Un conjunto de prestigiosas organizaciones de la sociedad civil —entre las que destacan Amnistía Internacional Argentina, la Asociación de Abogados Ambientalistas, la Asociación Gremial de Computación y el Centro de Estudios Derecho Al Futuro (CEDAF)— encendió las luces de alarma frente al avance legislativo del proyecto denominado "Súper RIGI". A través del informe técnico titulado Lo que está en juego, los especialistas advirtieron que el dictamen de mayoría promovido por el oficialismo consolida la estructura jurídica de una economía de enclave, otorgando privilegios fiscales extremos por un plazo de tres décadas a sectores económicos que ni siquiera quedaron taxativamente delimitados en el texto.

De acuerdo con el documento, la normativa plantea una secuencia legislativa riesgosa que, combinada con futuras reformas a la Ley de Sociedades, podría estructurar un escenario de "Impunidad Artificial" a favor de las grandes corporaciones tecnológicas y de concentración digital. Uno de los puntos más polémicos radica en la "cláusula de operación continuada", mediante la cual el Estado argentino garantiza a estos megaproyectos un funcionamiento ininterrumpido por 30 años que no puede ser suspendido salvo por orden judicial, comprometiendo los recursos energéticos locales e incluso priorizando los centros de datos privados por encima de las necesidades de consumo de la propia ciudadanía.

Súper RIGI vs. RIGI: Beneficios más alevosos y cero encadenamiento

El informe financiero apoyado en relevamientos de la organización Fundar expone marcadas ventajas técnicas que vuelven al "Súper RIGI" una herramienta aún más agresiva que su primera versión:

• Impuesto a las Ganancias: En el RIGI original la alícuota se ubicaba en el 25%; en el nuevo esquema se reduce drásticamente al 15%.

• Retenciones a la exportación: Mientras que en el régimen anterior las exenciones comenzaban a regir de manera escalonada a partir del tercer año, el nuevo proyecto establece arancel cero desde el primer día de operaciones.

• Derechos de importación: El beneficio original solo cubría bienes de capital y repuestos; el Súper RIGI elimina los impuestos para la totalidad de los bienes asociados, abarcando de forma indiscriminada todos los insumos extranjeros.

• Costos laborales: Incorpora una reducción de las contribuciones patronales al 10%, un beneficio que no figuraba en el texto del RIGI primitivo.

Asimismo, los analistas denunciaron la absoluta inexistencia de cláusulas que obliguen a las firmas beneficiarias a generar un encadenamiento productivo con proveedores locales, aislando estas inversiones del entramado pyme del país.

La brecha de los dólares: Promesas vs. desembolsos reales

Uno de los datos más duros plasmados por las organizaciones civiles expone la falta de efectividad práctica del diseño de incentivos actual. Según revela el informe, de los 124.000 millones de dólares que el Poder Ejecutivo anunció formalmente como inversiones asociadas al RIGI, a la fecha únicamente se hicieron efectivos 762 millones de dólares.

Esta enorme brecha se explica por fallas estructurales de diseño que exigen desembolsos iniciales ínfimos —apenas 80 millones de dólares durante los primeros dos años—, transformando al régimen en una suerte de seguro financiero a futuro para las multinacionales en lugar de un dinamizador real de la inversión y el empleo a corto plazo. Frente a este panorama de "saqueo de recursos e infraestructura crítica", trabajadores de Foetra y científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentaron un anteproyecto alternativo de "Régimen de Soberanía Tecnológica" para evitar que los datos estratégicos del país sean almacenados y controlados fuera de la jurisdicción nacional.