La afirmación es tajante: no es que el dinero haya dejado de existir, es que ha cambiado su destino. Lo que antes motorizaba el mercado interno a través del salario, hoy se licúa en la especulación financiera y en el pago de una deuda externa fraudulenta que condiciona cada decisión soberana. El video del Gobernador admitiendo que Corrientes vive al día es la prueba local de un fenómeno nacional: un industricidio programado.

Este proceso de "re-neocolonización" de Argentina y América del Sur se apoya en un andamiaje legal diseñado para facilitar el saqueo. Desde el DNU 70/23 hasta la reciente entrega de los glaciares, pasando por el RIGI y la reforma laboral, toda la legislación actual conduce a un mismo rumbo: generar condiciones de "enclave" donde el capital financiero transnacional extrae riqueza sin dejar desarrollo a su paso.

Para el ciudadano de a pie, la explicación es simple pero dramática: se está reformateando el país para unos pocos. Es una vuelta al siglo XIX, previa incluso a la irrupción de la Unión Cívica Radical y el sufragio universal, donde el poder reside exclusivamente en la patronal y el capital financiero. En este esquema, Corrientes —con su apoyo explícito al modelo nacional— acepta un papel secundario de proveedor de materia prima barata, sacrificando sus aserraderos, sus escuelas y el sueldo de sus trabajadores en el altar de un socio que solo ofrece deuda y ajuste.