga a una rápida adecuación al nuevo escenario que se produjo a partir del momento en que la Corte provincial, con una celeridad desusada procedió a dictar una cautelar a hora nomás de declarar su propia competencia.
Fue en realidad el mismo Presidente del Tribunal quien sacó las papas calientes a la Justicia mercedeña, cuando autorizó al juez Calvi, y a la propia Cámara de Apelaciones local a que tomen distancia de un caso que por su envergadura excedía ya las posibilidades de la Justicia local y terminaría por dilatar una cuestión compleja que concluiría inevitablemente más adelante en el ámbito del propio Superior Tribunal, con una cuestión fáctica que mostraría mucho menor margen de acción.
El Intendente electo también hizo lo propio. Supo cuándo apretar, cuándo sobreactuar, pero tuvo la cautela de saber cuándo aflojar, creando las condiciones para recrear un marco de diálogo y entendimiento, dejando atrás días aciagos, de zozobra y de incertidumbre que no reconocían antecedentes en las tranquilas tierras del Paiubre.
En las últimas horas, anticipó su decisión de habilitar el diálogo con el Gobernador, con lo cual dio el primer paso en una relación que los mercedeños esperan que se dé para satisfacción de las expectativas que como población tienen, y en la que aspiran a un accionar conjunto de sus gobiernos sea el comunal o el provincial.
Ricardo sintió el golpe, aunque en todo momento evitó dar testimonio de ello, con la deliberada intención de dar vuelta una página que no fue la más feliz, y en la que nuevamente mostró falta de coordinación en una estrategia que para su éxito demandaba acciones políticas, como las desarrolladas en el terreno, pero también una contención en el plano comunicacional y una acción anticipada en el plano judicial que no termine convirtiendo a la operación en un salto al vacío, como finalmente fue.
Autosuficiencia, errores de cálculo, exceso de confianza; lo cierto es que la falsa acción en el caso Mercedes terminó por significar un costo político que excedió en mucho al de la cuestión local. Se trata de una pérdida de poder quizás innecesaria, siendo de destacar que la única voz dentro del universo radical fue la del senador, Noel Breard, quien en dos oportunidades salió a tomar distancia de las operaciones llevadas a cabo por sus correligionarios de Mercedes, poniendo de manifiesto su posición de que debía allanarse el juramento de un hombre electo por la voluntad de un pueblo en elecciones libres.
Honestidad intelectual, un aporte a la racionalidad, la necesidad de acompañar con límites. Lo cierto es que Breard, que cultiva además lazos fuertes con el Poder Judicial pareció dar un mensaje en el sentido de que todas las cosas reconocen el límite de la racionalidad y el respeto a las instituciones.
Quizás otros, aun más cercanos a Ricardo no se hayan animado a contrariarlo frente a su firme determinación de ir a fondo con un tema que lo tenía cruzado desde el día mismo de la elección, más allá de que aun cuando lo desmientan, tanto desde el Gobierno como desde el propio Cemborain, hay evidencias de que hubo deslizamientos que contribuyeron a que en Mercedes ganen tanto Ricardo como Cemborain.
A esta altura y con este cuadro, quizás lo más político sería desistir de la acción instaurada en función a que consolidada la cuestión con la asunción del Intendente electo es en términos políticos inviable que un tribunal pueda volver las cosas al punto inicial. El análisis de la cuestión de fondo no puede generar un cambio de escenario. No se advierte ni que haya voluntad en el ámbito de decisión, ni menos margen para que a nivel del pueblo de Mercedes pueda viabilizarse un cambio de posición en términos judiciales.
De los propios fundamentos del fallo surgen indicios claros de la orientación que sostendrá el Tribunal al resolver la cuestión de fondo, y los que creen posible revertir la cautelar por vía de una apelación extraordinaria parecen olvidar lo que son los precedentes existentes que hablan por sí de la imposibilidad de revertir en instancias superiores una cautelar.

UN TRIBUNAL QUE SIGUE ACUÑANDO UNA FUERTE PERSONALIDAD

La continuidad del ministro, Fernando Niz fue pedida de consuno por los dos ministros más jóvenes de la Corte provincial. Uno, con 46; y otro, con 56 años. Niz acaba de cumplir 66 y ha sido convencido por sus pares de desistir de la posibilidad de renunciar, aun cuando cuenta con el beneficio otorgado de la jubilación que le permite irse a su casa con el 100 por ciento de sus haberes.
Los tres han conformado una línea media con peso y personalidad propia. A ellos se los reconoce puertas adentro del Poder Judicial como "Los Tres Mosqueteros". Guillermo Semhan, que acaba de ser reelecto pese a la firme oposición del Gobierno provincial, tiene en sus dos laderos, alfiles que acompañan un proyecto común que no le reconoce a Semhan el carácter de primus inter pares que en su momento tuvo tanto Farizano como luego Rubín. Ambos terminaron muy mal, quizás entre otras cosas porque en la conducción de los cuerpos colegiados es necesario generar un marco de responsabilidades compartidas que de sustentabilidad a quien está a la cabeza.
Esta soledad la sintió en carne propia Carlos Rubín, que cuando el Gobernador le largó la mano se encontró con la perspectiva de ser llevado a juicio político en un trámite que sería sólo eso, un trámite; porque se había granjeado la desconfianza y el rechazo, tanto de oficialistas como de opositores.
Abandonado a su suerte y obligado a no poner en riesgo el beneficio jubilatorio ya acordado, Rubín terminó por irse a su casa por la puerta de atrás, sin que hasta hoy se hagan públicas las reales razones que desencadenaron su precipitada ida, en medio de un proceso electoral en curso. En los hechos, un acto de irresponsabilidad el abandonar el caballo en la mitad de río.
Lo cierto es que sin Rubín en escena, el reacomodamiento fue casi inmediato en una nueva relación entre los tres ministros que entendieron la necesidad de cerrar filas. En ese marco se dio el consenso en extender el interinato de Semhan, aunque con funciones acotadas en un marco de horizontalidad que posibilitó modificar la línea sucesoria en la que postergaron a Juan Carlos Codello al último escalón. Chaín fue confirmado como presidente del Jury. A Niz lo repuso en la representación ante la Junta Federal de Cortes y le devolvieron el control del área de Mediación, posiciones ambas que antes tenía.
Cierto también es que, más allá del cambio de nombres y de roles, quedan decisiones de alto impacto a tomar puertas adentro del Poder Judicial con la previsible salida de algunos funcionarios como el propio Secretario Administrativo del Superior, y otros que pertenecen a las distintas áreas particularmente la de administración.  
Otro de los organismos donde se impulsarían acciones concretas sería el Concejo de la Magistratura, para recrear la confianza en la participación de concursantes y dar transparencia a los procesos de selección con mecanismos más claros.
En este marco se contempla el demorado llamado a concurso para cubrir la Secretaría del organismo frente a la necesidad de disipar la versión ya instalada de la manipulación de nombres en la selección de los cargos.

LA ASUNCIÓN DE RÍOS

Con un marco de plena participación militante, en la calle se llevó a cabo el acto de asunción del nuevo Intendente de la Capital, acto en el cual debe destacarse la presencia de Gustavo Canteros como de la senadora, Graciela Rodríguez. Dos fieles representantes del oficialismo provincial cuya participación no se hubiera dado sin una orden estricta del mandatario provincial, interesado -como está Ríos- de recomponer las relaciones, más que entre Municipio y Provincia, entre Nación y Provincia, sabiendo que el paso obligado a ello son las señales desde el propio justicialismo correntino de que nuevos vientos soplan en la geografía provincial.
Aun así, quizás lo más destacable haya sido la presencia, también en este acto, del Pastor mayor de la Iglesia Católica correntina, que el día anterior había dado la nota al apresurarse a saludar en primer término al Gobernador electo, con quien supo cultivar una relación más que cordial, siendo notorio que esta administración como ninguna otra se ocupó de la remodelación de infinidad de edificios pertenecientes a la Iglesia en todo el territorio provincial.
Más allá de la reiterada alusión a la profundización del modelo seguido por la administración saliente, quedó claro en la conformación del equipo que lo secunda, que Ríos apeló a gente de estricta confianza capaz de moldear un estilo de gestión que imagina como propio, con la intención de darle una impronta claramente diferenciada en la cual se revalorice la presencia peronista, que fue una de las críticas más recurrentes en el período de Camau.
Otro aspecto destacable parece ser la decisión de transparentar el servicio de transporte urbano, con el anuncio del llamado a licitación. Ésta era, desde siempre, otra de las críticas a Camau en cuanto a lo que se interpretaba como una cierta subordinación a los intereses del llamado monopolio que domina el servicio público en la Capital de Corrientes.
Para un hombre como Ríos, que aspira a retomar su proyecto provincial, todas y cada una de las señales que se den desde la vidriera grande de su gestión capitalina adquieren significación, importancia y una lectura fina que permita entrever su desempeño en funciones de mayor envergadura.

LA SUCESIÓN DE COLOMBI

La imposibilidad del Gobernador de ir por una nueva reelección, y su decisión de pelear la recuperación de su territorio en un mano a mano con Víctor Cemborain pareció disparar las especulaciones puertas adentro de la UCR, con un Peteco César Vischi que corre en punta favorecido por su fuerte presencia territorial y el acompañamiento de muchos jefes departamentales e intendentes, así como por la circunstancia de haber sido el elegido para el cargo de mayor significación política en la nueva estructura de poder del Gobierno.
Vischi tiene las condiciones para mostrarse en términos electorales, perforando la natural indiferencia de la ciudadanía que aún no lo registra como una opción posible de poder a cuatro años vista.
Cierto es que falta tiempo, mucho y poco, según cómo se lo mire. Y cierto es que en el universo de la propia UCR no será fácil homologar la eventual candidatura del hombre fuerte del radicalismo libreño, más allá de que -seguramente- será Ricardo el gran elector en la medida en que para el momento de la definición logre que el poder no se licue; algo que tampoco resulta fácil.
Desde el lado del justicialismo parece claro que no hay candidatos naturales. Los resultados de la última elección pusieron las cosas en un punto de barajar y dar de nuevo. El escenario nacional no es ni será el mismo de acá a cuatro años. El efecto Massa todavía es un interrogante como lo es quién se quedará con la candidatura del espacio K. Todo esto tiene su importancia en Corrientes, más allá de que en el justicialismo hay convicción plena de que un nuevo tiempo se abrió a partir de 2007, cuando se llegó al piso electoral de 32.000 votos, luego de fallidas alianzas electorales que desdibujaron la identidad del partido de Perón.
La dirigencia está hoy conteste en la necesidad de una construcción colectiva que, de hecho, excluye liderazgos absolutos y cheques en blanco, sino la participación comprometida de los actores con responsabilidad capaces de mostrar al justicialismo como una opción  de poder con fuerza suficiente para pelear el Gobierno a una administración en retirada, que aun así dará batalla para mantener a un hombre de su riñón que podría ser un radical o podría terminar siendo un extrapartidarios del fuste de "Perucho" Cassani o Gustavo Canteros, hoy por hoy los dos principales sostenes institucionales de Colombi.
 
LA INSERCIÓN NACIONAL DE COLOMBI

No pareció un hecho menor la circunstancia de que la UCR correntina, con el mérito del senador Sergio Flinta haya hecho bailar su trompo quedándose con la Vicepresidencia 1ª del Comité Nacional de la UCR. Aun así, los que conocen el paño saben que Colombi no tiene la mejor opinión de sus correligionarios nacionales en términos de vocación y aptitud para pelear en la cancha grande.
Está dispuesto a acompañar, pero hasta la puerta del cementerio.
De ahí su recurrente interés en hurgar en cómo se desenvuelve la interna del justicialismo no K. Mira con interés lo que hace Gustavo Canteros en su afiatada relación con De la Sota y Scioli, a la vez que sigue de cerca el accionar de Carlos Farizano, quien parece el hombre elegido por Sergio Massa para trabajar en Corrientes.
Si hay que saltar el cerco, Colombi, nadie duda, es un adelantado. Más allá de los kilos que dificultan ya su performance futbolística, Ricardo ha sido siempre rápido de reflejos. Tiene olfato de poder y es consciente que sus correligionarios radicales poco es lo que pueden ofrecer como para contribuir a la difícil tarea de conservar su territorio.
A la hora de la verdad, con distintas opciones disponibles, Colombi elegirá la opción más ventajosa.

¿Y LA RE- RE?

Los que frecuenten el despacho gubernativo han admitido en los últimos días que el tema de una eventual reforma constitucional se ha colado en la agenda del Gobierno, quizás como correlato de la incipiente interna desatada en la mismísima UCR, donde no resulta fácil homologar el candidato a la sucesión de Ricardo.
Colombi parece no descartar la idea, y quizás a ello se deba su tibia alusión a la necesidad de modificar el régimen municipal sólo posible mediante una reforma de la Carta Magna.

PANORAMA NACIONAL

En circunstancias de crisis, muchas veces nada parece tan viejo como las noticias del diario de la mañana. Desde la rebelión policial de Córdoba hasta hoy, los acontecimientos se precipitaron de una manera tal que resulta a veces difícil precisar su encadenamiento casual. Es como si las cosas pasaran todas al mismo tiempo.
La sublevación casi simultánea de la mayoría de las policías provinciales de la Argentina marcó un antes y un después. Más allá del juicio que merece la actitud de los efectivos de las fuerzas de seguridad y del estado de virtual indefensión en que fue colocada gran parte de la población argentina, y al margen inclusive de la necesaria revisión de los distintos niveles de responsabilidad política emergentes en cada caso, hay que empezar por reconocer que, con las obvias diferencias del caso, diciembre de 2013 revivió en la memoria de los argentinos los peores fantasmas de diciembre de 2001.
La imprevisión es la característica indeleble de toda crisis. Es evidente que ni el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, ni su colega bonaerense Daniel Scioli, tenían, por ejemplo, la menor información acerca de lo que se estaba incubando en las fuerzas policiales bajo su mando. Esto explica que los acontecimientos los sorprendieran cuando se encontraba de viaje por Panamá o el Brasil, respectivamente.
Pero después de esta demostración de imprevisión, De la Sota tomó una decisión política de incalculables consecuencias. Convencido de que el Gobierno nacional lo había dejado librado a su propia suerte, como si Córdoba no fuera parte de la Argentina, resolvió nacionalizar la cuestión. La fijación de un salario mínimo de 12.000 pesos para los efectivos de la Policía mediterránea brindó una consigna generalizada para la reivindicación salarial de los agentes policiales de las demás provincias y colocó a sus gobernadores ante la dramática encrucijada de aceptar o negar en sus territorios el aumento ya concedido en Córdoba.
Una de las primeras consecuencias prácticas más importantes de estos graves episodios fue el debilitamiento generalizado de la autoridad política de los gobernadores. Por supuesto que no todos los mandatarios provinciales sufrieron un impacto equivalente. Scioli, que pudo negociar a tiempo, salió mejor parado que sus pares de Entre Ríos, Sergio Urribarri, o de Tucumán, José Alperovich, que no pudieron impedir saqueos de grandes proporciones. Pero ningún mandatario provincial resultó políticamente indemne. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri tendría que estar eternamente agradecido al Gobierno nacional de que haya hecho caso omiso a sus reiterados pedidos de transferencia de la responsabilidad de la seguridad metropolitana.
No se trata de un hecho menor, si se tiene en cuenta que la designación como Jefe de Gabinete del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich había sido interpretada como un intento de Cristina Fernández de Kirchner de abrir el juego político a los gobernadores peronistas, para garantizar la gobernabilidad en la etapa de transición inaugurada con las elecciones legislativas del 27 de octubre pasado. Es como si a la Casa Rosada se le hubiera pinchado la rueda de auxilio.
Por aquello de que las crisis suelen tener una dinámica propia, que desborda las intenciones de sus protagonistas, este debilitamiento objetivo de la mitológica Liga de Gobernadores coincidió con una repentina, por no decir sospechosa, proliferación de testimonios judiciales en el caso Ciccone que incriminan directamente al vicepresidente Amado Boudou. Baste señalar la dificultad que supone este hecho, ante las limitaciones que experimenta la Jefa de Estado por su estado de salud, que hicieron por ejemplo que Boudou fuera el representante oficial del Gobierno argentino en el funeral del líder sudafricano, Nelson Mandela, uno de los eventos políticos mundiales más importantes de los últimos tiempos.
Simultáneamente, lo ocurrido en Tucumán, incluidas las manifestaciones contra Alperovich en la plaza central de la capital de la provincia, conspiran contra la reelección de su esposa, Beatriz Rojkés de Alperovich, como presidenta provisional del Senado, segundo escalón constitucional de la sucesión presidencial. No resulta para nada arriesgado conjeturar las múltiples variantes que se barajan ante semejante panorama institucional, que no puede sino disparar los sueños de algunos senadores con ambiciones hasta ahora cuidadosamente contenidas.
Lo que ya pasó establece un piso para lo que puede llegar a pasar. El reclamo salarial del gremio camionero, que supone un esfuerzo de Hugo Moyano para reposicionarse políticamente, demuestra la nueva y preocupante dimensión en que ha ingresado la cuestión salarial. Es natural que fuertes aumentos concedidos al personal policial sublevado incremente la presión de todos los sindicatos estatales, empezando por los docentes y también de los gremios del sector privado con mayor capacidad de movilización.
La dirigencia sindical se encuentra entonces ante una situación totalmente imprevista, que condiciona severamente su margen de negociación. La hipótesis de un aumento salarial promedio de alrededor del 20 por ciento para el año próximo, que llegó a manejarse en el Palacio de Hacienda, quedó archivada ante el impacto de los acontecimientos.
Los gobernadores visualizan un escenario extremadamente convulsionado para los próximos meses. A los problemas presupuestarios que genera el aumento a las policías provinciales, habrá que agregar el peso de los incrementos salariales que casi inevitablemente terminará recibiendo el resto de los agentes públicos. En algunos casos, el pedido de fondos extras al Gobierno nacional será una cuestión de vida o muerte.
Habrá que revisar nuevamente los números. Dicho en otros términos: todos los presupuestos públicos para 2014 recién aprobados, sean nacionales, provinciales o municipales ya quedaron viejos. Las urgencias de caja del Gobierno central serán todavía más acuciantes. La búsqueda de otros canales de financiación adicional, provengan de manotazos impositivos de emergencia o de algún crédito externo, será una prioridad políticamente insoslayable.
Baste señalar que, ante el primer atisbo de reclamo salarial expresado por familiares de efectivos de la Gendarmería Nacional, el Gobierno nacional se apresuró a examinar las alternativas para un aumento de remuneraciones que comprendería también a los efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura Naval Argentina. No es para menos: más allá de su discutible credibilidad, la amplia difusión por las redes sociales de convocatorias a saqueos para el jueves 19 y viernes 20 próximos obliga a extremar las medidas de prevención.
Por aquello del efecto dominó, el desborde de las policías provinciales y la plena utilización de los efectivos de la Gendarmería y la Prefectura para garantizar la seguridad ciudadana, colocaron nuevamente en primer plano a la figura del viceministro de Seguridad, Sergio Berni, erigido por imperio de las circunstancias en uno de los funcionarios más importantes del Gabinete nacional.
El curso natural de los acontecimientos obliga a focalizar también la mirada en la situación de las Fuerzas Armadas. No es casual entonces que la Casa Rosada haya redoblado su apuesta en el Senado para conseguir el acuerdo para el objetado ascenso del titular del Estado Mayor General del Ejército, general Enrique Milani, un oficial de Inteligencia transformado (por las mismas razones que Berni) en otro personaje clave del sistema de poder político argentino.
En este contexto, no parece absolutamente descabellado analizar la posibilidad de que, ante un eventual agravamiento de la situación, el Poder Ejecutivo nacional considere necesario acudir al recurso constitucional de la declaración del estado de sitio para garantizar la vida y los bienes de la población. Las voces maliciosas, que insinúan que la última vez que en la Argentina un gobierno tomó una medida semejante fue en diciembre de 2001, horas antes de la renuncia de Fernando De la Rúa, omiten consignar la diferencia abismal que existe entre los protagonistas de ambas situaciones.
Tampoco habría que descartar que el activo protagonismo asumido por la Iglesia Católica, con la obvia inspiración del papa Francisco, en la búsqueda de mecanismos para destrabar los focos de conflicto con las fuerzas de seguridad no lleve a una reedición de una nueva convocatoria a una reedición del Diálogo Argentino con que la jerarquía eclesiástica colaboró para superar la crisis de diciembre de 2001.
Los efectos del dramático estallido de las policías provinciales no sólo golpearon con crudeza sobre la dirigencia política. El mundo sindical también ha sido una caja de resonancia del estruendoso conflicto de las fuerzas de seguridad, alimentando los celos combativos del gremialismo opositor y colocando a los sindicatos oficialistas ante la compleja disyuntiva de garantizar fidelidad al Gobierno, con promesa de paz social y tope salarial mediante, en un escenario caldeado que moviliza a las bases de sus propias organizaciones.
Si la aceleración de la inflación durante los últimos meses (las estimaciones más confiables ya advierten que el acumulado anual rondará entre el 26 y 28 por ciento) puso en jaque la pretensión de la Casa Rosada de avanzar en un acuerdo de precios y salarios para intentar contener expectativas y asegurar un tránsito tranquilo para la economía en 2014, el estallido policial directamente sepultó esa posibilidad más allá de cualquier gesto de buena voluntad gremial.
Es que con un horizonte social movilizado ni el sindicalista más comprometido con la causa K parece dispuesto a inmolarse. Esa convicción, evidencia inconfundible de preocupación, cimentó los últimos intercambios dialécticos de los principales referentes de la CGT que comanda el metalúrgico, Antonio Caló.
El denominador común que emergió en esas charlas fue contundente en el sentido de que será imposible -y hasta alguno optó por el más categórico "suicida"- analizar siquiera un virtual tope salarial cercano al 20 por ciento. "Pensar en un pacto así es ciencia ficción pura, la realidad te pasa por encima", definió una de las principales cabezas de la central oficialista, que siente como su rol de interlocutor privilegiado de la Casa Rosada se vuelve cada vez más una carga demasiada pesada.
El único aliciente que observan cerca de Caló lo constituye el hecho de que, en última instancia no podrán achacarle a esa entidad la responsabilidad de haber pateado el tablero. Los tiempos colocan a los gremios docentes ante el desafío de ser la vanguardia en la nueva batalla salarial, que se anticipa mucho más compleja y difícil que en oportunidades previas.
Ya lo comprobó en carne propia el ministro de Educación, Eduardo Sileoni en los contactos informales que mantuvo con los representantes de algunos sindicatos del sector para empezar a sondear los ánimos antes del arranque oficial de la paritaria.
No fue solo la proporción del incremento salarial pretendido (en todos los planteos superiores a un 28 por ciento) lo que asustó al funcionario, sino, sobre todo, la postura poco amistosa y confrontativa de varios dirigentes que en otros tiempos aceptaban mansamente las recomendaciones o advertencias de la Casa Rosada para cerrar los aumentos.
Hay detrás de esa actitud una relación directa con el conflicto con las policías provinciales y el apuro con el que, tras la dramática situación que vivió Córdoba, los gobernadores reaccionaron elevando hasta en un 50 por ciento los sueldos de los efectivos de seguridad de esas jurisdicciones. Esos aumentos encendieron la mecha de la presión de estatales y médicos (que hasta tomaron varios hospitales del Conurbano bonaerense en los últimos días) a la vez que reforzó los reclamos de los docentes.
El estallido policial también realimentó los ánimos beligerantes de Hugo Moyano y su tropa de la central obrera opositora, decididos a aprovechar el contexto social efervescente para reposicionar su ofensiva de confrontación con el Gobierno tras el fiasco electoral que soportó el camionero en octubre.
No prevé Moyano por ahora una jornada nacional de protesta o huelga. Su propio gremio será nuevamente la punta de lanza en una escalada que podría culminar con un paro del transporte de cargas antes de la Navidad. El argumento es la falta de respuesta empresarial al reclamo de un adicional salarial de fin de año que compense el impacto de la inflación.
Camioneros no es el único gremio detrás de ese propósito. Más de una treintena de sindicatos, tanto oficialistas como opositores, inició negociaciones con el mismo objetivo y espera definiciones antes del fin de año, aunque la mayoría no imagina un escenario de conflicto inminente. En esas entidades suponen que el desenlace del conflicto policial de las provincias terminará por dejar sin fundamentos las amenazas del Ministerio de Trabajo de no homologar acuerdos por aumentos adicionales.
Más complejo es el escenario que enfrentan los gremios industriales, incluido la propia UOM de Caló, por su alineamiento incondicional con la Casa Rosada. La situación los coloca frente a un tenso equilibrio: por una parte, la necesidad de cumplir con el rol que le impone la sociedad con el Ejecutivo, lo que se traduce en un compromiso de paz social y moderación salarial; por otra, la renovada presión de sus propias bases por recomponer su nivel de ingresos en el marco de una inflación creciente.
Obligados por la realidad, tanto los aliados como los enemigos del poder K, los gremios se preparan para un verano caliente y conflictivo.
 
SCIOLI ZAFÓ Y SÓLO GANÓ TIEMPO

Aplacada la rebelión policial en la provincia de Buenos Aires, se abre ahora para el gobernador, Daniel Scioli un tiempo de trabajo exhaustivo para encontrar un camino al nuevo problema que supone el compromiso de aumento salarial a los agentes de la fuerza: de dónde sacar los fondos necesarios para financiar esas remuneraciones, que no están contempladas en el presupuesto 2014 que aprobó la Legislatura.
En verdad, el cálculo de gastos e ingresos para el año que viene, de más de 180 mil millones de pesos, no había incluido la pauta salarial, una maniobra siempre criticada por la oposición que ayuda a bajar el déficit. Este aumento extraordinario concedido a los uniformados viene a complicar aún más los números que tendrán que hacer en el Ministerio de Economía.
Por decreto, Scioli elevó el sueldo básico de un policía ingresante a 8.570 pesos. Además, subió a 1.300 mensuales el adicional por uniforme, y elevó las horas extras, conocidas como "horas cores" de 14 pesos a entre 21 y 50 pesos. Es un salto notable respecto a los menos de 6 mil pesos que percibe hasta ahora un recién ingresado. Por supuesto que, cuanto más alto es el rango, más sube el salario. Es una gigantesca masa salarial extra que necesitará la administración provincial.
Si sólo se tomara como sueldo de los 54 mil policías, ese básico de 8.570 pesos del ingresante, el Gobernador estaría necesitando para poder pagar unos 6 mil millones de pesos anuales. La cifra probablemente sea menor, teniendo en cuenta que muchas de las mejoras son en negro y no contemplan a retirados. De todos modos es muchísimo dinero extra.
La Legislatura acaba de aprobar una autorización de endeudamiento para que el Gobierno provincial tome deuda por unos 15 mil millones de pesos durante 2014. Es un recurso posible destinarlo al pago de salarios, pero supuestamente, y citando explicaciones que ha dado la ministra de Economía Silvina Batakis, ese pedido de permiso para endeudarse no fue para cubrir gastos corrientes, sino para nuevas inversiones en infraestructura.
Acaso haya marcha atrás con ese razonamiento. Voces de analistas económicos que se han escuchado por estas horas aseguran que, para cumplir con los compromisos contraídos con la Policía, a Scioli no le quedará más remedio que recurrir -una vez más- a la ayuda del gobierno nacional, que en los hechos ya es el principal acreedor que tiene la Provincia.
La presión tributaria en tierra bonaerense está en niveles récord -la mayor en la historia- y no parece posible pensar en un aumento de impuestos para solventar este gasto, digamos, inesperado. De hecho, acaba de ser bochado en la Legislatura un proyecto de retoque del impuesto inmobiliario. Ahora esperan la ayuda de la Casa Rosada. Si es que aparece.
En el caso puntual de Scioli, además, es una doble mala noticia debido a que en los próximos 24 meses el Gobernador intentará moldear su candidatura presidencial para lo que no parece contar con el visto bueno incondicional del cristinismo. Se sumaría ahora la necesidad permanente de no chocar con la Rosada para no poner en riesgo la eventual ayuda financiera.
El otro problema, que se analizó cuando hubo que tomar la decisión de aumentarle a los policías, es el posible efecto dominó en los otros gremios provinciales. La sensación es que "ahora se vienen los docentes", aún descontentos con la última paritaria que se cerró por decreto. Se vaticinan duras posturas del Frente Gremial del sector y un inicio de año lectivo complicado.
También, los movimientos de la Asociación de Trabajadores del Estado han quedado en observación de las autoridades de la Provincia ante eventuales reclamos "inaccesibles". Para la administración provincial ahora viene una nueva etapa: convencer a los demás gremios de que la Policía estaba verdaderamente atrasada en algunas remuneraciones, y que es imposible otorgar incrementos como éstos, que en algunos casos alcanzaron el 60 por ciento del sueldo de bolsillo.
La rebelión policial significó un punto de inflexión y dejó sentado un precedente de consecuencias difíciles de mensurar a mediano plazo. Pero el iceberg esconde muchas otras cuestiones a tener en cuenta, y que preocupan sobremanera en el sciolismo. La amenaza de acuartelamiento fue una presión por parte de los uniformados, quienes tampoco fueron actores distraídos en la instalación de un clima de saqueos.
Saben intendentes del Conurbano que desde sus propias comisarías hubo llamados a las cámaras comerciales locales con "advertencias" sobre posibles saqueos y "recomendaciones" de cerrar las puertas. La fuerza también supo operar para apurar una salida al conflicto. Si bien Scioli se mostró enérgico en la respuesta y cerró la discusión con un decreto que estipuló el sueldo mínimo de bolsillo, los policías lograron casi todo lo pedido, hasta ser tenidos en cuenta en las paritarias de febrero.
El acuerdo no dejó conforme a un sector, el de los retirados que revistan en la Asociación Profesional de Policías de la Provincia (Apropoba), gremio conducido por Nicolás Massi. Igual, su negativa y la de un sector de Infantería fue rápidamente eclipsada por la aceptación del resto de los uniformados. De todos modos, y aun cuando la sindicalización no es reconocida oficialmente, la puja entre Apropoba, el Sindicato Policial Buenos Aires (Sipoba) y el Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinpope) también constituye un problema para el control político de la fuerza.
El propio ministro Alejandro Granados reconoció que Salvador Baratta, el concejal massista que conduce el Sinpope, ayudó a descomprimir la situación. Desde el gobierno nacional lo acusaron de ser responsable de la revuelta. En rigor, el Sinpope fue literalmente expulsado de la asamblea montada en La Plata, debido a que sus integrantes querían atemperar el reclamo y fueron acusados por los demás de intentar romper la protesta.
Se abre ahora un debate sobre el reconocimiento sindical de la Policía. Sin duda, una de las preocupaciones para la conducción civil de la Bonaerense es la recurrencia de las internas entre los diferentes sectores de la Policía, que tampoco estuvieron ajenas en la revuelta. Generalmente, Infantería y los retirados tienen encono hacia los altos mandos policiales. En este caso, la figura del superintendente general, Hugo Matzkin, estuvo en el centro de la escena.
La resistencia a Matzkin, la influencia que aún ejerce el ex jefe Juan Carlos Paggi, y el pase a retiro del superintendente Abel Maggi, dispuesto por Granados cuando llegó, son algunos de los factores de enojo en el sector "de calle". Matzkin no la pasó nada bien con sus subalternos en Mar del Plata, donde la situación estuvo más delicada y la falta de efectivos incentivó saqueos.
Los sublevados no lo querían como negociador, y Granados tuvo que mandar al subsecretario de Relaciones Institucionales, Edgardo Amarilla, a que negociara. En La Plata, también con el único que querían dialogar era con Granados o con los funcionarios civiles. La rebelión le significó a Matzkin un duro golpe, y puso sobre la cúpula el mismo signo de interrogación que aparecía en los días previos a la llegada de Granados.

EL NUEVO PANORAMA DEL CONGRESO

Esta semana asumieron formalmente los nuevos legisladores electos en las elecciones de octubre y el Frente para la Victoria aparece dominando con claridad el Senado y con menos holgura en la Cámara de Diputados. Hubo un tiempo en el que en el Congreso se formaban bloques amplios y ciertamente sólidos, que con el tiempo iban desgajándose.
Hoy ya no es así: de entrada nomás las listas electorales tienen miembros que ya se sabe que al sentarse en sus bancas estarán separados del resto. En efecto, lejos del bipartidismo que dominó la mayor parte de estos 30 años de democracia, el mundo de la política ofrece hoy una amplia variedad de espacios, en función de liderazgos cada vez más personalizados.
Un claro ejemplo de ello es la nueva composición de la Cámara de Diputados, que debutó este 10 de diciembre. Si bien no son pocos los que auguran una marcada polarización entre el kirchnerismo y un massismo que podría ir creciendo, lo cierto es que, tras la renovación parlamentaria, ese cuerpo estará integrado por numerosos bloques, monobloques e interbloques, que llevarán al máximo la fragmentación.
En total, son siete los interbloques conformados en Diputados: la UCR (41), el Frente Renovador (21), Propuesta Federal (20), el FAP (15), Compromiso Federal (6), Unión Federal de Provincias (3) y el Frente de Izquierda (3). Obviamente esos espacios, que surgen a los fines parlamentarios, se componen de bloques y también de monobloques.
Diecinueve son los bloques constituidos en la Cámara baja a partir de este martes 10. Estos son: el Frente para la Victoria (118), Nuevo Encuentro (4), el Frente Cívico por Santiago (7), la UCR (40), el Frente Renovador (17) y Unión-PRO (18). Continúan la lista el Partido Socialista (8), el GEN (4), el Frente Cívico por Córdoba (2), Compromiso Federal (5), el Movimiento Popular Neuquino (3), la Coalición Cívica-ARI (3), Unidad Popular (3), Unión por Córdoba (3), Trabajo y Dignidad (2), el Frente de Izquierda (2), SUMA + (2), Cultura, Educación y Trabajo (2) y Frente Cívico y Social por Catamarca (2).
Pero a su vez, hay nada menos que 16 bloques unipersonales, la mayoría de ellos unidos a interbloques. Entre los aliados del oficialismo figuran Gustavo Fernández Mendía (PJ La Pampa) y Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular). De momento, no se debe incluir a Alicia Comelli, quien a diferencia de sus dos nuevos compañeros de bancada apoya al kirchnerismo, pero asegura que no piensa romper el bloque.
Bernardo Biella Calvet, de Udeso, y María de las Mercedes Seham (Encuentro por Corrientes) acompañan a la UCR, en tanto que Rubén Sciutto (Peronismo Más al Sur), María Cristina Cremer de Busti (Unión por Entre Ríos) y Alberto Asseff (Unir) ya se incorporaron al interbloque del massismo. Por su parte, el PRO suma como aliados a los monobloquistas Roberto Pradines (Demócrata de Mendoza) y Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular).
La única representante de Libres del Sur es Victoria Donda, en el FAP. Ramona Pucheta (Frente por la Inclusión Social) continúa en el interbloque de Compromiso Federal, que responde a los hermanos Rodríguez Saá. Graciela Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino) integra el interbloque de Unión Federal de Provincias. Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco), Carlos Brown (Fe), Alcira Argumedo (Proyecto Sur - Unen) y Nicolás del Caño (PTS – Frente de Izquierda), cierran la lista de monobloques.
Con este panorama el kirchnerismo, primera minoría, deberá hacer esfuerzos para conseguir el quórum con sus aliados y además controlar a su propia tropa para evitar fugas hacia el bloque del massismo. Las deserciones que se pronosticaban aún no se verificaron pero algunos observadores parlamentarios consideran que esa movida arrancará en cuentagotas a partir del inicio del período de sesiones ordinarias y de acuerdo como lo vaya al gobierno.
En el Senado la relación de fuerzas es mucho más cómoda para jefe del bloque K Miguel Ángel Pichetto ya que conduce una tropa de 32 legisladores propios. Además cuenta con el aval del ex gobernador santiagueño Gerardo Zamora, quien sueña con la Presidencia provisional en lugar de Beatriz Rojkés de Alperovich, y su compañera de bloque Ada Iturrez, la santafecina Rosana Latorre, el correntino José María Roldan y el fueguino Jorge Garramuño.
En concreto el Senado ha quedado conformado con 32 bancas para el Frente para la Victoria, 13 para la UCR, 5 para el FAP, 7 del PJ disidente, 2 del Frente Cívico por Santiago, 2 del PRO, 2 del Movimiento Popular Neuquino, y los siguientes monobloques: PJ La Pampa (María de los Ángeles Higonet), Frente Popular (Gerardo Montenegro), Federalismo Santafesino (Roxana Latorre), Partido Liberal de Corrientes (Josefina Meabe), Frente de Todos (José María Roldán) Federalismo y Liberación (Carlos Saúl Menem), Movimiento Popular Fueguino (Jorge Garramuño), Proyecto Sur-Unen (Fernando Solanas), Unión por Entre Ríos (Alfredo De Ángeli)
La nueva composición de este cuerpo debutará el miércoles con el tratamiento del pliego del general Milani, una votación polémica que Pichetto asegura tener ganada. El kirchnerismo y sus aliados tendrán un buen test pero arrancan con números favorables. De movida arañan los 40 votos y la oposición, para variar, aparece muy dispersa. La duda pasa por el comportamiento del peronismo disidente y de los monobloques.