Por Horacio Rovelli 

En medio de la llamada Guerra Fría y del temor exacerbado de Estados Unidos al comunismo, máxime con la Cuba castrista de 1959, en la Argentina se llamó a elecciones de gobernador en marzo de 1962 y en la mayoría de las provincias ganó el peronismo. Esto provocó que las cúpulas de las Fuerzas Armadas, alineadas con los servicios de inteligencia norteamericanos, destituyeran al Presidente Arturo Frondizi y, a su vez, posibilitaran que el mandato lo completara el presidente provisional del Senado, José María Guido.

Durante la delegación de Guido se produjo el enfrentamiento interno en las Fuerzas Armadas entre los azules y colorados. Los azules estaban de acuerdo con permitir un acceso limitado a algunos dirigentes peronistas con el fin de lograr la normalización institucional y al mismo tiempo combatir a los grupos de izquierda marxista. Los colorados, por su parte, equiparaban al movimiento peronista con el comunismo y abogaban por erradicarlo completamente mediante la instauración de una dictadura militar permanente.

La victoria de los azules permitió la supervivencia de la presidencia de Guido y la convocatoria a nuevas elecciones con el peronismo proscripto. En un marco económico recesivo e inflacionario, era el ministro del área Álvaro Alsogaray quien imponía sucesivas devaluaciones y medidas de austeridad tales como estrictos controles de crédito e incluso el pago de salarios estatales con bonos. El PIB cayó un 4% entre 1962 y 1963, el desempleo abierto aumentó a un 8,8%, y el conjunto de la capacidad productiva instalada era del 55% (las fábricas de bienes de consumo trabajaban en el orden del 70% de la capacidad instalada, y las fábricas de bienes de capital y productos semiduraderos en el 30%).

En ese contexto se convocó a elecciones para julio de 1963 y ganó la UCR con la formula Arturo Illia y Carlos Perette, quienes asumieron el 12 de octubre de ese año. El nuevo gobierno desoyó los cantos de sirena de la libertad de mercado y retomó la defensa acérrima del mercado interno del peronismo, canceló los contratos petroleros firmados por el gobierno de Frondizi, controló las inversiones y los precios de empresas extranjeras en las automotrices y en medicamentos, y fijó el control de cambio. En tres años de gobierno, Illia logró superar la dura recesión heredada. Durante 1964 el PBI aumentó en un 10,3% y al año siguiente un 9,1%, una extraordinaria cantidad de bienes y servicios adicionales puestos a disposición de la sociedad. La actividad de las industrias manufactureras, que representaban entonces la tercera parte del PIB (la producción agropecuaria era un sexto), registró un aumento del 18,9% en el primer año y del 13,8% en el segundo; su participación en el PIB en 1964 fue del 32,5% y alcanzaría en 1965 el récord histórico del 33,9%, que nunca fue superado. La participación de los asalariados en el Ingreso Nacional pasó del 34,7% en 1963 al 41% al año siguiente.

Las exportaciones de 1.200 millones de dólares en 1962 pasaron a 1.500 millones en 1965, con un récord de 877 millones en el primer semestre de 1966. La deuda externa disminuyó de 3.390 millones de dólares en 1963 a 2.650 millones en 1965, sin necesidad de tocar las reservas de oro y divisas guardadas en el Banco Central, ni de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional.

Los auspiciosos resultados se deben en primer lugar al estímulo a la demanda interna a través del fortalecimiento en el poder de compra de los salarios, que se potenció a través de una serie de medidas:

1. Se fijó un salario mínimo, vital y móvil igual a la canasta básica total.
2. A su vez, se operó sobre un conjunto de precios que afectaban la canasta familiar y se fijaron precios máximos para un conjunto de bienes de consumo esenciales.
3. Se congelaron tarifas públicas.
4. Se redujo la tasa de interés interna para financiar la producción industrial.
5. Férreo control sobre las importaciones, suspendiendo el financiamiento sobre algunas [1] y estimulando a las industrias locales para la utilización de insumos de materias primas nacionales y de producción local.
6. Obligación de liquidar las exportaciones en el plazo de diez días.
7. Férreo control de las divisas mediante la Emergencia Cambiaria declarada por el decreto 2.581, del 10 de abril de 1964, con la finalidad de que el Banco Central, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preservara las reservas internacionales y programara su utilización para el pago de deuda pública y de financiamiento de obras y servicios públicos, y obligara al sector privado a financiarse a su costa las importaciones y los pagos de su deuda.

No devaluó, pese a la existencia de dólares paralelos mucho más altos que el oficial y a la presión del “campo” (exportaciones agropecuarias). En el transcurso del gobierno y para evitar el retraso en el tipo de cambio, se hacían ajustes en base a los precios internos (crawling peg) para evitar transferencias bruscas intersectoriales.

Era otro país, con importantes empresas públicas en lugares claves (petróleo y gas, energía eléctrica, acero, ferrocarriles, marina mercante, etc.), para cuyo control el gobierno de Illia creó la Sindicatura de Empresas del Estado. El gobierno había nombrado a los presidentes y directorios de las empresas del Estado, pero la Sindicatura, formada por la Secretaria de Hacienda, el Banco Central y el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) [2], realizaba el control interno: Hacienda porque financiaba el gasto de recursos públicos; el Banco Central porque generaba créditos corrientes y, llegado el caso de una inversión, el pago de ese capital; y el CONADE porque orientaba las inversiones. La Sindicatura de Empresas del Estado tenía un síndico en cada una de ellas y ese síndico tenía derecho de veto, por lo que las empresas públicas, en sus balances-presupuestos que presentaban a la iniciación del ejercicio, debían ceñirse al plan del CONADE, y si en el curso del año el presidente o el directorio quería hacer un cambio, el síndico tenía derecho de veto.

En cada ministerio que estaba relacionado con la obra pública se estableció también una oficina del CONADE, de manera tal que el seguimiento del gasto de capital, su financiamiento y su ejecución estaban supervisados por el organismo de planeamiento.

La situación hoy

Obviamente han pasado 60 años desde el inicio del gobierno radical de Illia y hoy la administración nacional tiene una deuda bruta que representa el 88,4% del PIB (403.386 millones de dólares al 30 de junio último); una tasa de pobreza del 40,1% de la población (que alcanza al 56,2% en la banda etaria de cero a 14 años) y un 9,3% de indigencia (datos del INDEC, primer semestre de 2023), y paralelamente siete argentinos –según la revista Forbes– poseen un patrimonio superior a los 1.500 millones de dólares, y se exportan mercancías (declaradas) por 90.000 millones de dólares por año, demostrando palpablemente qué significa seguir la política de mercados.

La Argentina es el décimo exportador de alimentos del mundo y el tercero en soja y sus derivados; el puerto de Rosario –con 31 terminales en los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur hasta Timbúes al norte de la ciudad– es el principal puerto de exportaciones agro y agro-industriales del planeta, y sin embargo uno de cada dos niños está bajo la línea de pobreza.

La Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Lo peor es que están los medios para solucionarlo: los bancos tienen encajes remunerados [3] por 21,8 billones de pesos (al tipo de cambio oficial, unos 59.000 millones de dólares).

El Banco Central debe apuntalar la construcción de viviendas populares y el apoyo a planes de auto-construcción, que no requiere de insumos importados y es un importante multiplicador de la producción local. Acompañado de las imprescindibles inversiones de infraestructura (poner en funcionamiento los astilleros y las cooperativas de empresas metalúrgicas recuperadas para hacer barcos y barcazas, por ejemplo). Y, finalmente, asistir a la población más vulnerable y a los trabajadores y jubilados y pensionados que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total, a los inscriptos en el Plan Potenciar Trabajo y a las pequeñas y medianas empresas, y al Estado. Para ello se podría trasformar progresivamente el actual stock de LELIQs en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo, y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privada y estatal.

¿Por qué no se hace? Porque el mayor ingreso en la población implica mayor consumo de alimentos y de energía, y ello impacta negativamente en nuestras exportaciones y positivamente en nuestras importaciones. Toda la política de ajuste de la demanda interna se hace para privilegiar el superávit comercial, que los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández usaron para financiar la fuga de capitales, pagar deuda externa pública y pagar a dólares oficiales la deuda externa privada.

La riqueza acumulada en beneficio del uno o dos por ciento de la sociedad, se hace a costa de las penurias de la mayor parte de los argentinos. Si se le da poder de consumo a la población y se controla de verdad el sector externo, la Argentina vuelve a crecer a tasas de 9 ó 10% anual, como fue en los gobiernos de Arturo Illia y de Néstor Kirchner.

La historia

Asunción de Juan Carlos Onganía en junio de 1966.

Es increíble la historia de nuestro país. Un hombrecito gris, de menos que mediana inteligencia y de una formación “cursillista” y limitada, asume la Presidencia de la República con el mérito de haber ganado la guerra de aparatos entre azules y colorados, y haberse formado en West Point, donde en términos castrenses había dicho en un discurso: “El deber de obediencia al gobierno surgido de la soberanía popular habrá dejado de tener vigencia si se produce al amparo de ideologías exóticas… En emergencias de esta índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución, no podrán ciertamente mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido, que las convertirían en instrumentos de una autoridad no legítima”. Ni Patricia Bullrich ni Javier Milei lo hubieran dicho peor.

La consigna no bien dieron el golpe el 28 de junio de 1966 fue: “El gobierno no tiene plazos sino objetivos”, con lo que pensaban en un gobierno tipo franquista por más de 20 años. Por ello cerraron el Congreso, clausuraron la prensa de izquierda y peronista, intervinieron las universidades, quemaron libros, desmantelaron bibliotecas y librerías de publicaciones meramente progresistas, disolvieron los partidos y prohibieron toda actividad política. La resistencia no se hizo esperar y el 12 de septiembre de 1966, en Córdoba, en una protesta estudiantil, murió el estudiante Santiago Pampillón.

Las primeras medidas que tomó el gobierno estuvieron destinadas a “eficientizar” el funcionamiento del Estado y para esto se buscó disminuir el personal público y racionalizar la administración estatal. Además, una serie de medidas favorecieron a los sectores más concentrados: disminución de la protección aduanera, transferencias de tierras públicas a manos privadas, aumento de tarifas de electricidad y privatización de emisoras radiales y televisivas.

Se ejecutó un plan de racionalización en los ferrocarriles y en los puertos, y se cerraron 14 ingenios azucareros en Tucumán, lo que provocó que 55.000 trabajadores quedaran desocupados, y con ello 200.000 tucumanos se vieron obligados a abandonar la provincia, dado que al hambre se le sumó la represión sistemática, que incluyó el fusilamiento de la mujer de un obrero del Ingenio Santa Lucía, Hilda Guerrero de Molina, madre de cuatro hijos, en enero 1967.

Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla.

[1] Recordemos que antes de la ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, del 13 de agosto 1976, ninguna empresa trasnacional podía financiarse con el BCRA, al que no podían comprarle una sola divisa por ningún motivo.

[2] El Consejo Nacional de Desarrollo estaba constituido por un consejo directivo, integrado por un presidente, un vice, un secretario ejecutivo, un secretario técnico y un consejero por cada Ministerio y Secretaría de Estado en jurisdicción de los Ministerios de Economía y Obras y Servicios Públicos, de Defensa Nacional, de Trabajo y Seguridad Social; otro por el Banco Central y otro por el Consejo Federal de Inversiones.

[3] Al 19 de octubre de 2023 las Leliqs y Notaliqs suman $ 12.946.221 millones y los Pases Pasivos $ 8.857.843 millones.

Fuente: www.elcohetealaluna.com