Por Ari Lijalad y Franco Mizrahi

La Corte Suprema le entregó a Horacio Rodríguez Larreta un regalo de Navidad por anticipado. Aunque no incluyó todo lo que el jefe de Gobierno porteño puso en su carta a Papá Noel, sí está el obsequio más preciado: más de 70.000 millones de pesos extra para el año electoral. Fue a través de una medida cautelar que tendrá un impacto directo en, como mínimo, el 2023. Y no solo en la ciudad: si bien ese dinero no saldrá de la parte de coparticipación que les toca a las provincias sino la del Estado Nacional, lo cierto es que el Estado Nacional usa ese dinero para obras en las provincias, que se verán igualmente perjudicadas en pos de un nuevo privilegio porteño.

La cuestión de fondo del caso gira en torno al presupuesto de Seguridad de CABA y a cuánto le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires por la distribución de la coparticipación, es decir, por el reparto entre todas las provincias del dinero que el Estado nacional recauda vía impuestos. Los insólito -y grave- de este caso es que la Corte no resolvió el fondo de la cuestión, sino que emitió una medida cautelar donde decide el destino de miles de millones de pesos de impuestos recaudados en todo el país más allá de lo que dicen el Congreso y el Poder Ejecutivo.

En resumen: 4 hombres no votados deciden por encima de los poderes votados y hacen un aporte de campaña explícito a su candidato 2023 con el dinero de todos los argentinos.

¿Cuánto representa lo que le entrega la Corte a CABA? Entre $70.000 y $173.000 millones de pesos, de acuerdo a si se calcula la diferencia desde lo que la ciudad debe recibir por ley, 1,4% de la coparticipación, o lo que estaba recibiendo hasta ahora, el 2,32%. La Corte decidió, sin ninguna justificación ni cálculo ni índice, que sea del 2,95%, mientras resuelve si lo amplía al 3,50% al cuál lo había elevado Mauricio Macri por decreto. El cálculo surge de lo la recaudación de impuestos coparticipables y de cómo se distribuye prevista en el presupuesto 2023.

Para comprender lo que está en discusión hay que recordar que primero Macri creó la Policía Metropolitana con Jorge “Fino” Palacios (recomendado por la CIA y el Mossad) al frente; luego Rodríguez Larreta la rebautizó Policía de la Ciudad; en enero de 2016, Macri presidente y Larreta jefe de gobierno porteño firmaron un convenio de traspaso de la policía de Nación a Ciudad; a los pocos días Macri aumentó la coparticipación de CABA del 1,4% al 3,75%. La coartada para ese abrupto aumento fue la transferencia de la fuerza de seguridad, pero ese punto nunca estuvo en los fundamentos de la decisión. Luego, el porcentaje coparticipable se redujo al 3,5%.

En 2019, apenas asumió, el presidente Alberto Fernández dijo que este aumento de la coparticipación debía revisarse. Aseguró que la Nación mantendría el pago de la seguridad porteña pero que esas transferencias resueltas por Macri-Larreta no sólo eran exageradas, sino que no se podía modificar la coparticipación por decreto. Aún, como en este caso, cuando el dinero no sale de lo que se reparte entre todas las provincias sino directamente de lo que le toca a la Nación, ya que CABA no tiene la misma jerarquía que el resto de las jurisdicciones. Rodriguez Larreta, obviamente, se negó a discutir el tema.

El 9 de septiembre de 2020 presidente Fernández anuló el decreto de Macri y redujo las transferencias a CABA al 2,32% hasta que el Congreso sancionara una ley; esa ley, que estableció el monto de las transferencias para el pago de la seguridad porteña, se aprobó en diciembre de ese año, por lo que el porcentaje debía volver al 1,4% original. En el Ministerio de Interior aseguran que, en total, se están abonando al día de hoy 2,32% a la Ciudad como coparticipación.

Dato aparte: que Nación pague la Seguridad de la ciudad de Buenos Aires es otro privilegio porteño, todas las provincias pagan sus propias policías.

Tras las decisiones del presidente Fernández, el jefe de gobierno Larreta judicializó todo. Pretende:

• Que se declare inconstitucional la ley sancionada el 10 de diciembre de 2020 que confirma que el Estado Nacional paga la Policía porteña pero aparte de la coparticipación.
• El pago de la coparticipación que Macri le aumentó del 1,4% al 3,5% (más que duplicó) por decreto en 2018 y los intereses desde el 10 de septiembre de 2020. Es decir, quiere retrotraer todo al momento en que Macri multiplicó la coparticipación que se le gira a la Ciudad.
• La anulación del decreto del presidente Fernández que retrotrajo el porcentaje primero a 2,32% y luego al 1,4%.

Logró casi todo en una medida cautelar que dictó la Corte hasta resolver la cuestión de fondo, algo para lo que no tiene plazos. “Acceder parcialmente a la solicitud cautelar formulada” escribieron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda este miércoles, y ordenaron que el Estado Nacional le entregue el 2,95% de los fondos coparticipables y que no aplique la ley sancionada en diciembre de 2020 hasta que esto se resuelva.

Hay otro expediente, donde Larreta reclama que se anule el decreto 735 del 2020, donde el presidente Fernáńdez derogó el decreto de Macri y retornó la coparticipación de CABA a su monto original por ley, el 1,4%. La Corte no resolvió nada sobre esto pese a que Larreta pidió y el máximo tribunal reconoció que son cuestiones conexas.

El Alto Tribunal firmó esta resolución a favor de Rodríguez Larreta a tres días del comienzo de las fiestas y mientras la sociedad festeja el campeonato del Mundo cuando el caso estaba en sus manos desde hace meses. Sin ir más lejos, en noviembre, en los medios de comunicación hegemónicos se hablaba de un “fallo inminente” de la Corte sobre el tema. Al parecer, los supremos buscaron el momento exacto para que la medida intente pasar desapercibida para la sociedad. La firmaron un día después de una de las movilizaciones populares más grandes de la historia nacional.

Un regalo macrista

Todo este entuerto comenzó el 5 de enero de 2016, cuando Macri presidente y Larreta jefe de Gobierno porteño firmaron un convenio por el cuál la ciudad asumía el control de la policía en su territorio. Para esto, Macri dispuso que la coparticipación de CABA pasara del 1,4% al 3,75%, que poco después se redujo al 3,5%. Aun así, más que duplicó la coparticipación porteña para solventar el gasto en seguridad, algo que no sucede con ninguna provincia. Vale aclarar de nuevo: cada provincia se paga su policía excepto CABA.

Larreta argumenta que el aumento a 3,75% y luego a 3,5% fue en acuerdo con Macri, pero que la reducción primero por decreto a 2,32% (con lo que se garantizó el pago para Seguridad pero no las transferencias excesivas para otros fines) y luego por ley de nuevo al 1,4% no fueron consensuadas. Chocolate por la noticia.

Hay algo importante que aclarar: dada la situación puntual de CABA, que no es una provincia, los fondos que recibe de la coparticipación no afectan el porcentaje de las demás provincias, sino que salen de los fondos de Nación (que se queda con un porcentaje de la masa coparticipable). La Corte insiste con esto en varios pasajes de su fallo. Es una reacción clara ante los reiterados reclamos de los mandatarios frente al privilegio que tiene CABA. Y es un argumento falso: que el dinero que le regalan a Larreta surja de la parte que le toca a la Nación sí afecta a las demás provincias, ya que esos fondos se destinan a obras en todo el país y ahora irán para la ciudad más rica.

Para el Estado Nacional la cuestión es la siguiente: reconoce que tiene que solventar los gastos de seguridad de CABA pero que eso no implica cambiar el régimen de copartipación. El argumento es claro: las cuestiones impositivas y de coparticipación las decide el Congreso, no el Presidente. Eso dice la Constitución en su artículo 75 inciso 2. Por eso el gobierno primero retrotrajo el porcentaje de coparticipación del 3,5% al 2,32% por decreto del presidente Fernández y luego sancionó una ley que vuelve la coparticipación de CABA al 1,4% original y confirma que la Nación transferirá los gastos de seguridad, pero a través de lo que se conoce como “transferencias no automáticas”. Y con el costo real, no el que inventaron Macri y Larreta para justificar el aumento excesivo de la coparticipación.

¿Por qué entonces Larreta insiste en que quiere el 3,5% de coparticipación? Porque con ese dinero alcanza y sobra para el pago de la Policía porteña y se queda con la diferencia para gastar en lo que quiera justo a partir del año que viene: año electoral.

Es más: Larreta ya tiene aprobado el presupuesto 2023 para la ciudad, con los recursos para Seguridad asegurados. Ergo, todo lo que le entrega la Corte es extra.

Al contestar esta demanda, el Estado Nacional reclamó que CABA devuelva los fondos que recibió de más. La Corte tuvo en cuenta esto y dijo que aún queda resolver cuánto es el costo real de la Seguridad en CABA, ya que tanto Nación como Larreta dieron números distintos. Por eso la Corte hizo un falso equilibrio entre el 1,4% que dice la coparticipación y el 3,5% que Macri le regaló a Larreta y dispuso que quede en 2,95% mientras resuelven la cuestión de fondo. El equilibrio es falso ya que Nación aporta un 1,55% más si se parte del 1,4% original o 0,63% si se parte de 2,32% mientras que CABA cede 0,55%.

¿De dónde surge ese 2,95 porcentual que estableció la Corte? A través de las transferencias no automáticas, el Estado nacional le transfiere a la Ciudad un porcentaje que lleva el total de la coparticipación porteña al 2,32%. Es lo que hace al traspaso de la policía. Entonces, la Corte buscó un falso punto intermedio entre esa base de 2,32 y el 3,5% que exige Larreta. Subió por un lado el 0,63% lo que recibe CABA (y ordena que todo sea vía transferencias automáticas) y reduce el mismo porcentaje a la suma que pretende Larreta. “Se morigera, por esta vía, el riesgo que enfrentan ambas partes de que, hasta tanto se dicte el fallo final, uno de los estados reciba menos o el otro deba entregar más recursos coparticipados de los que en definitiva correspondan”, escribieron los cortesanos. Sobre el 1,4% que remarca el gobierno nacional, miraron para otro lado.

Es tan claro quién se beneficia con esta decisión cortesana que tanto Rodríguez Larreta como Macri salieron a festejar la resolución suprema.

“Celebro el fallo de la Corte que le devuelve a la Ciudad lo que le corresponde. Se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores. El fin del populismo está cada vez más cerca”, festejó Macri en Twitter.

El jefe de gobierno porteño hizo lo propio: “El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible”.

Es evidente que no fue una resolución equitativa la de la Corte. Para dimensionarlo alcanza con recordar que los fondos que Macri decidió transferirle a Larreta cuando era Presidente excedían lo necesario para el pago de la policía. El 5 de enero de 2016 Macri y Larreta suscribieron el “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. O sea, el traspaso de la Policía.

A los pocos días, el 18 de enero, Macri le aumentó la coparticipación por decreto, aunque en los considerandos no puso nada de esto. Lo reconoció, sí, cuando la pasó de 3,75% a 3,50% en 2018. Al entonces secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas se le habrá escapado.

Un trabajo de los investigadores Tomás Laurent, Marcos Schiavi y Juan Cuattromo (actual presidente del Banco Provincia) sobre el impacto presupuestario de la transferencia de la Policía Federal a la ciudad reveló que “el incremento de coparticipación a la CABA más que compensó el traspaso de la Policía Federal, liberando recursos adicionales en el distrito más rico en términos presupuestarios de toda la Nación”.

“En promedio (…) el “Exceso de Coparticipación” a CABA representó cerca del 18% del total de recursos que recibió”, señalaron Laurent, Schiavi y Cuattromo.

El trabajo, publicado en la Revista Bordes, muestra que antes del traspaso, en 2015, la ciudad recibió $7.834 millones de pesos por coparticipación y que aumentaron hasta 56.359 millones en 2018. Con el esquema antes del decreto de Macri, en 2018 hubiera recibido 22.544 millones de pesos, menos de la mitad.

El trabajo tiene actualidad, ya que marca también que “si el exceso de coparticipación hubiese sido direccionado a la Provincia de Buenos Aires (el distrito que menos recursos por habitante recibe del Estado Nacional), el déficit provincial hubiese sido un 40% más bajo”.

La ciudad de Buenos Aires, además, es la que menos depende de la coparticipación. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) mostró la importancia de los recursos de Coparticipación sobre la recaudación provincial. En 2019, la coparticipación representó en promedio el 71,3% de los recursos de todas las provincias. Pero para el distrito de Macri y Larreta fue de apenas el 26,7%, menos de la mitad. Tienen muchos más recursos propios. En el caso de la provincia de Buenos Aires la incidencia de la coparticipación en su presupuesto rozó el 50%.

Fuente: www.eldestapeweb.com