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EL TIEMPO EN LA CRUZ

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25 de marzo de 2026

Asesinato y terror en La Cruz: "el campo no puede permitir más una justicia que llega tarde"

La tranquilidad de los campos de La Cruz ha sido reemplazada por el horror. El reciente crimen del hacendado "Pitoy" Díaz no solo dejó una comunidad de luto, sino que puso al rojo vivo el debate sobre la inseguridad rural y la inacción estatal. En una entrevista con el programa La Otra Campana, Fernando Gianelli, presidente de la Sociedad Rural de La Cruz, fue tajante: "Estamos en bolas en todos los sentidos".

Lo que ocurrió con "Pitoy" Díaz no fue una "muerte en el campo"; fue un asesinato aberrante que sacudió los cimientos de la comunidad de La Cruz. El hecho, que incluyó robos y tortura hacia personas mayores, reabrió la herida de la desprotección absoluta que sufre el hombre de campo.

En diálogo con La Otra Campana, el presidente de la Sociedad Rural local, Fernando Gianelli, no anduvo con vueltas para calificar la situación: "Estamos en bolas en todos los sentidos".

 

La brecha delictiva: Starlink vs. Molinos

Gianelli graficó la desidia estatal con una imagen vergonzosa: mientras las bandas organizadas que asolan la región cuentan con tecnología de punta como antenas Starlink para coordinar sus golpes, el personal del PRIAR debe realizar maniobras riesgosas, como subir a molinos de viento, para intentar captar algo de señal telefónica. "Le planteamos al Gobernador que faltan móviles y comunicación, pero no hubo respuestas", sentenció.

 

Fuego contra la "Justicia Fría"

La mayor indignación del sector no es solo contra los delincuentes, sino contra el Poder Judicial. Gianelli denunció una "Justicia lenta" y una preocupante falta de empatía por parte de las fiscalías:

"La frialdad de ciertos fiscales da que pensar que están entongados con los delincuentes. Necesitamos que cambien la mentalidad o que se modifiquen leyes que ya no dan resultados".

 

Un sector que aporta pero no recibe

El dirigente recordó que el campo es uno de los motores económicos de la provincia y, sin embargo, sus trabajadores viven bajo la amenaza de bandas que "maniatan, golpean y maltratan" a personas indefensas. El pedido es claro: no más parches, sino una reforma urgente en la prevención y el castigo de los delitos rurales.

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