Por Eugenia Rodríguez

“No hay plata. No hay alternativa al ajuste y plan de shock. Esto naturalmente impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, de empleo, los salarios reales, y la cantidad de pobres e indigentes”. Con esta frase, el nuevo presidente de la Argentina, Javier Milei, resumió las características centrales del plan económico que pondrá en marcha desde este mismo lunes. ¿Qué implica un programa de ajuste con shock? Se trata de un recorte brusco y aplicado en lo inmediato sobre el gasto del Estado que, según dejaron trascender estos días desde su entorno, afectará el empleo y los sueldos de la administración pública nacional, a las jubilaciones y programas sociales, a los subsidios de servicios públicos, al presupuesto en universidades, y al financiamiento de obras públicas, todo ello en un marco de inflación al alza por la liberación de los precios que incluye el mismo programa.

En ese sentido, el mandatario anticipó también que la inflación se ubicará “a un ritmo de entre el 20% y 40% mensual entre diciembre y febrero” y que, al menos el próximo año y medio o dos, la población vivirá en un escenario de estanflación, esto significa de estancamiento de la actividad económica con caída del consumo interno, paralización productiva y aumento del desempleo, así como salarios cada vez más golpeados por la suba de los precios. Para el mandatario se trata, sin embargo, del "último mal trago" para llegar “a la luz al final del camino”, un camino que será “menos doloroso” cuanto “mayor sea la contención desde el Ministerio de Capital Humano”, aunque no dio detalles sobre cuáles serán las políticas que se implementarán en ese sentido. 

Amparándose en “la herencia recibida”, Milei destacó en varias oportunidades lo que será el punto central de su gestión: “No hay solución alternativa al ajuste” y ese ajuste será “en forma de shock”, sin gradualismos. Esta vez ya no se refirió a “la casta” como el sector sobre el que recaerán las consecuencias de las medidas económicas sino que focalizó en “un ajuste fiscal sobre el Estado y no sobre el sector privado”. Si bien aún no se conocieron las precisiones de lo que desde la Libertad Avanza dejaron trascender como “ley ómnibus”, en referencia a un conjunto de proyectos de ley con medidas de reformas similares a las del menemismo, quedó claro que habrá un cambio de prioridades: “La única posición posible es un ajuste que caiga con todas sus fuerzas sobre el Estado”. 

A primera hora de este lunes se espera una conferencia de prensa de del vocero presidencial, Manuel Adorni. Pese a que hablará en la previa de la apertura de los mercados, el flamante Gobierno aún no dejó claro si habrá anuncios económicos.

Ajustar todo y de golpe

“No hay plata. No hay alternativa posible al ajuste y al shock. No hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo”, señaló Milei en su primer discurso oficial, en el que se comprometió al inicio de “una nueva era” que llevará al país por “el camino de la reconstrucción”. Para hacerlo, entiende el libertario que “la única alternativa” posible es una fuerte reducción del gasto del Estado y del déficit fiscal, en torno a “5 puntos del PBI”. 

Sobre ello, si bien el mandatario no puntualizó en esta ocasión sobre las medidas que adoptará para concretar dicho ajuste, según declaraciones previas a la prensa y lo que dejaron trascender los equipos que fueron parte de la transición, los recortes apuntarían a la eliminación de ministerios y organismos públicos (ya firmó su primer DNU para para reducir a 9 la cantidad de ministerios), congelamiento de sueldos de la administración pública nacional, eliminación de la fórmula de actualización de jubilaciones, recortes de los subsidios “desequilibrados” en transporte y energía – podría ser en dos etapas-, freno a la obra pública para que quede en manos de la actividad privada, reducción de las transferencias no automáticas a las provincias, y prórroga del presupuesto 2023, lo que significa un ajuste indirecto dado el impacto de la inflación de este año en las partidas asignadas. 

Al respecto, quienes primero se verían afectados por la promesa presidencial de un ajuste brusco e inmediato serian aquellos que tienen sus ingresos directamente relacionados con el Estado, es decir, salarios de empleados de diferentes reparticiones públicas así como las personas que reciben ingresos vinculadas a jubilaciones, asignaciones y programas sociales, que se verían perjudicadas por la reducción drástica de los fondos públicos. Un escenario drástico, que el propio Milei calificó como “duro” y con “dolorosos sacrificios”, y agravado por el contexto general de la economía en recesión. 

“El gasto en salarios del sector público ronda el 2% del PBI, aún con la eliminación de ministerios enteros y una reducción de los salarios reales de los funcionarios públicos el ahorro en esta partida del gasto es limitado e insuficiente para converger al equilibrio fiscal”, analizaron desde la Fundación de investigaciones para el desarrollo (FIDE) y dijeron que el foco inicial podría estar puesto además en “la obra pública, donde el gasto representa cerca del 1,5% del PBI, asimismo, puso en duda el pago del aguinaldo a trabajadores del sector público, y otro foco del ajuste serán los subsidios económicos (energía, transporte), lo que ya se encuentra en un sendero de ajuste en el marco del plan de segmentación (en 2023 dicho gasto rondará el 1,7% del PBI frente al 2,6% de 2022), y otro punto del ajuste fiscal radicará en las transferencias a las provincias, cuyo monto ronda el 0,7% del PBI”. A su vez explicaron que “en su conjunto, las prestaciones sociales representan cerca del 10% del PBI, siendo la partida del gasto que más recursos del Estado insume, sin embargo, la aceleración de la inflación le permitirá licuar el gasto al menos durante los primeros meses, dado que jubilaciones, pensiones y planes ajustan con rezago”. 

En relación, el jefe de Estado dijo el domingo también que “hay que atacar los 10 puntos de déficit fiscal del Banco Central” para lo que se dejará de emitir y financiar al Tesoro ya que es “la única causa de la inflación empíricamente cierta y valida en términos teóricos”. Pero aclaró que esto no tendrá efecto inmediato por lo que la población deberá afrontar, al menos, entre 18 a 24 meses de suba generalizada de los precios. Y dijo a quienes se acercaron al Congreso a escucharlo que en lo inmediato la inflación “viajará a un ritmo de entre 20% y 40% mensual entre diciembre y febrero” en tanto que aseguró que de no implementar el ajuste prometido, “nos podríamos ir a inflación planteada de 15 mil por ciento anual”.

Admitió que “habrá estanflación” y que “el principio será duro, en el corto plazo la situación empeorara pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo” y prometió “contención del Ministerio de Capital Humano” aunque no adelantó cómo se implementará. Sobre ello, economistas consultados por este medio destacaron que el escenario de estanflación implica también cambios importantes en los precios relativos de la economía lo que genera una caída del comercio interno, que afecta a las empresas -sobre todo pequeñas y medianas- y puede derivar en la pérdida de puestos de trabajo, por lo que se trata de un modelo que termina por afectar al conjunto de los asalariados en general, aumentando las desigualdades ya existentes en la sociedad, agravando el “45% de pobres y 10% de indigentes”, que el presidente describió sobre la situación actual.

En cuanto a las posibles resistencias a las medidas a aplicar, el mandatario dijo que “quien corta la calle, violando derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad, el que corta no cobra”, en relación a quienes son beneficiarios de programas sociales, y serán los más golpeados por la suba de precios en productos de primera necesidad y en tarifas. Aseguró a su vez que va no va “tolerar” que “por hipocresía y ambición de poder se interfiera con el cambio”, apuntando a dirigentes políticos, sindicales y empresariales.

Otra vez, la culpa de la herencia

“Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”, señaló Milei, en el primer día de sus cuatro años de gobierno y aunque aseguró que “comienza una nueva era”, dedicó gran parte de su discurso a describir a la herencia como justificación de que “la única posición posible es un ajuste que caiga con todas sus fuerzas sobre el Estado”

En ese sentido, se refirió al déficit fiscal heredado del gobierno saliente, “15% corresponde por déficit entre el Tesoro (5%) y el Banco Central (10%)” y dijo en un cálculo hipotético que “se podría multiplicar la tasa de inflación por 12 meses, y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3600%”. Además criticó “la otra herencia que es el cepo cambiario”. 

Asimismo fue más allá al indicar “son 100 años de fracasos, de despilfarro”, y volvió a resaltar el país del 1800 donde se registró a su entender “la expansión económica más impresionante de la historia” antes de que se “abrazaran las ideas empobrecedoras del colectivismo”. Sin embargo, el país del 1800/1900 refiere a una Argentina en la que no había derecho alguno reconocido ni garantizado para trabajadores, no había siquiera Estado organizado ni educación pública y la salud dependía de quien pudiera pagar atención privada. 

En base a lo anterior se excusó para remarcar: “No tenemos alternativa ni tiempo, se requiere de acción inmediata, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste”. 

Fuente: www.eldestapeweb.com