La suba del 3,4% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no fue pareja para todos los sectores, pero golpeó donde más duele. La división de Educación lideró el ranking con un incremento del 12,1%, empujada por el inicio del ciclo lectivo y el ajuste en las cuotas de colegios.

Le siguió Transporte con un 4,1%, traccionado por el aumento imparable de los combustibles y las tarifas de transporte público. Sin embargo, el dato que más preocupa en el NEA y el resto del país es el de Alimentos y bebidas, donde las carnes y derivados registraron subas de casi el 7%, impactando directamente en la canasta básica alimentaria.

Diez meses de aceleración ininterrumpida

La gravedad del dato de marzo radica en su persistencia. Ya son 10 meses seguidos en los que la inflación se acelera sin que el equipo económico encuentre una respuesta efectiva. Los precios Regulados (tarifas de servicios públicos y educación) subieron un 5,1%, demostrando que el propio Estado es uno de los principales generadores de inflación mediante el ajuste de tarifas.

A pesar de que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una desaceleración para el próximo trimestre, la realidad de marzo introduce una señal de cautela: el camino de descenso no es lineal y la inercia de los precios relativos continúa presionando sobre los salarios, que ya venían golpeados por los 11 meses de caída en las ventas minoristas.

Con una inflación que ya acumuló un 9,4% solo en el primer trimestre del año, cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto puede el tejido social soportar una suba de precios que duplica los aumentos salariales ofrecidos a cuenta gotas? Si la comida y la educación se vuelven artículos de lujo, el superávit fiscal termina siendo una cifra vacía de contenido humano.