Por Graciela Batallán y Lucía Rodríguez Bustamante

Dos hechos en paralelo:

(1) Una profesora acusada de adoctrinamiento de los estudiantes es separada del cargo por mantener una discusión política con sus alumnos en el ámbito escolar

(2) Un maestro asume el cargo de director por concurso, a pesar de que en declaraciones públicas se manifiesta a favor del genocidio de la última dictadura cívico-militar y contraviene la política educativa de la democracia con expresiones misóginas y antiderechos de los niños.

El primer hecho sucede en el ámbito cotidiano escolar, es filmado por una cámara oculta y llevado a las redes sin el consentimiento de la docente acusada, siendo este delito naturalizado y justificado como prueba de cargo. Se desconoce el contexto y el proceso que se fija en este fragmento de la discusión.

El efecto de esta escena, por su viralización en los medios de comunicación, produce una suerte de linchamiento público a la profesora, sostenido en la forma con la que ella se expresa, siendo su conducta calificada como adoctrinamiento.

En el segundo hecho, el futuro director utiliza las redes sociales con total conocimiento de su carácter público y abierto, sin que esto sea concebido como adoctrinamiento, ni que estos antecedentes pesen para evitar que asuma el cargo.

Repercusión, judicialización y debate social

¿Por qué en un caso la forma violenta de una docente en una discusión en el aula es considerada prueba suficiente para su destitución y, en el otro, las declaraciones -ahora violentas en su contenido- realizadas por un docente en una red pública no son impedimento para que asuma la dirección de la escuela?

Seguramente el vídeo de la profesora nos recordó, a más de uno, el destrato de algunos docentes en nuestra propia biografía escolar. Entonces ¿qué es lo que vuelve tan indignante y viralizable este hecho? Decir que se trata de un tema de sensibilidad social por los derechos de los niños y adolescentes o por el modo en que estos son tratados diariamente en las escuelas parece un tanto hipócrita si lo comparamos con la cantidad de injusticias cotidianas dirigidas a este sector, que en esta ocasión suscita su “repudio moral”.

A nuestro entender estos sucesos podrían abrir un debate profundo sobre la democracia y la política en la escuela que incluya la necesaria apertura a la participación de niños y adolescentes en la gestión escolar y por lo tanto, la discusión y revisión de etiquetas y conceptos que, como el “adoctrinamiento”, son utilizados para aterrar a la sociedad civil que mitifica una infancia y adolescencia protegida del conflicto político social en el que, de todos modos, están inmersos.

Sin tratar este asunto de fondo, lo que parece fastidiar a la audiencia (y también a la justicia) es su ligazón con el contenido político partidista de la opinión de la profesora, la que no obstante es resistida y rebatida por el alumno en el marco de una discusión abierta. En este acontecimiento el linchamiento mediático lo destaca como un acto de inculcación o adoctrinamiento.

Pero quizás lo que resulta aún más inaudito es la arbitrariedad en el tratamiento dado a uno y otro caso. La extrema rapidez en la que el suceso de la docente se resuelve en su detrimento contrasta con la incuestionada asunción del docente a directivo, cuyas afirmaciones atentan explícitamente contra las leyes vigentes, las declaraciones internacionales de los Derechos Humanos y de los niños. Sorprendentemente éstas no llegan a ser motivo de indignación generalizada, ni un impedimento legal para acceder al concurso y posteriormente asumir el cargo directivo. Incluso, en las manifestaciones de protesta llevada a cabo por la comunidad educativa de la escuela, acompañada por gremios docentes, que piden la separación del cargo, se escuchan voces aisladas de transeúntes que consideran exagerada la medida de fuerza justificando que "es su vida privada".

¿Qué supuestos sociales operan para que una declaración en redes virtuales públicas sea considerada un “asunto privado”, mientras que un debate descontextualizado, filmado sin consentimiento, sí sea prueba suficiente para su separación? ¿Sobre qué consenso social se afirma la inminente intervención judicial en un caso y en otro aún no alcanzan las manifestaciones y pedidos legales y de amparo por parte de las familias, gremios, la comunidad educativa y las organizaciones de los derechos humanos para que la justicia intervenga?

Si no nos detenemos a esclarecer qué es lo que resulta repudiable y punible en ambos casos, se verá reforzado el miedo de hablar de "política" en la escuela, ligando esta actividad al adoctrinamientos u otros estigmas con los que se excluye a los niños y adolescentes de la política. En el plano de las interacciones cotidianas en el ámbito escolar esta valiosa discusión daría, asimismo, la oportunidad de cuestionar la naturalización de las formas autoritarias que tradicionalmente han constituido a esta institución

Puntos básicos para el debate

En vistas de profundizar socialmente este debate consideramos valioso destacar algunos puntos que están presentes en las demandas de colectivos docentes y en los movimientos pedagógicos orientados hacia la transformación de la escuela:

* Generar espacios de discusión y reflexión político-pedagógica entre docentes y la comunidad en general sobre lo que implica garantizar el derecho a la participación de los niños y adolescentes en la institución escolar.

* Abrir el debate sobre los alcances de la obligación de cuidado de los adultos sobre los menores, sin que esto excluya su participación política en distintas formas, comenzando por difundir y organizar lo ya establecido, como consejos de grado, asambleas de escuela y centros de estudiantes.

* Impulsar la revisión estatutaria de la estructura organizativa vertical de la escuela en vistas de construir democráticamente formas colegiadas de gestión que incluyan la participación de docentes, estudiantes, familiares y no docentes.

* Graciela Batallán es Doctora en Antropología Social, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, y directora de investigación sobre la línea Infancia, juventud y la política del Programa de Antropología y Educación del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Lucía Rodríguez Bustamante es profesora en Antropología Social y becaria doctoral e investigadora en este área de estudio. 

Fuente:www.pagina12.com.ar