El referente correntino, que llegó al Congreso de la Nación en representación específica del sector agropecuario, pidió informes al Poder Ejecutivo nacional por el dinero correspondiente al fondo fiduciario y sobre cuáles son los plazos de ejecución de la obra que es considerada fundamental para las provincias de la región.
El Gasoducto Noreste Argentino fue planteado para asegurar el abastecimiento de gas natural a Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. El objetivo, garantizar la provisión en forma sostenida de los caudales necesarios para su uso y para la producción tanto industrial, agroindustrial como residencial, algo que ocurre hace tiempo en otros puntos del país, que lograron un desarrollo potenciado gracias al recurso.
"Ya pasaron quince meses de la aprobación del Prepuesto 2012, que creaba el fondo para la obra, y a la fecha no recibimos ningún informe sobre el avance del mismo por parte del Ministerio de Planificación ni de cuáles serían los montos totales de la inversión y el plazo de ejecución de la obra", advirtió Aspiazú.

LUCIO Y LAS PREFERENCIAS K

Para el legislador nacional, este estancamiento revela las prioridades del Gobierno nacional, que curiosamente siempre tiene al NEA como última preferencia. "Prioriza otros fines menos prioritarios, como Tecnópolis. Tienen tiempo para encubrir maniobras sospechosas como la fuga de dinero que habría llevado a cabo el empresario Lázaro Báez, pero no para solucionar la falta de gas natural, o agua, o servicios mínimos de millones de ciudadanos argentinos", disparó el Diputado ruralista.
Es conveniente recordar que el fondo fiduciario Gasoducto Noreste Argentino se creó en el Presupuesto 2012 para financiar inversiones y gastos necesarios para la realización del proyecto, como las redes domiciliarias de magnitud e instalaciones internas en función de parámetros de índole socioeconómica o humanitaria. Este fondo se financiaría de un cargo a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los sujetos consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los sistemas de transporte o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural. La reglamentación para poner en vigencia dicho fondo era responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal.