Se acortan los tiempos electorales

OPINIÓN

19 de mayo de 2013

Se acortan los tiempos electorales

A menos de cuatro meses, si se cumple el anticipo oficial de fijar el 15-S como fecha de elecciones, se acentúa la polarización y se confirma que el oficialismo demorará la búsqueda de la habilitación judicial de la re-re de los intendentes hasta luego de la presentación de las listas. En el Senado ingresaría en los próximos días un nuevo proyecto de Intervención Federal al Poder Judicial, que comenzaría a moverse en el Parlamento después de los temas calientes elevados desde el Poder Ejecutivo. En tanto que hay dudas sobre la definición del pleito liberal. Un eventual fallo de la Cámara Electoral, aunque anticipado desde uno de los sectores, hasta ahora no se confirma. Una nueva postergación de la reunión del Comité Ejecutivo del PL creó mayores expectativas ante la inminencia de la caducidad de los mandatos. En los hechos, todo indica que los votos liberales, autonomistas y panuístas concurrirían divididos entre los dos frentes que representan al Gobierno nacional y provincial.
La semana concluye con la pelea liberal en el primer plano de la información. Para muchos, una pelea de perros flacos, donde -desde un sector y otro- pareciera haber perdido de vista la importancia de la unidad como factor decisivo en el protagonismo político de este año electoral.

En medio de la trifulca doméstica, en la que la Justicia ha tomado cartas, el liberalismo vio naufragar la posibilidad de hacer bailar el trompo de un candidato propio; y lo que es peor, puso en jaque la posibilidad de retener las comunas que actualmente gobierna dado que -al ir divididos- dan pie a que otras fuerzas locales se prevalezcan de las contradicciones celestes arrebatándoles bastiones que eran casi inexpugnables, como San Roque o Alvear, por sólo nombrar dos que están condenados al recambio. Cierto es que la variante de ir colados en las listas de ECO y del Frente para la Victoria le ofrecerán, o no, la posibilidad de meter candidatos legislativos en una y otra lista. Aunque, en términos de poder, la fuerza de cualquier partido reside precisamente en el poder territorial que logren. De ahí la duda sobre la conveniencia de llegar a una situación límite en la que se ponga en riesgo y en juego las intendencias que actualmente tiene el liberalismo en la geografía provincial. Por lo demás, tampoco hay certeza que desde el justicialismo o desde el radicalismo, al conformar las listas de candidatos legislativas, estén dispuestos a pagar en términos políticos un caudal electoral que aparece al menos difuso. Quizás -lo más prudente- hubiera sido extremar las posibilidades de un acuerdo interno que evite el desgaste que viene sufriendo el Partido como tal, en medio de un proceso electoral signado por la judicialización y la mediatización de las controversias internas. La pelea ha alcanzado ribetes impensables, con expresiones de tan alto voltaje que desdibujan la expresión sobria que en otros tiempos mostró el Partido de Torrent. La pelea en el liberalismo dio lugar a que tercie en la misma el primer mandatario provincial, que volvió a cuestionar lo que considera injerencia indebida de la Justicia Federal en la vida interna de los partidos políticos. Colombi refirmó la idea de un gran fraude montado desde el poder nacional, en el cual involucró a la Justicia Electoral, lo cual dio lugar a una contundente respuesta del secretario Federal, Carlos Rausch, que sin pelos en la lengua calificó de ignorantes a los que hablan en estos términos. No menor repercusión tuvo la bajada de línea del juez federal, Carlos Soto Dávila, que reclamó a los partidos que resuelvan sus situaciones internas mediante el voto sin llegar a la judicialización que después critican. Lo cierto es que -a esta altura- se viven horas decisivas en el Partido de Torrent. En medio de dimes y diretes, la interna sigue empantanada y se llega a la fecha de caducidad de los mandatos partidarios, lo cual obligará a que la Justicia Federal local tome una decisión. La posibilidad de que la Cámara Electoral Nacional acoja la queja planteada por el cassanismo fue anticipada el jueves último por un medio colega, sin que con el correr de las horas esa información se confirme. Se trata de una decisión que, de producirse, modificaría totalmente el cuadro de situación, en la medida en que si bien la resolución recurrida fue adoptada por el juez Federal subrogante, Juan Carlos Vallejos y no por el propio Soto Dávila, está fuera de toda duda que el máximo Tribunal del fuero Electoral es quien marca el rumbo, los criterios y los tiempos, condicionando el accionar de los jueces inferiores. De hecho, se trata de un Tribunal al que se le reconoce independencia de criterio, como que está conformado por tres juristas prestigiosos; uno de ellos, Rodolfo Munné, ya entrado en años que viene de la primera constitución de la Cámara, en 1983. Los dos restantes nombrados entonces, Néstor Orlandi y Enrique Rocca dejaron el lugar, al fallecer el doctor Corcuera, discípulo del maestro Carlos Fayt, de quien fue su relator en cuestiones electorales, y Alberto Dalla Vía, ligado al radicalismo, como Munné. Lo que antes parecía patrimonio del justicialismo hoy es la evidencia que muestran las expresiones del conservadorismo que gobernaron la provincia desde el ‘83. Paradójicamente, el justicialismo muestra un abroquelamiento interno inédito en las últimas décadas, más allá que desde el Gobierno provincial se apuesta a que no es sino la calma que precede a la tempestad. Colombi, un viejo lobo de mar, tiempista por excelencia, tiene el medio punto a favor que significa el férreo control del sistema judicial, que es determinante en una elección en la que la Justicia nacional no tiene injerencia. El mercedeño sabe que en términos objetivos la pelea dista de ser fácil, ni menos de estar definida. La acentuada polarización que muestran sin excepción todos los sondeos anticipa una definición en primera vuelta, y una pelea reñida que se definirá en los rounds finales, donde primará la resistencia, el temple y la astucia de los contendientes; y en la que se pondrá a prueba la organización que hayan logrado conformar para el desarrollo de una campaña que será a todo o nada, sin concesiones. Ricardo está dispuesto a quemar las naves, nadie lo duda. Tiene un colchón financiero atesorado en los últimos años para pelear de igual a igual al Gobierno nacional, aunque en los hechos deja en claro a cada uno de sus interlocutores del armado político que dispondrá siempre de más de lo que ponga el poder central. A esta altura surge una evidencia, propia de la experiencia de lo que son campañas electorales. No se trata sólo de tener un ejército numeroso y con buenos pertrechos. En el arte de la guerra prima el desarrollo de la estrategia y la táctica en el terreno dónde se libra la batalla, y se revaloriza el marco de la organización que asegura que los medios lleguen en tiempo y forma como para rendir los réditos esperados. El Gobierno, por ahora sabe de sus fortalezas y de sus debilidades. Se ha replegado con inteligencia en la cuestión de la definición de la aptitud legal de los jefes comunales para lograr la re-re. Recién lo planteará al formalizar las candidaturas, allá por el 9 de agosto, de modo que a partir de ese día se desencadene la recta final de la lucha por el poder. Entre el 9 y el 27 espera que la Justicia provincial resuelva -en sus distintos estamentos- la cuestión de la habilitación legal de los candidatos y se entusiasma con que, el cierre de las listas, marque el fin de la paz en un justicialismo que quizás lo único que por estos días le falte es montar un esquema organizacional capaz de conducir una campaña electoral, una asignatura pendiente de la cual depende en gran medida que puedan optimarse las condiciones que el candidato tiene, y los medios que el Gobierno nacional está dispuesto a poner en una provincia que sí o sí necesita ganar. De la misma forma en que Colombi retrasa los tiempos de las definiciones judiciales, también espera que -precisamente- el tiempo sea su aliado cuando la multiplicación de frentes que puedan abrírsele a su oponente en la recta final le den el espacio suficiente para ir a fondo en una ofensiva que imagina demoledora, y donde espera sacar ventaja de su experiencia como para contrarrestar las fortalezas indudables que tiene su oponente como figura taquillera que es. Desde el Municipio, la visión parece ser otra. Se revaloriza lo hecho y los resultados ¿Por qué cambiar la estrategia si los resultados están a la vista? Quizás haya llegado la hora de diferenciar lo que es la gestión propiamente dicha, que no debe ser desatendida, de lo que es la campaña propiamente dicha. Esto no sólo en el plano de la decisión, sino de la conformación de equipos diferenciados que, en ámbitos físicos diferentes, sean capaces de responder a las crecientes necesidades que impondrá el desarrollo de la campaña electoral en los pueblos distintos de la Provincia. En 2009 Camau ganó en la Capital, más allá de que también es cierto que en gran medida recogió el voto castigo a la gestión de Carlos Vignolo en Capital y de Arturo Colombi en la Provincia, pero una cosa es cuando el escenario de la pelea se da en una comuna, y otra es cuando la pelea se libra -en simultáneo- en 69 comunas más, donde hay realidades absolutamente distintas. De hecho, el resultado de la Provincia es la suma aritmética del conjunto de todas las comunas de la geografía provincial. De ahí la importancia del armado de cada una de ellas, y de la importancia que, como tales, tienen los jefes territoriales. EL ACUERDO DE LOS HERMANOS ROMERO FERIS La decisión de Pocho y Tato, de caminar juntos de acá en más de la mano del reencuentro del autonomismo con el PaNu, parece una realidad a luz de las señales recogidas desde un sector y otro. El tiempo dirá hasta dónde llega esta variante de armado que busca reeditar las viejas glorias del pasado con la expectativa de generar un candidato de cuño propio, o recalar en conjunto en uno de los dos frentes electorales en carrera. En tanto, desde el Gobierno se avanza sin prisa ni pausa en la búsqueda de cerrar acuerdos -en forma directa- con los jefes comunales; es lo que a Colombi interesa. Quizás como estrategia final, quizás a modo de presión para acelerar definiciones de la cúpula nuevista que, a la hora de las decisiones, no parece dispuesta a resignar que -como capítulo previo- de los acuerdos electorales el Gobierno dé algo más que señales en el propósito de avanzar con los remedios locales a la Justicia provincial. Los que conocen a Tato saben que difícilmente resignará ese objetivo del cual depende, precisamente, su propia tranquilidad. Y a la luz de lo pasado está claro que, haciendo honor a su viejo mote puesto de «Mula», instalado por sus correligionarios autonomistas, difícilmente dé el brazo a torcer, como no lo dio en el caso de los créditos que logró trabar al Gobierno cuando advirtió que éste no estaba dispuesto a llevar al juzgamiento a la cúpula tribunalicia. LOS FANTASMAS DEL PASADO MERODEAN LA PELEA PROVINCIAL José Manuel De la Sota, Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Roberto Lavagna, Francisco De Narváez y vestigios del duhaldismo tienen en el plano nacional una presencia garantizada por la conjunción de medios anti K que buscan potenciar el accionar de una oposición difusa. En los hechos, son expresión del pasado sin poder de fuego para terciar en la sórdida disputa del poder que se da en el peronismo. La opción al kirchnerismo no pasa por ahí ni pasa por la oposición radical, Binner o Carrió. Está en el propio justicialismo, entendiendo por tal a la definición que en términos de poder se dé en la provincia de Buenos Aires entre Sergio Mazza y Daniel Scioli. De la Sota no es, en este contexto, sino un actor de reparto al que poco le pueden sumar en términos electorales el acople de Moyano o Barrionuevo. Es más, quizás le resten. Pero traspolada esta entente a la provincia de Corrientes, donde se da la pelea electoral previa a la nacional, debe tenerse en cuenta que la incidencia de estos actores en el justicialismo local dista absolutamente de ser desestabilizadora. Ricardo como nadie sabe contar las costillas a la hora del pago, que -como norma- lo lleva al cierre mismo de las listas, jugando con los tiempos en una estrategia que hasta ahora siempre le ha dado resultados, porque para entonces sus socios llegan con el caballo cansado, sin opciones ni capacidad de tener alternativas. Quizás ésta sea una realidad diferente, o no. En gran medida depende de la interacción del frente oponente, que a la hora de tomar la iniciativa quizás deba revalorizar la importancia de saber que los resultados se construyen con acciones concretas. LA REALIDAD NACIONAL Más allá de su dudosa consistencia jurídica del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, sobre la creación de un fuero judicial local especial para entender en los asuntos vinculados con la Libertad de Expresión, lo cierto es que esa iniciativa impactó sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional, a través de la Comisión Nacional de Valores, procediese a la intervención provisional del Grupo Clarín, por un lapso determinado, a fin de investigar una denunciada maniobra en perjuicio de los socios minoritarios, en este caso de la Anses, que es titular del 9 por ciento del paquete accionario de la empresa. La evaluación oficial es que este decreto de Macri es manifiestamente inconstitucional, pero abre sí una nueva vía procesal para la judicialización de la eventual decisión gubernamental, en una circunstancia delicada de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la corporación judicial.

Lo que sí queda claro es que el Grupo Clarín le debe ahora un enorme favor a Macri, quien espera cobrárselo en términos de apoyo mediático a su candidatura presidencial, una ingenuidad que han tenido los distintos hombres que pasaron por los sucesivos gobiernos a los cuales el multimedios les fue sucesivamente sacando jugosas tajadas del poder que lograron acumular. El otro saldo del episodio es que el conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín seguirá teniendo como punto central la próxima decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisuales, que establece la «cláusula de desinversión». Sobre este asunto, en la Casa Rosada nadie se hace muchas ilusiones acerca del sentido de esa futura resolución de la Corte que, salvo un imponderable, difícilmente se conozca antes de los seis meses venideros. Aunque lo más probable es que esta decisión deba esperar al nuevo gobierno que surja de las elecciones de 2015. Sabido es que la Corte maneja sus tiempos. Nada más parecido, en este aspecto, que la forma de ejercer el poder en el Vaticano. Lo mismo sucede con las próximas decisiones judiciales sobre las leyes sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y la reglamentación de las medidas cautelares, enconadamente resistidas por la gran mayoría de los magistrados de todos los fueros. Es un secreto a voces, en este aspecto, que la reforma caerá inevitablemente por decisión de los jueces, más allá de que nadie sabe a ciencia cierta quién terminará siendo el verdugo del Gobierno en este punto que logra un altísimo grado de consenso puertas adentro del poder judicial. De allí que entre las dispares interpretaciones sobre el contenido de la exposición que Cristina Fernández de Kirchner hizo en el seminario sobre la reforma judicial, organizado por la Universidad de La Matanza, no se tomó suficientemente en cuenta el hecho de que cuando la primera mandataria señaló que una reforma completa requeriría una enmienda constitucional, de algún modo implícitamente dio por sentada su impresión acerca de que el Poder Judicial declarará la inconstitucionalidad de algunas de las leyes recientemente sancionadas por el Parlamento. Esta posibilidad abre también otros interrogantes. La primera es si un fallo judicial contrario a la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no sería un hecho nuevo que podría motivar la decisión del Gobierno de impulsar la suspensión de la convocatoria a las elecciones internas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) previstas para agosto, opción que estiraría los plazos para la concertación de alianzas y presentación de las listas de candidatos. LOS OTROS FANTASMAS En tren de especulaciones electorales, hasta ahora se suponía que la realización de las Paso, con inclusión de la nominación de los candidatos al Consejo de la Magistratura serviría al presunto objetivo gubernamental de mostrar una victoria a escala nacional, más allá de los reveses en algunos distritos demográficamente significativos, como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, por lo que la imposibilidad legal de incluir esa elección en la boletas electorales haría perder sentido a esa supuesta maniobra. En esa hipótesis, las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires podrían encerrar un serio riesgo para el oficialismo: la posibilidad de que en las elecciones de octubre los votos de la oposición puedan confluir en torno a la lista opositora que ocupe el mejor lugar en los comicios de agosto. A estos fantasmas que rondan la Casa Rosada habría que agregar uno más: los avances registrados en torno a la alternativa de que la oposición encuentre los resquicios legales que le permitirían confeccionar una lista unificada para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, que estaría configurada por personalidades «notables» del mundo jurídico, pero liderada por otras figuras de prestigio público, como el ex obispo de Iguazú, monseñor Joaquín Piña, quien en 2006 ya encabezó una lista de candidatos a convencionales constituyentes que con su victoria frustró la chance de reelección del gobernador de Misiones, Jorge Rovira; y Jorge Lanata, transformado en un «tótem» de la oposición, circunstancia esta última que muestra en su justa dimensión la pobreza franciscana de una oposición que lejos está de convertirse en una alternativa de poder al rígido sistema peronista que ha mostrado una singular aptitud para retener el poder, más allá de la diferencia de matices que puedan ofrecer los distintos liderazgos. A la década del menemismo se sucede la década del kirchnerismo. Lejos pareciera estar la posibilidad de que un nuevo gobierno nacional pueda surgir del otro ámbito que no sea el de la siempre intrincada y compleja interna peronista. Piña es -sin duda- un peso pesado de fuerte ligazón con el Papa Francisco, y su figura y precedentes hacen posible galvanizar en términos electorales a una oposición difusa. No es la misma opinión que genera un Lanata cuya trayectoria y antecedentes distan de convertirlo en una figura a la altura del Obispo misionero, que enterado de la variante habría puesto como condición elegir él mismo a quién lo secunde en la eventual lista, en los hechos bolilla negra para quien es visto como el exponente del conglomerado de intereses que corporiza el CEO de Clarín, Héctor Magnetto. En esa eventualidad, el objetivo del Gobierno de hacer de esa elección, en una demostración de poderío, podría transformarse en un «boomerang», porque no resulta fácil que en el plano nacional las listas del oficialismo obtengan más cantidad de sufragios que la suma de los votos cosechados por el conjunto de las listas de la oposición. EL INTRÍNGULIS BONAERENSE El territorio bonaerense, sempiterno escenario de la «madre de todas las batallas», está que arde. La decisión de La Juan Domingo, de formalizar su alianza en el distrito con Francisco De Narváez, unida a su intención de incorporarse a la embrionaria fuerza nacional del peronismo disidente que intentan forjar el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota; el titular de la CGT de Azopardo, Hugo Moyano, y el ex Ministro de Economía, Roberto Lavagna, representa sin duda el gesto de diferenciación más audaz realizado hasta ahora por el gobernador, Daniel Scioli en relación a la Casa Rosada. A partir de esa jugada, entra en duda la autenticidad de la solidaridad política de Scioli con las listas del Frente para la Victoria en las elecciones de octubre. El mandatario bonaerense aspiraría a colocar huevos en dos canastas: la lista oficialista y la liderada por De Narváez. Demás está decir que esa pretensión es inaceptable para Cristina Kirchner, que desde hace tiempo lo tiene entre ceja y ceja al Gobernador del principal distrito electoral del país. En ese marco, cabe inscribir la inesperada comedia de enredos que tiene como protagonistas principales a la propia primera mandataria y al intendente de Tigre, Sergio Massa. En este intercambio de gestos, que se asemeja al viejo juego del «oficio mudo», cuyos participantes dialogan por señas, algunos quisieron ver el prólogo de un posible acuerdo electoral cuya concreción parece tener hoy muy escasa viabilidad. Sí está claro que el oficialismo no tiene políticamente resuelto una cuestión fundamental: la cabeza de su lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Las especulaciones recurrentes en torno a los nombres de Alicia Kirchner; su colega de Interior, Florencio Randazzo; y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, a los que se agrega ahora el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi (ex intendente de Berazategui), no ocultan un dato central: ninguno de ellos alcanza la intención de voto que concentra Cristina Kirchner. En esas circunstancias, el oficialismo no tendría otra opción que colocar a la figura presidencial en el centro de la escena electoral. Al respecto, un detalle no menor es que hasta las elecciones del 27 de octubre todavía faltan veintidós emisiones semanales del programa de Lanata, que está siendo abastecido informativamente por fuentes de inteligencia de oscuro origen. Esto garantiza una agudización del clima de confrontación política que alienta el eje La Nación-Clarín que sabe que su propia subsistencia depende del resultado electoral del 27 de octubre. Algo está claro. A Lanata lo ven y lo escuchan. Eso es lo que marcan los ratings de medición de audiencia, aunque una cosa es que la gente lo escuche y otra que le crea, y que llegue a formar opinión. ¿Y LA CAPITAL? En medio de la fuerte disputa que se libra puertas adentro de las fuerzas políticas porteñas por la definición de las listas de candidatos para los comicios de octubre, la creciente influencia política de las agrupaciones juveniles de los principales partidos, que ponen en cuestión los mandatos de la dirigencia tradicional en la pugna por el reparto de espacios, no hace más que sumar más leña al fuego. El enfrentamiento es claramente evidente desde hace tiempo entre las filas del kirchnerismo capitalino, pero no se trata de un caso aislado. Un cuadro similar se observa dentro del PRO, donde crecen en intensidad las diferencias entre los hombres del gabinete de Mauricio Macri y la juventud del partido, y entre las propias corrientes de jóvenes militantes alineados con el Jefe de Gobierno. El crecimiento político exponencial de La Cámpora en los últimos años constituye la clave para interpretar la dinámica de la encendida disputa que atraviesa desde hace semanas al kirchnerismo porteño. Fortalecida por el lugar privilegiado que ostenta en el relato y el discurso presidencial, y por la acumulación de cargos en las áreas más sensibles de la estructura gubernamental, la agrupación fundada por Máximo Kirchner aspira a imponer su voluntad en la definición de las listas del oficialismo para octubre. Su estrategia supone colocar a una figura propia en la pulseada por las bancas del Senado, donde algunos deslizan el nombre del viceministro de Economía, Axel Kicillof; ubicar por lo menos dos de sus referentes en los lugares expectantes de la lista de diputados nacionales, y retener para sí el armado completo de la nómina para la Legislatura de la Ciudad. Sin embargo, Guillermo Moreno se ha convertido en una piedra en el zapato para el ambicioso plan de La Cámpora. En las últimas dos reuniones que el Secretario de Comercio Interior suele mantener los lunes con los referentes partidarios de la ciudad que le responden, prometió dar pelea para frenar la ofensiva de los jóvenes K para controlar la definición de las candidaturas. En la lógica de Moreno, dejar hacer a La Cámpora en el armado de las listas sería sepultar sus aspiraciones de conducir desde diciembre los destinos del PJ porteño. Al funcionario no le simpatiza para nada la posibilidad de una postulación de la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, como pretenden cerca del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, pero la idea de una candidatura de Kicillof directamente le resulta insoportable. Ni siquiera lo convence el hecho de que de la mano de una postulación, el joven economista pueda dejar su lugar en el Gabinete, como le recordaron algunos de sus hombres. Para Moreno, la candidatura representa un premio que –en su opinión- Kicillof está muy lejos de haberse ganado. En sintonía con los recelos que los avances de La Cámpora desatan dentro de las filas K, también emergieron en las últimas semanas dentro del PRO algunos cortocircuitos vinculados con las agrupaciones juveniles del partido. En buena medida, esos conflictos constituyen una expresión más de las internas que dividen aguas entre la primera línea del macrismo, donde son visibles las diferencias respecto de la política de alianzas del partido para las próximas elecciones y la conveniencia de avanzar en la conformación de un frente conjunto con Roberto Lavagna y el peronismo disidente. Así, detrás de la insólita disputa que mantienen desde hace tiempo las agrupaciones Jóvenes PRO y La Solano Lima se inscribe un viejo enfrentamiento entre sus respectivos líderes, Marcos Peña y Cristian Ritondo, que se profundizó en las últimas semanas en paralelo a las negociaciones con Lavagna. Ambos dirigentes expresan las posiciones encontradas que dividen al macrismo, entre aquellos que pretenden circunscribir cualquier entendimiento electoral con el ex ministro de Economía al ámbito de la ciudad y quienes postulan avanzar en un acuerdo nacional de fondo que sirva como trampolín para disputar la sucesión presidencial de 2015. Peña, como el ministro de gobierno Emilio Monzó son las principales espadas de la apuesta por un acuerdo «corto» con Lavagna. Desde hace tiempo machacan sobre el jefe de Gobierno con el argumento del potencial peligro que representa la figura del ex ministro para los planes presidenciales de su líder político. La foto de Lavagna en Córdoba junto al gobernador José Manuel de la Sota y el camionero Hugo Moyano fortaleció su posición y congeló la negociación del frente electoral conjunto. «No podemos subirnos al tren fantasma», repiten cerca de Peña, a la par que apuran la estrategia para posicionar la postulación de Gabriela Michetti para el Senado. Ritondo, en cambio, se anota entre quienes creen que las dificultades del macrismo para construir opciones electorales fuertes en las principales provincias (Buenos Aires y Córdoba) obliga a trabajar en una estrategia frentista, aunque ello implique para el PRO tener que tragarse algunos sapos. En ese sector alertan, incluso, sobre un deterioro electoral del partido en el propio territorio porteño en el caso de competir en listas separadas con Lavagna. Fuente:www.diarioellibertador.com.ar