OPINIÓN

10 de diciembre de 2017

Se va Colombi, llega Valdés

Por CONFUCIO: Para los que esperaban continuidad absoluta, no la hay. Para los que esperaban cambios drásticos, tampoco. La conformación del elenco del Gobernador electo tiene un equilibrio, aunque muestra que el gobierno del ituzaingueño tendrá su propio sello. Lo cierto es que después de 16 años, la Provincia no será gobernada por el apellido Colombi. Ricardo, aunque amaga con irse a Buenos Aires, difícilmente deje el Senado. Marzo sería el mes de las definiciones. En los hechos, todo parece indicar que 2018 será un año sabático para la política en Corrientes, con la posibilidad de avanzar en asignaturas pendientes largo tiempo postergadas. El nuevo puente Corrientes-Chaco y la autovía comenzarán a tomar forma. En el justicialismo comenzará a perfilarse su nueva conducción, aunque las elecciones se harán recién en 2019. Incide y mucho la situación compleja que vive el PJ Nacional. La decisión de Miguel Pichetto, de quebrar el bloque de senadores horas antes del pedido judicial de detención de Cristina, genera polémica como el acompañamiento del peronismo a las reformas del Gobierno. El Papa, desde el Vaticano, sigue atento. Posterga su llegada al país y da señales cuya lectura es distinta según el sector que las interprete.

Para los que esperaban continuidad absoluta, no la hay. Para los que esperaban cambios drásticos, tampoco. La conformación del elenco del Gobernador electo tiene un equilibrio, aunque muestra que el gobierno del ituzaingueño tendrá su propio sello. Lo cierto es que después de 16 años, la Provincia no será gobernada por el apellido Colombi. Ricardo, aunque amaga con irse a Buenos Aires, difícilmente deje el Senado.  Marzo sería el mes de las definiciones. En los hechos, todo parece indicar que 2018 será un año sabático para la política en Corrientes, con la posibilidad de avanzar en asignaturas pendientes largo tiempo postergadas. El nuevo puente Corrientes-Chaco y la autovía comenzarán a tomar forma. En el justicialismo comenzará a perfilarse su nueva conducción, aunque las elecciones se harán recién en 2019. Incide y mucho la situación compleja que vive el PJ Nacional. La decisión de Miguel Pichetto, de quebrar el bloque de senadores horas antes del pedido judicial de detención de Cristina, genera polémica como el acompañamiento del peronismo a las reformas del Gobierno. El Papa, desde el Vaticano, sigue atento. Posterga su llegada al país y da señales cuya lectura es distinta según el sector que las interprete.

  Por  CONFUCIO
Algo está claro y es que el Gobierno nacional no maneja la agenda de los medios ni las decisiones de los magistrados, al menos del núcleo duro de la Justicia, más allá de que tenga incidencia en otros nichos del Poder Judicial, muchos de los cuales, por sí, se muestran permeables a jugar en sintonía con necesidades coyunturales del oficialismo cualquiera sea éste.
La decisión de ordenar la detención y el desafuero de Cristina no podía decirse que sorprendió. Estaba dentro de las posibilidades, aunque algunos dudaban de que se llegue a dar. El Gobierno se informó de la inminente firma del fallo cuando recibió el pedido de afectación de fuerzas de seguridad para el operativo en Río Gallegos, para detener a Carlos Zannini. Patricia Bullrich, de inmediato lo comunicó al Presidente. Lo propio ocurrió en la Corte. Ricardo Lorenzetti fue avisado por funcionarios que están bajo su dependencia que, desde el juzgado de Bonadío, se había pedido al centro de información judicial que se esté atento para la difusión de un fallo de alto impacto que se daría a conocer el día siguiente. La especie fue mantenida en secreto, sin filtración hacia los medios o con el pedido de que los mismos no lo publiquen antes de la confirmación oficial. Prueba de lo antes expuesto fue que Diego Cabot, un corresponsal del diario La Nación no sólo viajó a Río Gallegos para cubrir la detención en la madrugada del otrora poderoso Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, sino que además, regresó en el mismo avión de línea en que fue trasladado Carlos Zannini que, vale señalarlo, viajó con el resto de números pasajeros en total indiferencia, sin expresiones de repudio o insultos que sí tuvieron que soportar otros ex funcionarios del anterior gobierno en sucesivas ocasiones.  Aun sabiendo Cabot la inminencia de la detención, prueba de lo cual fue su viaje en el último vuelo del día anterior, la información no fue anticipada por los medios gráficos. Se conoció al día siguiente. Daniel Scioli, más tarde participaba como actor de reparto entre el público que secundaba la conferencia de prensa de la ex Presidente en el Congreso de la Nación, quedó con la cara demudada cuando se enteró ahí mismo que en ese momento se estaban allanando propiedades suyas en las causas por lavado de dinero, vinculadas con la sospechosa venta de La Ñata, la emblemática quinta en sus años de poder. Para Macri, quien mantiene una relación distante con Bonadío, la decisión fue un exceso. A ningún Presidente, cualquiera sea, le gusta ningún exceso que no provenga de su propia iniciativa, y Macri no es una excepción.  Desde tiempo atrás mira, con desconfianza, el poder que han acumulado los jueces federales de Comodoro Py. Ellos tienen las causas de alto impacto político de la anterior administración y tendrán las de ésta cuando la misma concluya. La idea de máxima es licuar el poder de los llamados "doce apóstoles" de Comodoro Py, mediante una reforma judicial que permita que las nuevas causas se diseminan entre los distintos jueces penales nacionales, sin que ninguno de los jueces federales acumule un poder que genere situaciones como las que se vienen viviendo luego de tantos años de inacción de los mismos que ahora han comenzando a actuar. La idea, de mínima, es depurar, aunque ello no resulta fácil. Más allá de que, sin prisa ni pausa, el oficialismo sigue avanzando en el control del Consejo de la Magistratura, valiéndose del colaboracionismo del propio justicialismo que, con sus acciones, contribuye a ceder espacios estratégicamente relevantes. En este contexto, debe inscribirse la aún no explicada razón por la cual Miguel Pichetto partió el bloque en el Senado dejando fuera a Cristina y ocho senadores, con lo cual allanó la posibilidad de que Cambiemos pase a ser la primera minoría y, con ello, la posibilidad cierta de lograr otro lugar más en el conjunto de 13 voluntades que controla el órgano de selección y remoción de jueces. La posibilidad del Gobierno, de lograr vacantes mediante los procedimientos de remoción de jueces, no resulta fácil porque en el organismo conviven intereses contrapuestos que algunas veces actúan en sintonía y otras no. Claro ejemplo de ello es el fracaso en el intento de producir la salida del juez Daniel Rafecas, que es quien desestimó la denuncia de Alberto Nisman en trámite exprés según el Gobierno. Lo cierto es que Rafecas se plantó y, más allá del empeño del oficialismo conducido por el senador Ángel Rozas, en cuya vocalía se sustancia la acusación, el Juez logró el apoyo de varios de los miembros del Consejo no vinculados a la política, que entienden que ningún magistrado puede ser juzgado por el contenido de sus sentencias. En los hechos, más que el respaldo al juez Rafecas, queda en claro que a nadie agrada fijar un precedente de esta naturaleza que, el día de mañana, puede ser utilizado en contra de otros jueces. Entre ellos hay códigos, no escritos y lógicos, de protección mutua. El caso del juez Ariel Lijo, aunque no tan definido como el de Rafecas, que va derecho a la aplicación de una sanción menor, sin elevación al Jury de Enjuiciamiento, seguramente correrá la misma suerte. Lijo tiene, entre las causas más relevantes, la del Correo Argentino, un reaseguro que le permite ponerse duro si fuera necesario. El Juez, además, es el presidente de la novel entidad que nuclea a los jueces federales de todo el país que han cerrado filas, precisamente, como mecanismo de defensa frente a avances del oficialismo. Cuenta además Lijo con llegada privilegiada al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien por sí representa un poder que el Gobierno quisiera limitar, pero como no puede, prefiere convivir racionalmente, consciente de la capacidad de daño que se tiene desde ese posicionamiento. Aun así, a un año vista, es posible, muy posible que, a fines del año venidero, se elija un nuevo Presidente de la Corte que sucederá a Lorenzetti. Si esto fuera así, el santafesino seguirá siendo Ministro por doce años más, aunque resigne la Presidencia que, para entonces, llevará ya doce años de ejercicio ininterrumpido y con lo cual cerrará su carrera en la cúspide tribunalicia con 24 años como ministro del alto cuerpo. El candidato a sucederlo es otro santafesino, peronista también como Lorenzetti: el ex convencional nacional constituyente, Horacio Rosatti, quien ya tendría asegurados al menos tres de los cinco votos que conforman el Tribunal. En esto encuentra explicación el porqué de la continuidad de Estela Highton de Nolasco, que cumplió 75 años el jueves último y que, conforme a ello, debió dejar su lugar en la Corte por ser uno de los jueces que juró luego de la reforma del ‘94. Highton logró una cautelar para seguir que el Gobierno no apeló, pudiendo hacerlo. Los demás ministros, con excepción de Highton, deberán cesar a los 75 años porque la propia Corte, en su actual composición, determinó que la edad tope, fijada por la Constitución, será de aplicación para los ministros en funciones. En función a ello, difícilmente en el futuro haya algún juez que llegue al récord que marcó Carlos Fayt, con 32 años de permanencia en el Tribunal, seguido por Enrique Petracchi con 31 y años atrás Bermejo, con 27. Los tres superarían a Lorenzetti que, como se dijo, llegaría a los 24.   LOS ENTRETELONES DEL PEDIDO DE  DESAFUERO DE  CRISTINA   A pesar de que los medios apuntaron a una situación procesal límite para Cristina, a partir del pedido de detención y de que hicieron notar que el PJ en el Senado obstruiría su desafuero o que lo pusieron a Miguel Pichetto como el dueño de la decisión del futuro político de la ex Presidente, la realidad es muy distinta y vale la pena señalarlo. Cristina no será desaforada ni menos irá presa mientras sea Senadora de la Nación. No es el PJ ni menos Pichetto quien impide que se cumpla la orden judicial. Es el sistema. Es el Senado de la Nación quien nunca cumplirá una orden de esta naturaleza y ya no por la persona de Cristina, sino simplemente porque bajo ningún aspecto sentará un precedente de tamaña gravedad institucional. La decisión de Bonadío, un juez vinculado al peronismo y muy próximo a Pichetto, con quien comparte habitualmente reuniones, afectó a todo el sistema político incluido el propio Gobierno, que consideró un exceso la medida. Macri busca despegarse de la decisión, consciente de que lo que menos le conviene es convertirse en verdugo de la ex Presidente y menos perjudicar políticamente a quien, como Cristina, es funcional a las pretensiones del oficialismo de mantenerla como una piedra en el zapato a un peronismo que no logra ordenar su propia casa. En las últimas horas, en instancias del Poder Ejecutivo, se abrió un canal de negociación con el justicialismo para limitar, por ley, la presión preventiva de modo de no dejar la interpretación de la llamada doctrina Irurzun en manos de los jueces. Esta es la prueba más acabada de que el fallo de Bonadío no le cierra al Gobierno, que con hechos concretos apunta a marcar la cancha. Esto es, no se limitó a las expresiones de Macri que consideró un exceso; o del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, que cerró líneas con el justicialismo para oponerse al pedido de desafuero. Lo que está en discusión es el alcance del término "obstaculización de la justicia", lo cual es el fundamento bajo el cual fue detenido Julio De Vido y que, de generalizarse su aplicación, podría poner en apuros, incluso, a varios funcionarios del Gobierno y tanto más después, cuando en el devenir del tiempo pierdan el poder. La calificación delictual de traición a la Patria es otra de las cuestiones que están bajo la lupa en el análisis de la controversial decisión del juez Bonadío, cuyos efectos se han multiplicado en cuanto se originan en la denuncia del fiscal asesinado, en una muerte cuya investigación ha dejado demasiados cabos sueltos, mostrando en su justa medida las falencias del sistema que más pasan por la responsabilidad de las personas encargadas de la investigación y el contexto que por las normas vigentes. Antes de Navidad, en esta causa se dictará el procesamiento del técnico informático Héctor Lagomarsino, a quien se lo vincula como partícipe necesario del homicidio y respecto de cuya participación hay más interrogantes que certezas. Lo cierto es que si se hubiera configurado el delito de traición a la Patria, que se imputa a Cristina, difícil sería obviar la responsabilidad de ambas cámaras del Parlamento nacional que ratificaron el convenio con Irán. Diputados y senadores, entre ellos el propio Pichetto, que militó activamente por su aprobación, quedarían alcanzados por las consecuencias. La prensa y las editoriales de los principales diarios del país buscan denodadamente focalizar en Cristina y en el pedido de desafuero y dejan a la mayoría peronista como responsable de que la ex Presidente no sea desaforada. En verdad no es el PJ. Es la mayoría del Senado, entre quienes está Federico Pinedo, principalísima espada del PRO, quien tiene ese criterio, abonado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, meses atrás, en el caso Menem dejó claramente determinada la necesidad de que los fallos judiciales estén firmes para que puedan ser considerados o por la Justicia Electoral o por extensión por las cámaras legislativas. La doctrina Irurzun y el caso De Vido parecieron innovar en la materia, aunque, claro está, es que una cosa es el ex Ministro de Planificación Federal y otra una ex Presidente de la Nación. En el caso de De Vido, tenía sentido pensar en la posibilidad de obstruir o perjudicar la investigación en el ámbito en el que se movió y en el contacto con las empresas que, hasta ahora, parecieran quedar al margen. Más posibilidades de obstruir una investigación tienen, de hecho, funcionarios del actual Gobierno que están imputados o procesados y que, desde el poder, pueden incidir en la investigación. De ahí la iniciativa que surgió, del propio Gobierno, de impulsar una ley que defina y dé precisión a la doctrina Irurzun, para que la misma no termine teniendo un efecto boomerang que se torne incontrolable para el propio Gobierno. De lo dicho hasta acá resulta que el tema Cristina va más allá de la persona de la ex Presidente. Ningún legislador, sea diputado o senador quiere quedar el día de mañana en las manos de un juez que, con su solo criterio, ponga en riesgo su continuidad en la banca o hasta su libertad. Es el sistema, entonces, el que bloquea la orden de Bonadío, no el PJ ni menos Pichetto. El jefe de la bancada, carente de relevancia territorial en una provincia dominada por los Soria, sus adversarios históricos, es el interlocutor del Gobierno con los gobernadores. Administra los intereses de los mandatarios peronistas a la hora de negociar y permite la acumulación de fuerzas en un ámbito privilegiado como es el Senado, de cuyos votos depende el Gobierno. De la misma manera en que legisladores no ven con agrado estos precedentes que hoy puedan afectar a Cristina y mañana a cualquiera de ellos, como a funcionarios del Gobierno nacional, no es menos verdad que los mandantes de Pichetto, que son los gobernadores peronistas, tampoco quieren que los jueces tengan un poder discrecional en la interpretación de normas legales que pueden conducir a complicar procesalmente a ellos que, teniendo fueros como titulares de los poderes ejecutivos locales, podrían quedar alcanzados por estos precedentes. Uno de los más preocupados, sin duda, el mismo Gildo Insfrán, Presidente del Congreso del PJ y dirigente histórico del PJ, con casi tres décadas de permanencia como Vicegobernador y Gobernador de Formosa. Insfrán, con la cintura que da la experiencia, ubicó sus senadores en el bloque que comanda Pichetto, mientras sus diputados reportan, por contrario imperio, al sector que comanda Agustín Rossi, como timonel del ala kirchnerista, sucesor de Héctor Recalde en la conducción del bloque que aún se llama FpV. En definitiva, la suerte de Cristina no está en el bloque del PJ ni en la decisión unilateral de Pichetto. El Senado no va a votar nunca la privación de los fueros a un componente del cuerpo, dando luz verde a una orden judicial de primera instancia no firme, que contraría el criterio del más alto Tribunal de la Nación. Cristina, en este aspecto, puede estar tranquila como, de hecho, lo puede estar el propio Carlos Menem, quien seguramente antes de fin de año será notificado del fallo de la Cámara de Casación Penal, que ratificará la condena impuesta. Aun así, el caso no llegará aún al Senado. Antes habrá que esperar que la Corte Suprema confirme o revoque el fallo. En el peor de los casos es posible que la mayoría peronista en el Senado, esto es los K y los no K, no acepten órdenes judiciales. De todas formas, si la situación se tornara comprometida, hay una decisión del Gobierno de La Rioja de designar en un lugar vacante, como Ministro del Superior Tribunal, al ex Presidente, quien a pesar de por su edad no corre riesgo de terminar preso. Tampoco el pueblo de La Rioja lo quiere en prisión domiciliaria. Es, en definitiva, el sistema el que protege a un hombre que en ejercicio del poder no se hizo odiar, a pesar que gobernó con firmeza no exenta de benevolencia.  Aun así, los factores de poder lo pusieron en la mira. Medios y sectores de la Justicia no cejan. Son las reglas de juego en la pulseada que no se agota en el ejercicio temporal de los cargos. Para concluir y como corolario, Cristina no será desaforada porque no le conviene al Gobierno nacional, no le conviene a los senadores, no le conviene al Senado como institución, no le conviene a Miguel Pichetto ni a sus mandantes, los gobernadores peronistas; no le conviene al peronismo en su conjunto, más allá de actitudes aisladas de quienes no tienen la inteligencia para separar la paja del trigo. 
  Fuente:www.diarioellibertador.com.ar

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