Por ari Lijalad

“Promover Juicio Político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”. Así arranca el escrito presentado por la diputada Vanesa Siley, que integra además el Consejo de la Magistratura por parte del oficialismo, y que ya tramita en la Comisión de Juicio Político.

El pedido de juicio político a Rosenkrantz tiene su base en su constante búsqueda de impunidad para los delitos de lesa humanidad y en los conflictos de interés que acumula como presidente de la Corte. Toma como ejemplo tres casos, dos de ellos vinculados al beneficio del 2x1 a genocidas y el tercero sobre Carlos Blaquier, donde hace años está cajoneado el expediente sobre su participación en el Apagón de Ledesma. En este caso, tanto por ideología como porque la esposa de Rosenkrantz, Agustina Cavanagh, comparte una ONG con el sobrino de Blaquier.

Al enterarse de este nuevo pedido de juicio político, Rosenkrantz apuró la convocatoria a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, prolijamente anunciada por sus verdaderos jefes en el diario Clarín. No fue casual, ya que la diputada Siley marcó en el pedido de juicio político que desde que asumió la presidencia de la Corte Rosenkrantz nunca la convocó.

Conocida como Comisión Interpoderes, es un espacio que integran instancias del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial junto con organismos de Derechos Humanos. Creada en 2008, Rosenkrantz nunca la convocó pese a varios pedidos de Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que buscan que los expedientes por delitos de lesa humanidad no junten polvo en el 4to piso del Palacio de Tribunales.

“Al accionar de Rosenkrantz no puede considerarse en modo alguno como una omisión institucional, quizás no intencionada. Por el contrario, son acciones concretas, deliberadas y conscientes, en contra de los procesos seguidos en torno a delitos de lesa humanidad”, segura la diputada Siley en el pedido de juicio político. Y agrega que hay “una firme postura ideológica por parte del Dr. Rosenkrantz que es contraria a las leyes, la Constitución Nacional y los pilares fundamentales del Estado de Derecho”.

“El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”, asegura la diputada Siley.

El curro de los Derechos Humanos

El pedido de juicio político se basa en tres casos de delitos de lesa humanidad: “Muiña”, “Ledesma” y “Rufino Batalla”.

“Rosenkrantz despreció y confrontó de manera inadmisible los principios fundamentales que determinan el carácter inamnistiable de estos crímenes –posición compartida por la comunidad internacional–, respecto de los cuales resulta insalvablemente nula toda forma de perdón, indulto o conmutación de penas”, asegura el escrito de la diputada Siley.

Hay dos casos vinculados al 2x1 a genocidas por los cuales la diputada Siley pide el juicio político a Rosenkrantz. El primero, “Muiña”, donde el presidente de la Corte logró que se lo otorguen. El segundo,”Rufino Batalla”, donde Rosenkrantz votó a favor del beneficio aún después del repudio generalizado que generó el primero y de una ley que dijo que era inaplicable para genocidas.

El caso “Muiña” es el que aplicó el 2x1 al genocida Luis Muiña el 3 de mayo de 2017, hecho que generó una multitudinaria manifestación aún en tiempos de la represión macrista a la protesta social. Muiña había sido condenado a 13 años de prisión por su participación en la ocupación del Hospital Posadas y el secuestro de 5 trabajadores. Dentro del predio del Hospital se armó un Centro Clandestino de Detención conocido como “El Chalet”.

El caso de Muiña llegó a la Corte por un recurso de queja, la última instancia a la que se puede acudir luego de que le fueran rechazadas todas las anteriores. Rosenkrantz, recuerda el pedido de juicio político, fue quien operó para lograr el voto mayoritario junto a los otros 2 cortesanos favorecidos por Macri: Horacio Rosatti, también nombrado por decreto, y Elena Highton de Nolasco, que negoció quedarse en el máximo tribunal del país pese a que ya cumplió 75 años y la Constitución se lo prohíbe.

El fallo por el 2x1, recuerda la diputada Siley, generó innumerables pedidos similares de genocidas. También un repudio masivo que logró que el Congreso sancionara una ley para impedir nuevos casos, y eso que eran tiempos de Cambiemos.

La posición de Rosenkrantz en beneficio de genocidas quedó a la vista con el caso “Rufino Batalla”. El 4 de diciembre de 2018, un año y medio más tarde que el caso “Muiña”, la mayoría de Corte rechazó el 2x1 pero Rosenkrantz insistió con darle el beneficio.

“Con absoluta indiferencia por la trascendencia de la cuestión discutida, Rosenkrantz reeditó en el fallo ‘Rufino Batalla’ su palmaria incomprensión del derecho normativo vigente como así   también de los compromisos asumidos por la sociedad democrática argentina, lo que constituye, a nuestro entender, una nueva causal de mal desempeño que inhabilita que este juez  permanezca en el ejercicio de la magistratura en la máxima autoridad judicial de nuestro país”, plantea la diputada Siley.

El pedido de juicio político detalla también que Rosenkrantz insistió con beneficiar con el 2x1 al genocida Juan Daniel Amelong. “La afinidad de Rosenkrantz para con los planteos de los condenados represores de la última dictadura militar es infatigable”, dice el escrito.

“Rosenkrantz entiende a través de su sentencia que corresponde no solamente beneficiar a un genocida como Muiña, sino también sentar las bases para que otros Tribunales puedan apartarse de la jurisprudencia de la Corte Suprema en otros supuestos. Esto es, en otras palabras, promover futuras revocatorias de condenas por delitos permanentes, acercando a los genocidas a la impunidad que buscan incesantemente junto a sus cómplices”, afirma Siley.

Blaquier

El segundo caso por el que ser pide juicio político a Rosenkrantz es el que involucra a Carlos Blaquier, uno de los ideólogos civiles de las dictaduras militares y dueño del ingenio Ledesma. En este caso no se trata de un fallo sino al revés, de que la Corte Suprema no lo resuelve pese a que el expediente lleva años en el 4to piso del Palacio de Tribunales. La doble vara, como tantos otros casos que publicó Franco Mizrahi en El Destape.

La causa judicial es conocida como el “Apagón de Ledesma”, cuando en julio de 1976 la empresa de Blaquier apagó la usina eléctrica del pueblo General San Martín, en Jujuy, para dar cobertura a un operativo represivo.

El pedido de la diputada Siley detalla que Blaquier y Alberto Lemos, administrador de la fábrica, fueron procesados en noviembre de 2012 por secuestro y privación ilegal de la libertad de 29 trabajadores y que esa medida fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Pero en marzo de 2015 ambos fueron beneficiados por una falta de mérito dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi.

El argumento de los jueces Hornos, Gemgnani y Riggi fue insólito: daban por cierto que la empresa Ledesma aportó los vehículos para la represión y los secuestros pero decían que Blaquier y Lemos no podían conocer para qué se iban a utilizar.

La agrupación HIJOS presentó entonces un recurso de queja ante la Corte. Al igual que Muiña pero del lado de las víctimas. Pero la Corte aún no lo resolvió. Una de las explicaciones, además de las ideológicas, es que Agustina Cavanagh, esposa de Rosenkrantz, comparte la ONG Cimientos con Miguel Blaquier, ex abogado de la empresa azucarera y sobrino de Carlos Blaquier.

Fuente:www.eldestapeweb.com