Por Franco Mizrahi

l gobierno nacional denunció penalmente a Patricia Bullrich y Marcos Peña por la compra irregular de cuatro lanchas militares al ministerio de Defensa de Israel, en 2016. La adquisición, que se hizo por un convenio interministerial, se realizó desde la cartera de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. Todo indica que Bullrich cerró la operación antes de abrir el expediente en el que se asentó la necesidad de adquirir la flota y que hubo sobreprecios del 138%.

La denuncia, que presentó el jueves último la Oficina Anticorrupción (OA) luego de analizar la contratación, es por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública. Además de Bullrich y Peña la acusación incluye al Secretario de Coordinación, Formación y Carrera, Alberto Fernando Föhrig.

La presentación que realizó la OA, que conduce Félix Crous, es muy detallada y cuenta con testimonios y documentos contundentes que pareciera no dejarle mucho margen a la Justicia para no citar a los acusados.

De acuerdo a la documentación aportada por la OA, Bullrich cerró el negocio de las lanchas Shaldag MKII con Israel antes de abrir el expediente interno en el que se asentó la necesidad de adquirir las embarcaciones para luchar contra el narcotráfico. El gobierno de Macri pagó 12.250.000 de dólares por cada embarcación. Es decir, abonó 49 millones por las cuatro lanchas. Según un estudio de la UBA, existieron sobreprecios del 138%.

El caso quedó radicado en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas con la intervención de la fiscalía de Carlos Stornelli. Pero como la presentación se complementa con otra del mismo tenor que presentó la OA el 5 de octubre pasado por la compra de unos sistemas de vigilancia para pasos fronterizos todo indica que ambos expedientes se terminarán acumulando. La primera denuncia quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini con la participación del fiscal Guillermo Marijuán.

La historia de las embarcaciones se remonta a 2016 cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación inició un expediente administrativo por la compra de 4 lanchas Shaldag MKII, fabricadas por el astillero Israel Shipyards Ltd., a través de un Convenio Interministerial con el Ministerio de Defensa de Israel. La OA analizó la documentación que le remitió el Ministerio de Seguridad y le tomó declaración testimonial a los prefectos que intervinieron durante el procedimiento de adquisición, e identificó:

• El incumplimiento de la normativa nacional en materia de compras y contrataciones.
   
• Graves irregularidades en el expediente administrativo en el que tramitó la adquisición de las 4 lanchas Shaldag MKII. Esas irregularidades “indicarían que dicho trámite administrativo no resultó más que una ficción para intentar justificar la adjudicación al astillero Irrael Shipyards Ltd, decidida ab-initio”, es decir, de antemano.
   
• Todo indica que se pagaron las lanchas con sobreprecios. Un estudio de la UBA hace referencia a una sobrevaluación del 138%, que por el precio pagado y el de mercado implican 29 millones de dólares.

 “Queda claro que previo a la primera constancia glosada en el expediente, que correspondía ni más ni menos que a la necesidad de adquirir las embarcaciones, ya se habían celebrado reuniones entre representantes Israel Shipyards Ltd. y personal de la Prefectura Naval Argentina, existía una propuesta comercial concreta por parte de dicha empresa privada Israelí, se había consumado una reasignación de partidas presupuestarias para concretar dicha compra, y la propia Ministra de Seguridad había comunicado su decisión de explorar la compra a una empresa israelí”, resaltó la OA en el dictamen que acercó a la Justicia.

A esto se agrega que “la abultada diferencia” de precio pagada por cada lancha en relación a su valor de mercado “habilita a presumir que el costo de las lanchas adquiridas por el Estado Nacional podría haber sido indebidamente sobrevaluado”.

Las pruebas que constan en la pesquisa administrativa son comprometedoras para Bullrich, que firmó el convenio con Israel, y Peña, que fue el funcionario que aprobó dicha decisión administrativa.

La excusa para eludir la ley

Patricia Bullrich realizó la compra de las 4 lanchas Shaldag MKII el 15 de diciembre de 2016 vía un convenio interministerial entre el ministerio que encabezaba y la cartera de Defensa de Israel cuando lo que tenía que hacer era un proceso de licitación pública.

La necesidad de adquirir las embarcaciones para el patrullaje de vías navegables se apoyó en un decreto de necesidad y urgencia que había declarado la emergencia en seguridad pública y hasta habilitaba la contratación directa, que implica tener un pliego de bases y condiciones y al menos 3 ofertas. Aún así, la adquisición se hizo vía un convenio interministerial con un Estado extranjero. Esa fue la vía, según los denunciantes, “para eludir requerimientos normativos y de ese modo adquirir las lanchas a un proveedor que se encontraba previamente seleccionado”. Todo indica que desde Israel ofrecieron un modelo de lanchas y se armó un expediente para poder adquirirlas.

Un expediente como “fachada”

Tal como quedó de manifiesto en la denuncia, se detectaron graves irregularidades en el expediente administrativo en el que tramitó la adquisición de las 4 lanchas Shaldag MKII. Esas irregularidades “indicarían que dicho trámite administrativo no resultó más que una ficción para intentar justificar la adjudicación al astillero Irrael Shipyards Ltd, decidida ab-initio”, es decir, de antemano.

Por ejemplo, si bien el expediente formalmente se abrió en enero de 2016, la primera actuación que consta es recién de septiembre de ese año. En esa actuación se incorporó un informe que “contenía un análisis comparativo de algunas de las lanchas existentes en el mercado” pero está acreditado que previo a la incorporación de ese trabajo de la Prefectura Naval al expediente “existieron ‘contactos’ estrechamente vinculados con las negociaciones para la compra de las mismas (lanchas Shaldag MKII) al Astillero Israel Shipyards Ltd”.

En esa línea, hay pruebas de “que existieron intercambios entre los organismos técnicos de la Prefectura Naval Argentina y del Astillero Israel Shipyards Ltd., respecto de las características de las naves, en el mes de marzo de 2016”. Los prefectos consultados por la OA para esta investigación administrativa lo corroboraron. A eso se suma que “no obran en el expediente constancias de intentos de contactos similares con otras empresas ni con otros países”.

“Los contactos reconocidos por el Prefecto Gral. Osvaldo Carlos Ríos con Arnaldo Faerman del Astillero Israel Shipyards Ltd, se concretaron más de 4 meses antes de la primera actuación en el expediente que acreditaba la necesidad de la compra de las embarcaciones, y por otra parte la oferta presentada por el mencionado astillero fue emitida más de 3  meses antes de que se librara dicho requerimiento”, se destaca en el trabajo de la OA.

En la investigación administrativa también se detectó una reunión entre representantes de la firma israelí y la jerarquía de Prefectura que no fue incorporada al expediente interno. Se trata del encuentro del 7 de junio de 2016 entre Breier Oded, vicepresidente de Marketing del Astillero Israel Shipyards Ltd., y el Prefecto General Eduardo Rene Scarzello. “En la síntesis de dicha reunión se resumió que los ‘visitantes expusieron la gama de productos que ofrece la empresa que representan’.” Por cierto, Oded fue detenido en marzo de 2018 en Israel por presuntas maniobras de cohecho que se habrían cometido en la negociación para proveer de las mismas lanchas Shaldag a Nigeria.

“Pero la constancia más elocuente de que el negocio estaba concertado de antemano es la reunión que mantuvo la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en enero del 2016 con la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval, relativa a la adquisición de material flotante para la hidrovía Paraná-Paraguay, en la que la ex ministra ‘hizo conocer la decisión de explorar la compra de lanchas rápidas en Israel para luchar contra el narcotráfico’", se resaltó en el dictamen de la OA.

“Queda claro que previo a la primera constancia glosada en el expediente, que correspondía ni más ni menos que a la necesidad de adquirir las embarcaciones, ya se habían celebrado reuniones entre representantes Israel Shipyards Ltd. y personal de la Prefectura Naval Argentina, existía una propuesta comercial concreta por parte de dicha empresa privada Israelí, se había consumado una reasignación de partidas presupuestarias para concretar dicha compra, y la propia Ministra de Seguridad había comunicado su decisión de explorar la compra a una empresa israelí”, se indicó desde la OA.

“A mayor abundamiento, la comunicación de Patricia Bullrich de que se exploraba la compra de las embarcaciones a una firma israelí ocurrió más de 10 (diez) meses antes de que se firmara el Convenio que otorgó el negocio al Astillero Israel Shipyards Ltd, y más de 8 (ocho) meses antes de que se glosara la primera actuación en el expediente administrativo en el que tramitó dicha adquisición. Pero además, no existen constancias en el expediente de haber explorado con el mismo grado de detalle opciones de otras empresas ni de Israel, ni de otros países”, se concluyó.

También quedó probado que “durante el año 2016 y previo a la firma del Convenio, se concretó un primer viaje de funcionarios nacionales al astillero Israel Shipyards Ltd. sito en Haifa”.

Finalmente, Bullrich firmó el Convenio el 15 de diciembre de 2016 y Marcos Peña lo ratificó quince días después.

Como si todo esto fuera poco, la traducción del documento oficial firmado por Bullrich está fechado el 20 de diciembre de 2016, “es decir 5 días posteriores a la firma del convenio, lo que no sólo implica la violación de lo establecido en artículo 6 de la ley 20.305, sino que además da cuenta que la Ministra de Seguridad comprometió intereses del estado basándose en un documento que no se hallaba en el idioma oficial de nuestra nación, circunstancia que dificultaba el objetivo de conocer certeramente los compromisos asumidos”.

Otro dato que aportaron los propios prefectos que declararon ante la OA comprometen a Bullrich: “Todas las personas que declararon ante esta Oficina Anticorrupción, afirmaron que desde el inicio de la tramitación del expediente CUDAP N° 429/2016, el Ministerio de Seguridad de la Nación acercó la propuesta del Astillero Israel Shipyards Ltd. al personal de la Prefectura Naval Argentina", y que todas las sucesivas reuniones tanto en Israel como en Argentina fueron con el mencionado astillero, es decir que las autoridades del Ministerio de Seguridad omitieron solicitar otras ofertas y explorar seriamente otras opciones”.

¿Sobreprecios?

Luego de la propuesta del embarcadero Israelí, el ministerio de Seguridad comenzó a buscar armamento para equipar las lanchas militares. Y otra vez se detectaron irregularidades. “Resultó completamente injustificado e irregular no sólo el modo en que se incorporó al expediente la adquisición de armamento para las embarcaciones, sino además la falta de justificación de la aparición de Rafael Ltd. como única proveedora de dicho armamento”, señaló la OA en su dictamen que acercó a la Justicia.

Para quienes siguieron el caso en la OA “queda claro que la selección de Rafael Ltd. como proveedora de un arma que no había sido solicitada y de la que resultó única oferente, también estaba decidida ab-initio”, es decir, de antemano. Rafael es la misma firma apuntada en la primera presentación de la OA por la compra de unos sistemas de vigilancia para pasos fronterizos.

Pero eso no es todo.

El gobierno de Macri pagó 12.250.000 de dólares por cada embarcación. La OA destaca que en julio de 2017, Nigeria abonó 19.000.000 de dólares por tres lanchas Shaldag MKIII, es decir, 6.333.333 cada una, casi la mitad de lo que pagó la Argentina siendo un modelo más moderno y presumiblemente de mayor costo.

A pedido de la OA se realizó un estudio comparativo, que estuvo a cargo del Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Ese trabajo consideró los precios internacionales de compra de lanchas similares a las  Shaldag MK II y concluyó que “el precio contratado en 2017” por las lanchas debió ser del orden de 5,25 millones de dólares. Esto implica que “habría habido un sobreprecio del orden del 138% (más del doble), considerando que el precio unitario pagado fue de 12,5 MMUsd/u”. “Así, el sobreprecio total pagado habría sido de 29 MMUsd”, concluyó la OA, ya que se pagaron 7,25 millones de dólares más por cada embarcación.

Ahora es tiempo de que la Justicia actúe y analice todo lo relatado por la Oficina Anticorrupción.

Fiente:www.eldestapeweb.com