Redacción Canal Abierto | El Gobierno publicó en el Boletín Oficial de hoy el decreto 340/25 en el cual, a partir de la modificación del régimen de la marina mercante, una serie de actividades quedan establecidas como servicios esenciales y otras de importancia trascendental, lo que ataca de manera seria el derechos a huelga de quienes trabajan en ellas.

Entre las primeras, declaradas como servicio esencial se encuentran los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales.

También se encuentran incluídas como actividades esenciales la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario (incluye balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios); los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior; el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial y el transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

En el decreto se establece que, ante medidas de fuerza de quienes trabajan en ellas, estas actividades deberán garantizar un 75% de su funcionamiento. A través de redes sociales el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas Matías Cremonte analizó la medida y planteó que, con esta medida, “no tiene efecto la huelga”.

“La legislación argentina, hasta esta ilegal modificación, siguiendo a la OIT sólo consideraba esencial a los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Tiene una finalidad concreta, que no es prohibir la huelga”, agrega en su intervención Cremonte.

Además, se introduce la figura de la actividad de “importancia trascendental”, que debe garantizar su continuidad en un 50%. Allí se incluyen la producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios; el transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; los servicios de radio y televisión, una situación que resulta llamativa que provenga del mismo gobierno que plantea que se trata de medios obsoletos;  actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera; la industria alimenticia en toda su cadena de valor; la producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor; los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico  y la producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

“Es tan abierto el criterio que casi todo podrá considerarse esencial o trascendental”, agrega Cremonte.

Y agrega: “Tan absurdo es que en un inciso incluye `la interrupción o suspensión de la producción pudiere … afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal´. Es claro que no trata de proteger la vida de la población ni el ejercicio de un derecho”.

“Hace más de 20 años que está regulada la huelga en los servicios esenciales, y jamás existió un caso en el que se haya puesto en peligro la vida, la salud o la seguridad. El sistema funciona bien, y el cambio es para favorecer a los empresarios y joder a los trabajadores”, prosigue. Y concluye: “Si todo ese esencial, nada lo es”.

La postura de ATE

En el mismo sentido se manifestó la cúpula de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazo a la medida. El Secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar, expuso que “este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones. Rechazamos la posibilidad de que todas las actividades sean consideradas esenciales y es muy grave que exijan que se garantice el 75% de las prestaciones. De esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto”.

 Y planteó que “el Gobierno está apurado y quiere liquidarnos antes que se le terminen las facultades extraordinarias. Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo. La legislación argentina siempre reguló los servicios esenciales de acuerdo al criterio de la OIT y hasta ahora funcionó muy bien. Esto no tiene que cambiar”.

Por su parte, la Secretaria Adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, adelantó que “no vamos a abandonar las calles ni a bajar los brazos. Nos quieren disciplinar, y eso nos da aún más impulso para defender a los trabajadores”.

Cabezas alertó que “protegen a los empresarios y a los sectores con más poder por encima de los trabajadores. Están disolviendo todo tipo de organización; eso es lo que vienen destruyendo desde que asumieron: los lazos sociales, el encuentro colectivo. Hace unas horas amenazaron de muerte al secretario general de nuestro sindicato a través de redes sociales”.

“La persecución se da por todos los medios, justo cuando estamos por iniciar una jornada de lucha que prevemos masiva y federal. Ellos son los que tienen miedo”, concluyó Cabezas.

Fuente: canalabierto.com.ar